Agroalimentación: empleos dignos para un sector estratégico

No solo se trata de garantizar el abastecimiento de alimentos, sino también de apuntalar la economía generando renta y puestos de trabajo

Recogida de la uva cera de Barbastro (Aragon).
Recogida de la uva cera de Barbastro (Aragon). EFE

El lamentable suceso ocurrido a principios de mes en Lorca, cuando un empresario desaprensivo, dueño de una empresa de trabajo temporal, abandonó a un trabajador a las puertas de un ambulatorio cuando sufría un golpe de calor, ha puesto una vez más en el disparadero las durísimas condiciones en las que desarrollan su labor los y las trabajadoras agrícolas en nuestro país. Aunque el caso del temporero fallecido es un hecho aislado (desgraciadamente cada año hay más hechos aislados), llevamos décadas denunciando reiteradamente las situaciones de explotación que se vienen repitiendo año tras año en el campo español y la escasez de medios que dedican las distintas administraciones a controlar los abusos que comenten una pequeña parte de los empresarios agrícolas de nuestro país.

Hace unos días partía una parte importante de los 14.000 temporeros y temporeras que se van a desplazar este año a Francia para participar en la campaña de la vendimia. El gran número de españoles que repiten viaje al país vecino evidencia que el campo español está muy lejos de garantizar las condiciones laborales que ofrece Francia a nuestros temporeros y temporeras y que el problema no está en que nuestros trabajadores prefieran cobrar el paro a trabajar en el campo, como afirmó no hace mucho una consejera del gobierno andaluz y repite parte de la patronal agraria, sino que la dureza del campo, unida a unas condiciones laborales tercermundistas y a unas prácticas abusivas por parte de algunos empresarios, llevan a nuestros temporeros a migrar a Francia o a optar por trabajar en otros sectores económicos, abandonando un sector estratégico muy necesitado de mano de obra.

Es lamentable, y no me cansaré de repetirlo, la altísima precariedad laboral en la que viven los trabajadores por cuenta ajena del campo español. Sus salarios son de los más bajos de la actividad económica y cuentan con un marco de relaciones laborales anticuado, articulado en más de 60 convenios colectivos, la mayoría provinciales, de comunidad autónoma o de región. No sólo sufren el sistemático incumplimiento de los convenios, sino que además tienen que luchar contra los fraudes en la contratación y en la declaración de las jornadas reales a la Seguridad Social Agraria.

Es imprescindible un convenio estatal del campo que homogeneice las condiciones laborales de todos los trabajadores independientemente del lugar en el que desarrollen su actividad y que ponga freno a las desigualdades, cerrando el paso a la competencia desleal entre territorios por cuestiones laborales. Al mismo tiempo hay que reforzar y dotar de medios la inspección de trabajo para que desarrolle su actividad eficientemente y ponga fin a tantos años de prácticas laborales sin escrúpulos.

Tampoco podemos olvidar la situación de los temporeros migrantes que vienen a cubrir las necesidades de mano de obra de las campañas agrarias que los trabajadores españoles están abandonando. La falta de una regulación estricta y seria, el olvido de las administraciones y las carencias en la inspección de trabajo dejan el campo libre a su indefensión y explotación, dando lugar a situaciones tan escandalosas como la sucedida en Lorca, o las que se repiten año tras años en campañas como la de la fruta. Hay que acabar con la explotación de las ETT en el campo y buscar una solución digna a los migrantes irregulares que malviven en asentamientos ilegales e insalubres, además de ser víctimas de explotadores.

Todos somos conscientes de que la pandemia ha puesto al descubierto muchas flaquezas y algunas de las fortalezas de nuestro modelo productivo. Si bien ha destapado la necesidad de orientar nuestra economía hacia un patrón que sitúe la industria en su eje central, también ha puesto en valor la importancia de nuestro sector agroalimentario para hacer frente a terribles eventualidades como la que aún estamos viviendo. Todavía tenemos muy presente la intensa actividad desarrollada por nuestros trabajadores para garantizar las necesidades alimentarias de nuestro país, mientras la gran mayoría de los ciudadanos estábamos confinados y las fronteras se cerraban.

La capacidad de respuesta de la agroalimentación española en esta crisis sin precedentes se ha valorado desde todos los ámbitos y ha reconocido el trabajo del conjunto del sector. Pero ahora, cuando los expertos manifiestan que hemos pasado lo peor de la pandemia, es necesario que, además de las buenas palabras y las mejores intenciones, hagamos un diagnóstico real de la situación para evitar que pueda repetirse en el futuro. Qué mejor reconocimiento para los trabajadores de la agroalimentación que ofrecer condiciones laborales dignas para todos ellos.

Y es que hay que recordar que antes de la irrupción de la pandemia, el sector agrario estaba sumido en una campaña de movilizaciones para exigir precios justos para sus productos ante las prácticas abusivas de las cadenas de distribución, que obligan a los agricultores y ganaderos a vender a precios bajos, incluso por debajo del coste de producción, para salvar sus productos en beneficio de los intermediarios. Este problema afecta a toda la cadena alimentaria, tanto a la industria de la alimentación y las bebidas, como a los trabajadores agrarios, que también sufren la presión de los bajos precios de los alimentos, realidad que se traduce en bajos salarios, jornadas laborales interminables y empeoramiento de sus condiciones de trabajo.

La industria agroalimentaria es una apuesta segura para ofrecer un futuro a la España vaciada como elemento de lucha contra la despoblación por su potencial de creación de riqueza y empleo en el medio rural. Es necesario que se flexibilicen los requerimientos para el asentamiento de pequeñas industrias agroalimentarias, además de fortalecer las cooperativas para que puedan realizar la transacción de productos agrarios en una posición de más fuerza ante los intermediarios y la gran distribución. Además, son necesarias infraestructuras logísticas adecuadas para el transporte de los productos agroalimentarios y su comercialización en los distintos mercados. Al igual que favorecer el acceso a la digitalización y un esfuerzo continuo en formación para favorecer el relevo generacional entre otras medidas.

En estos tiempos inciertos, con las amenazas de rebrote del Covid, es necesario apoyar al sector agroalimentario no solo para garantizar el abastecimiento de alimentos, sino también para apuntalar la economía y reconstruir el país generando renta y empleo. Ahora es el momento de aprovechar el impulso de la reconstrucción económica, para reforzar la industria agroalimentaria española, de modo que pueda desarrollar todo su potencial de crecimiento para crear riqueza, empleos dignos y frenar el despoblamiento de las zonas rurales. Todo ello requiere del apoyo de políticas decididas por parte de las administraciones y de la apertura de mesas de diálogo abiertas a la participación de los agentes sociales.

Pedro Luis Hojas Cancho es secretario general de UGT FICA