Contante y Sonante

21 reales decretos Covid en cuatro meses con el apoyo del Congreso

Economía, además, desatasca sus tuberías de las trasposiciones de directivas europeas pendientes desde hace años

La vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, durante su intervención, este miércoles, el pleno del Congreso que debate la convalidación de cuatro reales decretos-leyes relativos a la creación del fondo COVID-19 y con medidas para la reactivación económica y del empleo.
La vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, durante su intervención, este miércoles, el pleno del Congreso que debate la convalidación de cuatro reales decretos-leyes relativos a la creación del fondo COVID-19 y con medidas para la reactivación económica y del empleo. EFE

Hace solo cinco meses una de las preocupaciones del Gobierno, y principalmente del ministerio que encabeza Nadia Calviño, era si el crecimiento del PIB iba a ser del 1,6% o del 1,7%. Una décima arriba o abajo era considerado un dato favorable o desfavorable. Ahora no se habla de décimas, sino de puntos porcentuales y no positivos, sino negativos. El debate actual está en si el PIB cae un 9%, según estimaciones del Gobierno, o cae un 15%, según algunos organismos internacionales, y esto sí que es una verdadera preocupación.

 “Quién nos iba a decir ahora que podía preocuparnos una décima más o menos de crecimiento. Eso no es un problema”, parece que es el mantra que se repiten ahora en el ministerio, mientras las previsiones de caída del PIB se van agrandando en función de lo rebrotes de coronavirus que van apareciendo y de las posibilidades de que sigan creciendo. De hecho, la brecha que existe entre los datos del Gobierno, con una caída del PIB del 9,2% para este año, y la de los diferentes organismos o instituciones, como BBVA, que prevé un desplome del 11,5%, dependen en gran parte de las estimaciones sobre el avance o no de la pandemia. Y eso que ya en el Gobierno se descarta un nuevo confinamiento total en el país, aunque suban los rebrotes. 

Todo se hará por burbujas. Se realizarán confinamientos, como se están llevando a cabo ahora, por zonas, barrios, ciudades o incluso por bloques de pisos. Lo que sea, menos volver a paralizar el país, entre otras razones, porque en el Ejecutivo, como en otros estamentos, son conscientes de que los rebrotes seguirán con nosotros tiempo, y serán de mayor o menor intensidad, pero no se repetirá una situación como la vivida desde marzo a junio, y sobre todo en el mes de abril, lo que no hará necesario una nueva paralización de la economía del país. 

Tampoco hará falta que los diferentes responsables de los ministerios vuelvan a mantener reuniones virtuales a partir de las 4 de la mañana y hasta las 10 de la noche. “Nunca los distintos ministerios habían colaborado tan estrechamente. Te lo dicen hace seis meses y no te crees que se podrían compartir tantas horas de trabajo, de normativas y de colaboración entre los diferentes departamentos ministeriales”, es la reflexión generalizada del Gobierno. 

Desde el 12 de marzo, fecha en la que Pedro Sánchez anunció el establecimiento del estado de alarma, hasta el pasado 7 de julio el Gobierno ha aprobado 21 reales decretos. Todos vinculados a la crisis sanitaria y a sus efectos económicos. Han sido miles de páginas de normativas. 

ERTE, moratorias, líneas de financiación por 100.000 millones de euros avalada por el ICO para evitar la caída de las empresas y autónomos, fueron las principales medidas económicas puestas en marcha para evitar que la economía cayera en un agujero negro insalvable en años. “Todas las medidas con el apoyo del Parlamento, algo muy importante, que no se está apreciando, y todas con la colaboración de la banca”, destacan incluso en el sector privado, que quiere también poner en contexto su papel en el intento de evitar el derrumbe aún mayor de la economía española. 

Ahora, el Gobierno ha entrado en otra fase, en la de la reactivación del país. Las medidas que se están poniendo en marcha en estas semanas para impulsar la economía serán las que se presenten a Bruselas a más tardar el 15 de octubre, en las que se incluye la actualización de las previsiones macroeconómicas. Este programa será el que corrija al remitido en abril, y que ha quedado totalmente desfasado. 

En este proceso, el Ejecutivo también ha acelerado la trasposición de varias directivas europeas que estaban pendientes, y que Bruselas ya les había puesto fecha no solo de caducidad para su adaptación, sino que también estaba sobre la mesa una lista de multas por su tardía redacción nacional. Algunas de estas adaptaciones se han producido al límite, e incluso se han sobrepasado. 

Desde junio de 2018 hasta ahora, Economía ha realizado la trasposición de 12 de las 14 directivas europeas pendientes. La última el pasado 14 de julio, correspondiente al proyecto de ley que introduce en España las llamadas acciones de lealtad, además de incluir otras medidas para las sociedades cotizadas, como flexibilizar y agilizar los trámites de las ampliaciones de capital. 

Entre las directivas más complicadas de trasponer y que se ha hecho al límite se encuentran la de Mifid II (normativa sobre mercados e instrumentos financieros), o la ley de crédito inmobiliario. Aún quedan dos directivas por adaptar a la regulación española, una, la quinta sobre blanqueo de capitales, y otra sobre seguros, y más en concreto sobre planes y fondos de pensiones. 

Por cierto, el Gobierno está tan contento con la colaboración público-privada, es decir, con la banca, que su idea es mantener estas relaciones más allá de la crisis de la pandemia y sus graves daños colaterales. 

La banca, en general, también se encuentra satisfecha de este trabajo en común. Las posibles tensiones existentes inicialmente con la tardanza en la puesta en marcha de los avales ICO, o las incidencias en el pago de los ERTE por parte del Ministerio de Trabajo, que provocó ciertas irregularidades en la banca al abonar el dinero a algunos afectados, se ha quedado, al final, en una repercusión menor, según reconocen en ambas partes.

Este “arrimar el hombro” de la banca en esta crisis, como lo definió hace unas semanas la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha logrado que las entidades financieras mejoraran su reputación frente a la sociedad. Aunque, justo en el momento en el que la banca acariciaba por primera vez desde hace años la aceptación de su labor por parte del ciudadano, llega la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los gastos hipotecarios, y por la que obliga a las entidades a devolver todos los costes abusivos por la formalización de un crédito para la compra de una vivienda, y arroja un nuevo jarro de agua fría al sector, que repercute directa y nuevamente sobre su reputación y su imagen. O eso es lo que piensan, más allá de que consideren escasa la repercusión económica del fallo del tribunal europeo.

 

Normas
Entra en El País para participar