Otra oportunidad para el sistema concesional

La legislación actual le quita presión negociadora y desincentiva la presentación de ofertas muy agresivas en la licitación, pero dificulta la financiación del proyecto.

La crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos inmersos se ha convertido en una excelente oportunidad para que el sector privado demuestre su papel esencial en la sociedad española. Cuando tenemos aún en mente todas las autopistas que han revertido al Estado, la Unión Europea ha puesto a nuestra disposición 140.000 millones de euros a través del fondo de recuperación Next Generation EU para desarrollar proyectos viables. La finalidad de esos recursos no puede ser reac­tivar la economía, esa será su consecuencia. Hay que centrarse en proyectos que satisfagan necesidades reales y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, puesto que en caso contrario volveremos a equivocarnos.

Históricamente el desarrollo de proyectos mediante la figura del contrato de concesión se ha caracterizado por una mala planificación económico-financiera y una ausencia de control por parte de la Administración. La cláusula de responsabilidad patrimonial de la Administración valorada con criterios contables ha contribuido al desprestigio de esta figura contractual. Sin embargo, es el momento de recuperar la confianza en el sistema concesional.

El sector privado no solo debe intervenir en los proyectos por falta de recursos públicos, sino que su participación debe implicar un desarrollo más eficiente de los mismos. En España contamos con empresas que tienen una dilatada experiencia en el desarrollo de proyectos mediante contratos de concesión. Estas deben continuar exportando ese know how, pero la Administración española tiene que ofrecerle oportunidades de inversión para que los ciudadanos nos beneficiemos de ello.

A la Administración se le presentan grandes retos. La legislación actual le quita presión negociadora y desincentiva la presentación de ofertas muy agresivas en la licitación, pero dificulta la financiación del proyecto. Los financiadores cuentan ahora con una garantía, la responsabilidad patrimonial de la Administración, basada en valores de mercado. Por otro lado, hay que modificar de manera urgente el reglamento de desindexación de la economía española del año 2017, para que los proyectos se planteen con una exigencia de rentabilidad acorde con el nivel de riesgo que implica su desarrollo. Solamente si se lleva a cabo ese cambio legislativo el sector privado estará interesado en participar en los proyectos.

Los recursos financieros son escasos y tienen un coste de oportunidad, por lo que la Administración tiene la obligación de controlar que los proyectos se desarrollan conforme a lo previsto, con una mayor transparencia y rendición de cuentas.

Los recursos del fondo de recuperación deberían aprovecharse al máximo y no quedar limitados a los 72.000 millones desembolsados en forma de transferencias. El compromiso real tanto de la Administración como del sector privado para desarrollar proyectos viables se demuestra solicitando financiación a Europa que requiera una devolución mediante préstamos.