‘No controles mi forma de gastar’

El Fondo Covid-19 para las autonomías no exige rendición de cuentas por parte del Gobierno central

Conferencia de Presidentes autonómicos en el monasterio de San Millán de Yuso, en San Millán de la Cogolla, el 31 de julio.EFE

En la canción Space Oddity, el polifacético artista británico David Bowie contaba la historia de un viaje espacial en el que el astronauta perdía contacto con el control de tierra. El dominio de las situaciones es clave. Por el contrario, el descontrol suele conducir inevitablemente a realidades perversas, no deseadas.

Este año 2020 está siendo un referente en cuanto a modelo caótico mundial y mucho tendría que mejorar el segundo semestre para que el cierre a diciembre arrojara un saldo positivo en lo económico, en lo sanitario, en lo emocional, en definitiva.

Reconociendo el importante papel que las expectativas juegan en el mundo económico, no es extraño describir el panorama actual como desolador: nos encontramos de nuevo en tiempo de crisis, estamos de lleno dentro de la tormenta perfecta. En esta situación cabe calificar al escenario económico de desbocado, desenfrenado.

Están resurgiendo las recetas keynesianas en tiempos de contingencias, gasto público financiado con una inminente subida de impuestos. En las condiciones actuales, los ciudadanos esperan que los gobernantes (desde la Unión Europea hasta el último ayuntamiento) desplieguen toda una ingeniería financiera destinada a paliar la situación de asfixia de todo colectivo. La imprenta del dinero se ha puesto en marcha y ahora toca su redistribución, el reparto del deseado y esperado maná. ¿Asistiremos en este terreno a momentos de ausencia de control?

Un nuevo Real Decreto-ley aprobado en junio ha creado el denominado Fondo Covid-19, dictando las reglas de su distribución y libramiento. Este fondo, dotado con 16.000 millones de euros, va destinado íntegramente a las comunidades autónomas, encargadas de ejecutar programas de gasto que puedan paliar los indeseables efectos del coronavirus.

Y esta transferencia a las autonomías la hace el Gobierno de modo similar a como el escolar benjamín siente el primer amor platónico por su profesora, de manera incondicional. Desde su primer artículo, la norma avisa en el ordinal quinto: “Las transferencias realizadas con cargo a esta dotación no tendrán carácter condicionado, por lo que será responsabilidad de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía destinar estos recursos a la finalidad para la que han sido concedidos”. Resumiendo, el Estado no pedirá cuentas a las autonomías.

Las reacciones a esta medida están siendo objeto de acalorado debate político, pero el núcleo de la discusión no estriba en la ausencia de controles estatales (hecho que intrínsecamente parece ser del agrado de los dirigentes autonómicos). Las reclamaciones se centran en el criterio aplicable al reparto por la distinta geografía patria. Preocupa el troceado del pastel más que la necesidad de justificar el gasto.

Además, existe otra preocupación: si verdaderamente cada comunidad necesita dicha cantidad para tal fin. El fondo viene estructurado en partidas para sanidad, educación y otra cantidad para paliar el descenso de actividad, con una especial mención para el transporte. A priori no existen dudas de que el fondo atenderá los fines establecidos, pero ¿todas las comunidades tienen el mismo nivel de necesidad para cada uno de los conceptos financiados? Desconocemos las mediciones realizadas en este sentido. Dudar de la necesidad carece de sentido, pero siempre quedará esa duda. Dudar es libre.

Respecto a la fiscalización del gasto y considerando la evolución de las actuaciones de intervención en el sector público, la responsabilidad delegada de las comunidades autónomas garantiza el cumplimiento normativo del control. Existen los medios y se tienen las herramientas necesarias.

En cuanto a las herramientas, desde octubre de 2019 la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) cuenta con la adaptación de las Normas de Auditoría del Sector Público a las Normas Internacionales de Auditoría. Un conjunto de 34 normas (NIA-ES-SP) y un Código de Ética para la Auditoría Pública. Adicionalmente, el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, viene a completar el mecanismo regulador.

Hablando de medios, la administración dispone de personal capacitado tanto en la mencionada IGAE como en el Tribunal de Cuentas, organismos de control externo en las comunidades autónomas (OCEX) e interventores de la administración local. Además, en aquellos casos en que pueda existir insuficiencia de medios públicos para el control, se ha instrumentado legalmente el papel colaborativo de los auditores privados.

El RDL 7/2012, que crea el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores (en su artículo 10) y la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en su disposición adicional primera) recogen que la IGAE podrá pedir la colaboración de auditores privados. El artículo 7.4 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y los artículos 27.4 y 89.3 de su ley de funcionamiento (Ley 7/1988, de 5 de abril) también regulan la posibilidad de recurrir a estos profesionales. En el caso de las OCEX, las respectivas leyes de creación permiten la colaboración de expertos que tengan titulación adecuada. Por último, pero no menos importante, el artículo 34 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, versa sobre colaboración en las actuaciones de auditoría pública, haciendo alusión a firmas privadas de auditoría.

Debemos ser firmemente defensores de la correcta administración de los fondos públicos y forzosamente rechazar actitudes de no controles mi forma de gastar.

Francisco Jimeno y José Ramón Sánchez son socios de Eudita