Las rentas públicas y el Presupuesto del Estado en tiempos de crisis fiscal

La subida del sueldo a los funcionarios parece inconveniente en esta situación crítica

La sociedad ha experimentado en solo 24 horas cómo los parlamentarios aprobaban una subida de sus sueldos del 0,9% para 2021 y cómo la rectificaban después para congelarlos ante el presumible bochorno que supondría explicarle a los contribuyentes tal incremento de remuneraciones, modesto por otra parte, cuando la situación económica del país es tan delicada. Cuando unos cuantos centenares de miles de ciudadanos han perdido el empleo o han encajado reducciones significativas de sus rentas. En este contexto es en el que el Gobierno tiene que elaborar las cuentas públicas de 2021 y siguientes y en el que se tienen que desenvolver las políticas de rentas públicas, así como las de los ingresos tributarios que las sustentan.

No es exagerado decir que España atraviesa una crisis fiscal; soterrada, porque está protegida por una operación de expansión fiscal y monetaria de la Unión Europea sin precedentes, pero innegable, y que manifestará sus efectos cuando los financiadores no dispongan de la red de seguridad que han desplegado Fráncfort y Bruselas. Un salto de al menos 25 puntos de la deuda pública en poco más de un año hasta alcanzar niveles de difícil manejo para una economía como la española es la peligrosa señal de esa durmiente crisis fiscal. Por ello, el Presupuesto debe enviar las señales que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) reclama, y que no se divisan de momento, de un plan de reequilibrio con compromisos concretos de déficit y deuda.

En los números que hasta ahora se conocen del Presupuesto, cuyo escenario macro ya ha sido adelantado, no hay tal camino de vuelta de la huida hacia adelante experimentada por el gasto público. Un gasto público que a todas luces ha parecido necesario, pero que a la larga tendrá que acoplarse a la verdadera capacidad financiera del país. Las cuentas de 2021 despliegan un ambicioso programa de inversiones públicas financiado por Europa que debe rearmar el equipamiento y la industria del país; pero deben ser muy moderadas en la actualización de las rentas públicas, que suponen un porcentaje muy elevado de la factura. 

Con buen criterio el equipo económico del Gobierno ha renunciado a subidas inconvenientes de impuestos y a elevaciones exageradas de pensiones, salario mínimo o ingreso mínimo vital, aunque sea con la oposición de los miembros de Podemos. Pero la subida de las remuneraciones a los funcionarios, un colectivo que ha ganado un amplio trecho de poder adquisitivo este año maldito y que ha conservado el empleo, parece inconveniente en esta situación crítica. En todo caso, tendría sentido una política de rentas públicas asimétrica que recompensara con sueldo o empleo a los colectivos más apurados, como los sanitarios, o con medios técnicos a los docentes.