Y ahora...¿qué vamos a hacer con la 'pasta'?

Hay temor en la UE a que España utilice los recursos para solucionar sus problemas estructurales y no para modernizar la economía

España ha logrado 140.000 millones de euros de Bruselas como Fondo para la Recuperación a raíz de los efectos económicos y sociales derivados de la pandemia. Más allá de la cuantía, el espíritu detrás de esta suerte de Plan Marshall comunitario es aprovechar la oportunidad para modernizar las economías europeas, de tal modo que no solo se puedan paliar los daños sufridos, sino hacerlo a través de lo que se entiende que serán las próximas vías de crecimiento como la digitalización o la descarbonización para aumentar así la competitividad europea. El problema del Covid-19 se ha convertido en la oportunidad para posicionar a Europa en el siglo XXI.

Sin embargo, existe temor en la UE a que España utilice estos fondos para arreglar sus problemas estructurales y no para modernizar su economía, de tal modo que estos recursos económicos pierdan el matiz de inversión. Por eso, más importante que haber conseguido 140.000 millones de euros es saber qué vamos a hacer con ese dinero y cómo.

Porque la España de hoy es diferente a la de los 80 o 90, cuando la entrada en la Comunidad Económica Europea o cuando la creación de los Fondos de Cohesión. En ambos casos, España sí supo aprovechar la oportunidad para modernizar su economía. Por eso, es tan importante volver al espíritu de entonces, cuando nos comportábamos como un país emprendedor, y no como un nuevo rico tal como venimos haciendo desde hace unos años, y que nos ha debilitado para afrontar las crisis de 2008, 2012 y la actual.

Y una de las oportunidades de emprendimiento está en las infraestructuras, por su uso intensivo de mano de obra –esencial para el empleo– y por su comprobado retorno económico y social. Pero no basta con ver que son la segunda de las diez palancas de reforma estructural del Plan de Recuperación recientemente presentado por el Gobierno.

Sector público y privado deben colaborar estrechamente para dilucidar hacia dónde dirigir correctamente los recursos, inicialmente algo más de 8.000 millones de euros sobre los 72.000 millones que se movilizarán entre 2021 y 2023. Si a la letra, no le acompaña la música, es difícil que pueda salir una obra maestra, siquiera una canción decente. Y las ingenierías tenemos la visión para ayudar en cómo y hacia dónde las inversiones, porque nuestra labor es pensar en el desarrollo de un país pensando en las próximas generaciones.

En esta visión largoplacista para determinar cómo utilizar los fondos, es fundamental la adaptación de las infraestructuras al cambio climático. Y es que alrededor del 50% de las redes viaria y ferroviaria en España podrían verse afectada por fenómenos climáticos extremos.

Además, deben incorporarse los riesgos asociados al cambio climático para determinar las inversiones necesarias en infraestructuras. Y hacerlo bajo el enfoque de la redundancia, es decir, no solo reducir la vulnerabilidad de una infraestructura concretar, sino del sistema de transporte en conjunto. Y, por supuesto, con relación a infraestructura nueva, deben proyectarse con resiliencia, un concepto con el que se define el propio plan, no basándose en series temporales de datos históricos, sino predicciones a futuro a 50-70 años vista.

Por otro lado, el país debe afrontar otro cambio de paradigma con el agua, al que le debe dedicar los mismos esfuerzos que a sanidad o a educación como bien esencial que es y clave para una España verde y cohesionada. Por ello, hay que integrar las infraestructuras dentro de su planificación. De ahí la necesidad de desarrollar un Plan Nacional de Infraestructuras Hídricas, tal como se hace con carreteras.

A su vez, dentro de la agenda urbana y rural, es fundamental acabar con el déficit de depuradoras. En España, hay todavía, por ejemplo, nueve localidades de más de 15.000 habitantes sin sistemas colectores y de tratamiento adecuados. A ello hay que añadir los incumplimientos en más de medio millar de municipios de más de 2.000 habitantes. Todo ello ya nos está granjeando sanciones por parte de la UE.

Y hay que añadir las mejoras en los accesos a las grandes ciudades y la potenciación del transporte público como alternativa real al vehículo privado, lo que implica un rediseño del espacio urbano y la creación de una infraestructura que lo permita o impulsar la ya existente –más estaciones intermodales, más parkings disuasorios, extender los carriles bus-VAO, etc.–

En materia de transporte, si nos ceñimos al de mercancías, en España el 90% se hace por carretera (la media UE es del 70%). Hace falta, por tanto, potenciar los corredores ferroviarios y mejorar las conexiones de los puertos para equilibrar el mix de reparto de medios, lo que ayudará a una movilidad sostenible como pretende el Gobierno.

Esto es solo una pequeña muestra de todo lo que se puede hacer y de todo lo que necesita el país para modernizarse, pero igualmente importante es determinar cómo se va a invertir. En este sentido, el Gobierno debe dar un paso al frente en dos ámbitos: la contratación de emergencia y la colaboración público-privada.

Sin el mecanismo de emergencia, ya utilizado durante el estado de alarma, solo sería posible destinar fondos a proyectos ya licitados o en construcción, por lo que todo lo citado anteriormente de actuaciones pendientes no podría hacerse realidad. Y es que el tiempo habitual de tramitación del expediente previo a la apertura del procedimiento de adjudicación es de hasta dos años, demasiada maquinaria administrativa para los tiempos que Bruselas y este plan exigen.

En cambio, las ventajas de la tramitación urgente son la preferencia, de tal modo que cualquier órgano que intervenga para emitir informe o cumplimentar un trámite tiene un plazo de nada más que cinco días. Además, los plazos de licitación, adjudicación y formalización se reducen a la mitad y el plazo de inicio de los trabajos no puede exceder de un mes desde la formalización del contrato.

Y, por otro lado, la entrada de capital privado en estos proyectos que ayudarían a maximizar y multiplicar los fondos destinados a infraestructuras. Sin embargo, el Gobierno tiene que llevar a cabo las modificaciones legislativas oportunas para hacer que este tipo de inversiones sean atractivas y rentables para los grandes inversores internacionales, que ahora no lo son.

Ambos ayudarán a diseñar un escenario propicio para que las infraestructuras sean realmente punta de lanza de la recuperación vía modernización de España, pensando no solo en esta generación Covid, sino en las siguientes.

Juan Diego Ibáñez es Presidente de Intecsa-Inarsa