Montero asume que el Congreso tumbará hoy su decreto sobre el uso del superávit de los ayuntamientos

La alternativa presentada por una treintena de alcaldes podría restar 955 millones a los municipios en favor de las diputaciones, según Gestha

La ministra de Hacienda, y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en el Congreso. de los Diputados.GTRES / Pool Efe

El debate sobre la fórmula para permitir que los ayuntamientos españoles puedan utilizar sus cuantiosos ahorros para hacer frente a la crisis del coronavirus llega hoy a un punto decisivo. El Pleno del Congreso someterá hoy a votación el decreto ley que recoge el plan pactado entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Sin embargo, el Gobierno no tiene asegurados los apoyos necesarios a su solución y la alternativa presentada por más de una treintena de alcaldes podría acabar minando los fondos disponibles para los ayuntamientos, según Gestha, la asociación de técnicos del Ministerio.

De hecho, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha admitido públicamente en el arranque del debate que ve "bastantes posibilidades" de que el decreto no salga adelante.

El Gobierno da por sentado así que recibirá hoy su primer gran revés parlamentario, pues hasta la fecha había podido ir impulsando o convalidando las diferentes medidas legislativas que había planteado ante las Cámaras.

El reto de reinvertir el superávit

Ante la imposibilidad de que los municipios puedan gastar sus cerca de 14.000 millones en remanentes sin incurrir en déficit, lo que le está vetado constitucionalmente, Hacienda y la FEMP acordaron que los ayuntamientos que lo deseen hagan un préstamo por el valor de sus superávit acumulados a favor de la administración central para que esta les reingrese el dinero progresivamente en forma de transferencia. De esta forma, los alcaldes podrían disponer de 5.000 millones entre 2020 y 2021 y del resto en una década, siendo la administración central quien cargue con el déficit.

La medida, que la FEMP aprobó solo con los votos del PSOE, no convence al resto de partidos, si bien la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que no hay alternativa legal posible y ha instado al Parlamento a aprobar la medida tramitándola como ley a fin de incorporar los cambios que consideren oportunos sin bloquear esta vía.

Mientras la izquierda aboga por derogar el veto al déficit local de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la derecha aboga por la retirada del decreto y el impulso de un plan presentado por una treintena de alcaldes de varios partidos. Este pasa por la constitución de un fondo de 5.000 millones que se reparta entre los municipios en función de su población independientemente de si tienen remanentes.

Los cálculos publicados por Gestha ayer indican que esa vía restaría un 25% de fondos a los municipios (955 millones), que irían en favor de las diputaciones provinciales y a los consejos insulares de Baleares. Gestha advierte además que la medida perjudicaría a los ayuntamientos ahorradores en favor de aquellos que han descuidado la salud de sus cuentas públicas.

La alternativa daña a Madrid y beneficia a Barcelona

El fondo propuesto por una treintena de alcaldes como alternativa a la reinversión de remanentes que plantea Hacienda beneficiaría a ciudades como Barcelona (con 44 millones más), Valencia, Zaragoza, Murcia, Granada y Córdoba, mientras que perjudicaría a Madrid (134 millones menos), Ourense, Pozuelo de Alarcón o Marbella.

El preivisble fracaso en la convalidación del decreto de hoy deja la incógnita de que vía podría llegar a pactarse para reforzar la financiación local en plena pandemia. Tanto la FEMP como el propio Ministerio de Hacienda han hecho denodados esfuerzos por lograr convencer a la oposición de que su decreto es la única opción, pero el rechazo ha sido generalizado a derecha e izquierda del PSOE.

Salvo sorpresa de útlima hora, no parecen haber surtido efecto las distintas propusetas adicionales realizadas por Montero a los distintos grupos en la recta final de las negociaciones, que incluía conceder a todos los municipios un fondo no reembolsable, cubrir parte de sus gastos o dar más peso al criterio poblacional en el reparto.

De momento, por tanto, los importantes remanentes cosechados por las administraciones locales en los últimos años -que ha permitido enjugar las malas cifras fiscales centrales y autonómicas- seguirá básicamente depositados en cuentas bancarias, donde el sector financiero a comenzado a cobrar a los ayuntamientos por sus ahorros.