El esfuerzo público y privado ineludible del 5G para disputar el futuro tecnológico

España es un país ciertamente bien posicionado en despliegue de red de fibra, tras el esfuerzo intenso de las grandes compañías de telecomunicaciones

Este es el año del 5G. Tras un ligero parón en los planes de concesión de licencias y espectro, de despliegue de red y de planes de inversión por el latigazo del Covid-19, tanto compañías de telecomunicaciones como Gobiernos tienen que acelerar todo el proceso, especialmente en Europa, para no perder un tren que lleva ya mucho tiempo en marcha y que se aleja con apreciable ventaja en EE UU y los países asiáticos. Sin resolver del todo la intensa pelea por la vanguardia desatada entre Administraciones y empresas chinas y norteamericanas, y con varios procesos de investigación por prácticas anticompetitivas a las big tech incluso en el Viejo Continente, la expansión tecnológica no para y quien no vaya con los tiempos perderá el sitio en una industria transversal que proporciona los mejores elementos para ganar competitividad económica.

España es un país ciertamente bien posicionado en despliegue de red de fibra, tras el esfuerzo intenso de las grandes compañías de telecomunicaciones, fundamentalmente de Telefónica. Y la ventaja competitiva que ello proporciona, y que se ha puesto de manifiesto con el uso intensivo del tráfico de datos durante los duros meses del confinamiento de la economía, tiene que mantenerse caminando a la vanguardia también en el despliegue de la tecnología 5G, que multiplica por 20 la capacidad y la velocidad en el tránsito de datos. Para ello el esfuerzo tiene que ser compartido entre el sector privado y el público, tanto en facilitación normativa como en esfuerzo inversor. Las subastas de espectro deben hacerse cuanto antes sin otro afán que facilitar el despliegue de red, dado que el esfuerzo inversor que tendrán que acometer las empresas no es nada despreciable para alcanzar los objetivos marcados para los próximos tres y cinco años, en los que la nueva tecnología debe estar disponible y en uso pleno en todos los núcleos urbanos de más de 20.000 habitantes, así como en los grandes centros logísticos y vías de alta capacidad de tránsito de personas y mercancías.

Pero debe haber también un acompañamiento inversor importante por parte de las Administraciones, que a fin de cuentas deben mantener el esfuerzo de inversión pública para contribuir a la digitalización de la economía, exigido por Europa y financiado por los fondos de nueva generación dispuestos para todo un quinquenio, y que serán en parte beneficiadas por los retornos fiscales que genere una economía avanzada y en pleno crecimiento. Las empresas aportarán también un empujón adicional, pese a llevar en su balance pesados apalancamientos del pasado, en buena parte imputables al capex necesario durante décadas para mantener la carrera tecnológica de la que se beneficia toda la economía y toda la sociedad.