España debe dejar claro al mercado que apuesta por la sostenibilidad fiscal

No solo Bruselas, sino también la Airef, insisten en la conveniencia de ver a tiempo las orejas al lobo y de actuar en consecuencia

Las advertencias sobre el voraz ritmo de crecimiento de la deuda pública española en los últimos años no son nuevas, pero el estallido de la crisis provocada por la lucha contra el Covid-19 no solo ha agravado el problema, sino que amenaza con convertirlo en una enfermedad crónica de mal pronóstico. El Gobierno recibió ayer dos advertencias sobre la necesidad de prestar atención a este extremo y el riesgo de que un crecimiento exponencial de la deuda pueda pasar factura a España en forma de elevados costes financieros y de una dependencia cada vez mayor del mercado, especialmente en un escenario de política monetaria menos acomodaticio que el actual. Bruselas, que aprobó ayer el borrador de los presupuestos generales para 2021 elaborados por el Gobierno, recuerda a España la necesidad de mantener la sostenibilidad fiscal a medio plazo a la hora tomar medidas de apoyo, aunque también recalca que el plan español es el más pobre de la UE en términos de mecanismos para impulsar la recuperación.

No solo Bruselas, sino también la Airef, han insistido en la conveniencia de ver a tiempo las orejas al lobo y de actuar en consecuencia. La autoridad fiscal estima que la deuda pública disparará su peso sobre el conjunto de la economía en 23 puntos este año y advierte del riesgo de que esta se enquiste en el entorno del 120% durante los siguientes ejercicios. A ese salto cuantitativo, provocado por la abultada factura que está pasando la crisis, hay que sumar el riesgo que suponen las garantías públicas desplegadas para ayudar a sobrevivir al tejido empresarial, que de ejecutarse en bloque dispararían el montante al entorno del 140% del PIB. Al cierre de septiembre, el Estado mantenía vivos avales públicos por 168.332 millones, de los que casi 79.000 corresponden al programa diseñado para luchar contra los efectos del Covid, además de otros 60.000 pendientes de conceder con el mismo fin, lo que podría elevar las garantías a un total de casi 230.000 millones.

Es cierto que se trata de una bomba de relojería que solo estallará en caso de que las empresas no puedan hacer frente a sus obligaciones crediticias cuando estas venzan, pero también lo es que constituye una seria amenaza en un entorno de elevada incertidumbre y deterioro económico. Aunque el plan de medidas aprobado esta semana por el Gobierno, que flexibiliza y mejora la financiación avalada por el ICO, pretende reducir ese riesgo, ese esfuerzo no es suficiente. España necesita poner en marcha una estrategia de revisión integral de gastos e ingresos públicos con medidas efectivas que envíen al mercado un mensaje inequívoco: el de que su objetivo es reequilibrar cuanto antes las finanzas públicas y rebajar la excesiva dependencia financiera.