El ‘síndrome de la Bella Durmiente’ o el riesgo de los ERTE

Los expedientes temporales pueden estar financiando con dinero público también a empresas inviables que no superarán la crisis

El ‘síndrome de la Bella Durmiente’ o el riesgo de los ERTE

Los ERTE suspensivos o de reducción de jornada por fuerza mayor, con exoneración de cuotas sociales empresariales y reposición de las prestaciones de desempleo de los trabajadores, fueron una formidable herramienta de mantenimiento del empleo durante el confinamiento en el estado de alarma.

La recuperación paulatina de la actividad conllevó, luego, un alto retorno de trabajadores en ERTE a sus prestaciones laborales habituales. Pero, en sectores específicos, las restricciones sanitarias y la crisis de demanda mantienen vivos numerosos ERTE con trabajadores afectados. No cabía, por tanto, otra salida que la prórroga de esta herramienta, articulada con acuerdo social en el Decreto-Ley 30/2020, hasta el 31 de Enero 2021, con extensión de la protección específica por desempleo y un renovado programa de exoneración de cuotas sociales empresariales dirigido a estos sectores. Lo contrario habría supuesto una inaceptable desprotección de empresas y trabajadores con consecuencias nefastas.

Cabe valorar, también, de manera positiva, la incorporación, en esta norma, de nuevos ERTE por fuerza mayor, por impedimento o limitaciones de actividad conexas a nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria, en la gestión de la pandemia. Las empresas continúan necesitando esta herramienta de flexibilidad laboral interna, con protección social de los trabajadores, ante estas medidas de salud pública, que encajan en el concepto de fuerza mayor, al estar fuera del control de gestión empresarial y del propio funcionamiento del mercado. Las exoneraciones de cuotas sociales de estos ERTE aliviarán también los costes empresariales en estas circunstancias.

Estos aspectos positivos no deberían ocultar, tras esta prórroga de los ERTE, el riesgo de estar financiando, con dinero público, una parte de empresas y empleos inviables destinados a desaparecer una vez termine esta crisis sanitaria. Esta continuidad puede terminar convirtiendo algunos ERTE, con gran ingenuidad, en una especie de bella durmiente, en espera del beso de un príncipe azul que recuperará, en su momento, la normalidad económica y laboral anterior, como si no hubiera ocurrido nada. En realidad, no habrá príncipe azul ni el mercado laboral será como antes.

Es en esta dimensión de la preparación al retorno a los nuevos escenarios de poscrisis donde el Decreto-Ley 30/2020 no es suficientemente ambicioso. La transición de ERTE por fuerza mayor a ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas (ETOP), que facilita la supervivencia de empresas que serán viables y adoptan, por ellos, planes de flexibilidad de sus plantillas a medio plazo, apenas recibe incentivos. Es cierto que se han previsto, en buena dirección, selectivas exoneraciones de cuotas sociales en estos tránsitos, pero sin flexibilizar los procedimientos de estos ERTE ni ofrecer otro tipo de ventajas, siendo previsible que la gran mayoría de estas empresas continúen buscando cobijo en la fuerza mayor dependiente de prórrogas de naturaleza política. Del mismo modo, se ha prorrogado la prohibición de despido por estas causas ETOP, encareciendo los costes extintivos, con gran inseguridad jurídica, de empresas que pretendan algún tipo de ajuste de empleo para garantizar su viabilidad futura. La persistencia en la cláusula de mantenimiento de empleo seis meses tras el inicio de la actividad, con la penalización de pago de las cuotas exoneradas es insistente porque se abre un nuevo período de cómputo asociado a las nuevas exoneraciones.

La empresa en ERTE queda, así, atrapada en una especie de jaula de oro, con financiación pública, sin incentivos a otro tipo de flexibilidad laboral, sin poder hacer ajustes de empleo, y bajo la amenaza de esta penalización económica futura. Las empresas viables buscarán vías para mantener la plantilla, pero las que, en el retorno, estén en dificultades, o sean inviables, irán a concurso, al tener esta gran carga económica. Todo ello conduce a riesgos de una hibernación de empleo financiada de forma artificial por el Estado.

Otra dimensión de esta ausencia de planes a medio plazo es la formación de los trabajadores en ERTE. Se han perdido meses para activar esta política que facilite luego la transferencia de empleos entre sectores ante un mercado en transformación.

La norma ahora aprobada sitúa, por fin, a este colectivo como prioritario en formación, pero da un plazo de tres meses al sistema formativo para articular acciones específicas. Ojalá se hubiera previsto esta cuestión en marzo o junio, sin situarnos en este horizonte temporal. Es importante ahora acelerar esta dimensión y preparar a los trabajadores que se encuentran en ERTE para posibles cambios de empleo y transferencias entre sectores.

Resulta previsible que, llegado el próximo 31 enero de 2021, se proceda a aprobar otra prórroga de ERTE por fuerza mayor. Se debería ir pensando ya en elaborar un plan estratégico a medio plazo para evitar estos riesgos de los ERTE, facilitando la flexibilidad, el ajuste de empleo y la formación efectiva, de cara al deseado fin de la pandemia del Covid-19. Porque no habrá príncipe azul que despierte entonces a la Bella Durmiente.

 

Los expedientes temporales pueden estar financiando con dinero público también a empresas inviables que no superarán la crisis