La presunción de inocencia, un mal argumento político
Los casos del Rey Emérito y la trama del Ministerio de Díaz Fernández comparten la contumacia de los hechos y un amparo político que resulta inmoral
En febrero de este año supimos que Juan Carlos I, nuestro comandante en jefe, había compaginado la jefatura del Estado con el cobro de comisiones que, además, ocultaba a la Hacienda del Reino de España. Más recientemente, Francisco Martínez, número dos del Ministerio del Interior entre 2013 y 2016, decide defenderse cantando, y coloca a su superior, el ministro Jorge Fernández Díaz, al frente del caso Kitchen. Su relato apunta a que desde las máximas instancias del Ministerio del Interior, las insinuaciones con La Moncloa y Mariano Rajoy son aún difusas, se habría montado todo un aparataje de espionaje a cargo de funcionarios y costeado con dinero públicos para hacer desaparecer pruebas contra el PP que podrían terminar en el sumario del Caso Gürtel en la Audiencia Nacional.
Estos comportamientos nos remiten a la última legislatura de Felipe González (1993-1996). En abril de 1994, en un lapso de días, conocimos la fuga del director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, y que el fuera gobernador del Banco de España (1984-1992), Mariano Rubio, ocultaba a Hacienda dinero negro en una cuenta cifrada en el Banco Ibercorp de su amigo Manuel de la Concha. Ambos casos llevaban tiempo en los periódicos. El caso Ibercorp lo dio a conocer El Mundo en febrero de 1992 y el caso Roldán, Diario 16 en noviembre de 1993. A ambos les costó el puesto, solo faltaba, pero nadie parecía tener interés en ir más allá.
Ayer y hoy, el ciudadano, en lugar de escuchar al coro político denostar comportamientos inmorales, tiene que soportar argumentos y excusas peregrinas, como la socorrida presunción de inocencia, imprescindible judicialmente y muy cuestionable políticamente. Mientras, los protagonistas no contestan a los hechos que se ponen encima de la mesa puesto que son incontestables.
El comunicado de la Casa Real del 15 de marzo no deja lugar a dudas. El rey Felipe VI quería distanciarse de su padre renunciando a cualquier activo que pudiera llegarle por herencia “cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona”. Este comunicado mencionaba a las fundaciones Lucum y Zagatka, donde la documentación publicada sitúa los fondos, y precisa que el rey emérito había pedido a su hijo que hiciera público “que de las dos Fundaciones anteriormente citadas en ningún momento facilitó información a S.M. el Rey”
Es indudable que si el padre estuviera tranquilo con el contenido de esas dos fundaciones no necesita decir que su hijo no sabía nada. Igualmente, si el Rey Felipe VI no tiene la más mínima duda sobre el comportamiento de su padre y la actividad de las fundaciones, ni sale este comunicado en vísperas de pandemia ni estaría hoy en Emiratos. De hecho, el comportamiento de la Casa Real, padre e hijo, es lo más cercano a la asunción de la culpa.
Da igual que los hechos se hayan conocido como consecuencia de una vendetta (Mario Conde vs Mariano Rubio, Corina vs el Rey) o por un ajuste de cuentas entre miembros del mismo partido (Kitchen). Facts son facts y para depurarlos jurídicamente hay que esperar a que haya sentencia firme, pero el escrutinio político es otra cuestión.
La Casa Real ha hecho únicamente dos comunicados en 2020, en ambos el protagonista es el Rey emérito y su relato, seguro que muy mirado, transmite “presunción de culpabilidad”. Por eso, llama la atención que salga un comunicado de viejas glorias del PSOE y el PP, que convivieron profesionalmente con él, defendiéndolo. “Las numerosas informaciones que aparecen estos días sobre determinadas actividades del Rey Juan Carlos I han excitado una proliferación de condenas sin el debido respeto a la presunción de inocencia. Si sus acciones pudieran ser merecedoras de reprobación lo decidirán los tribunales de justicia. Pero nunca se podrá borrar la labor del Rey Juan Carlos en beneficio de la democracia y de la Nación, so pena de una ingratitud social que nada bueno presagiaría del conjunto de la sociedad española”.
Lo bueno que han hecho unos y otros está ahí, pero eso no le exonera de los delitos que haya podido cometer. Agarrándose a esa labor, también se tardó muchísimo en reaccionar en los casos de Mariano Rubio y Luis Roldán y eso debilitó la credibilidad y confianza en dos instituciones tan relevantes como el Banco de España y la Guardia Civil. Las obras de caridad no redimen al narcotraficante.
Ha pasado un cuarto de siglo de aquellos casos que sin duda fueron determinantes para que el PSOE perdiera las elecciones en 1996 y llegaran dos legislaturas del PP de José María Aznar. Igualmente, la moción de censura que terminó con el mandato de Mariano Rajoy fue posible por la primera sentencia de los casos Gürtel.
En el caso del Rey emérito y de Kitchen volvemos a estar ante hechos contumaces desde una perspectiva de la polis, la vía judicial tiene su propio camino. Sin embargo, se ven defensas numantinas que tienen en común el recurso a la presunción de inocencia. La mejor defensa que se puede hacer de la Corona y del Ministerio del Interior es alejarlos de cualquier connivencia con comportamientos inmorales. Son ellos los que tienen que amparar al ciudadano y no al revés.
“Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren –y la ejemplaridad presida– nuestra vida pública. El Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no sólo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos” (Casa de S. M. el Rey, 15 de marzo de 2020). Nada que añadir, Majestad.
Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información y profesor de la Universidad Complutense