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Madrid recibe el doble de trabajadores de otras regiones que Cataluña

163.000 empleados cambiaron de comunidad en 2019, un 13% más La Generalitat atrae el doble de madrileños que catalanes la capital

En pleno debate nacional sobre si la baja fiscalidad de Madrid impulsa la deslocalización de empresas y fortunas procedentes de otras regiones, tesis que sustenta el pacto de armonización fiscal autonómica sellado entre el Gobierno y ERC, la Agencia Tributaria arrojó algo de luz al asunto ayer al publicar los datos de movilidad laboral de los españoles en el ejercicio 2019. La estadística, basada en los datos fiscales, revela que el pasado año cambiaron de comunidad autónoma, por motivos de trabajo, 162.895 personas, un 13% más que en el ejercicio anterior. Más allá, las cifras muestran que la Comunidad de Madrid atrajo el doble de trabajadores procedentes de otras regiones que Cataluña.

En concreto, Madrid recibió 43.421 nuevos trabajadores en 2019 frente a los 22.733 que llegaron a Cataluña desde otros territorios del país. Conviene tener en cuenta, en todo caso, que estas son las cifras de entradas brutas y que en paralelo, salieron de Madrid otros 35.427 asalariados, mientras que abandonaron Cataluña 15.872. Como resultado, la comunidad central obtuvo un saldo neto positivo superior, de 7.994 personas, pero no tan lejano de los 6.861 que selló la Generalitat.

Movilidad geográfica de los asalariados en 2019

De hecho, las diferencias de saldo han ido aminorándose en los últimos ejercicios. Madrid recibió 41.369 trabajadores en 2017 por los 23.942 que perdió, un crecimiento neto de 17.327 que superaba en más de 12.000 el que obtuvo Cataluña. Esta vio llegar a 18.965 asalariados e irse a 13.555, con un aumento neto de 5.410. En 2018, la comunidad central recibió a 40.939 empleados, vio partir a 26.269, y logró crecer en 14.670, 9.500 más de los que ganó la Generalitat. De esta salieron 14.052 empleados, frente a los 19.925 que entraron, lo que arrojaba un saldo favorable de 5.173.

Aunque el fisco obtiene estas cifras de los datos tributarios de los contribuyentes que declaran rendimientos del trabajo, la movilidad laboral no termina de aclarar qué parte de la imagen está relacionada con la búsqueda de mejor tratamiento fiscal y, de hecho, deja fuera los desplazamientos de quienes solo tributan por Patrimonio. En todo caso, es de prever que los datos sean analizados por la comisión de expertos que Hacienda prevé crear para abordar la reforma de la tributación regional.

Pese a que ERC anunció que el principal objetivo de la medida es acabar con el “paraíso fiscal” que supone Madrid, a la que acusa de captar contribuyentes de otras regiones a costa de aprovechar su centralidad para bajar impuestos hasta un punto que otros territorios no pueden igualar, el Gobierno lo descartó ayer. “Nosotros no estamos planteando que Madrid suba impuestos, sino que haya unas reglas del juego similares para evitar que haya deslocalizaciones y para que algunas regiones no se vean obligadas a bajar impuestos, repercutiendo esa bajada de su recaudación en el mantenimiento del estado del bienestar”, para igualar a las regiones vecinas con menor carga tributaria, expuso ayer la ministra de Hacienda, y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, al término del Consejo de Ministros.

“Hay comunidades que para conseguir lo que otras mejor financiadas tienen que ejercer cinco veces esa misma presión fiscal, no tiene sentido”, defendió, considerando “injusto que aquellos territorios que tienen menos rentas por habitantes se vean obligados a subir más la presión fiscal o a debilitar sus servicios públicos”.

“Es un error pensar que los territorios pagan impuestos. Los pagamos los ciudadanos para que todos recibamos servicios públicos homologables en cualquier rincón de España”, adujo, recordando que Sucesiones o Patrimonio son en realidad impuestos estatales de los que solo se ha cedido la gestión a las regiones. A partir de ahí, avanzó, la idea “que no haya competencia desleal” fijando unas reglas de juego similares para todos. Estas podrían pasar por establecer una horquilla de mínimos y máximos en cada tributo dentro de las cuáles cada comunidad mantendría cierta autonomía.

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