Entidades locales

La Femp aprueba, solo con los votos del PSOE, el uso del superávit de los ayuntamientos

El acuerdo aprobado incluye también un fondo de hasta 400 millones para compensar las pérdidas por transporte

La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero.
La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero.

La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha aprobado este lunes el documento de Hacienda que permite a los ayuntamientos utilizar el superávit generado en los últimos años (cerca de 14.000 millones) mediante su cesión al Estado a cambio de recibir 5.000 millones de euros este año y el próximo y de recibir el resto del dinero cedido en los próximos diez años. Hacienda ha logrado este acuerdo por la mínima, con el único voto a favor del PSOE que ha suscitado un empate y se ha roto por el voto de calidad del presidente, el socialista Abel Caballero.

La propuesta de Hacienda no ha concitado consenso como es habitual en los acuerdos de la FEMP. La Junta de Gobierno ha logrado un empate: 12 votos socialistas a favor y 12 en contra (10 del PP, uno de Cs y otro del PdeCat); la abstención de IU-Podemos y el empate generado ha permitido
recurrir al reglamento y el presidente y regidor socialista ha inclinado la balanza hacia el acuerdo.

En una rueda de prensa telemática  el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha explicado que lo aprobado incluye la propuesta inicial del Ministerio de Hacienda que recoge una aportación de 5.000 millones de euros (2.000 millones para este año y 3.000 millones para el próximo) para los ayuntamientos que pongan a disposición del Ejecutivo central sus remanentes. Asimismo, las diputaciones podrán formalizar préstamos y realizar transferencias finalistas no reintegrables a administraciones locales que se encuentren en una situación económica vulnerable.

Abel Caballero ha detallado también que el acuerdo establece la prórroga del sistema del superávit y mantiene las entregas a cuenta. Además, ha indicado que habilita un fondo de transporte que inicialmente será de 275 millones pero ampliable hasta 400 millones de euros, que, según ha dicho, garantiza que "las entidades locales puedan participar en los fondos de recuperación de la Unión Europea (UE)". Las medidas recogidas en el acuerdo se deberán regular en una norma con rango de ley, en la que se establezcan plazos o procedimientos que permitan agilizar su aplicación.

No obstante, según fuentes de la negociación, el hecho de que el acuerdo no preste suficiente atención a los municipios sin remanentes ha llevado a votar en contra a PP, Cs y PdeCat, mientras que IU-Podemos ha optado por la abstención al entender que se habían introducido mejoras en el texto y esperaban seguir avanzando en la tramitación parlamentaria.

Así, los votos negativos se han mantenido pese a que el texto aprobado incorpora una "resolución política" de última hora que atiende a las entidades locales sin liquidez, uno de los puntos de más reivindicados por las formaciones políticos.

Según esa resolución, se crea un grupo de trabajo en la Comisión de Hacienda de la FEMP encargado de proponer medidas y actuaciones dirigidas a los gobiernos locales sin remanentes y con problemas de financiación local, además de un "seguimiento detallado" en el ámbito local de la
distribución de recursos procedentes de los fondos europeos.

El acuerdo entiende que los ayuntamientos podrán usar este dinero en actuaciones que se desarrollen en el ámbito de la agenda urbana, movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura al objeto de que las entidades locales tengan un papel destacado en la reconstrucción del país tras la emergencia sanitaria.

El pacto ha llegado tras semanas de negociación entre Hacienda y la cúpula de la FEMP para aprobar un documento que permita a los ayuntamientos usar el superávit y salvar la legislación actual que les impide, con carácter general, usar sus remanentes de tesorería.

En este último documento se establecen mecanismos de apoyo a los municipios con problemas de liquidez o en riesgo financiero, se acuerda no exigir a los ayuntamientos el cumplimiento de la regla de gasto en 2020 y el compromiso de estudiar su ampliación para 2021.


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