Zaragoza, Huesca capital y cuatro comarcas vuelven a una fase 2 "flexibilizada"

Sanidad actuará en focos con dos o más autonomías afectadas previo acuerdo

Aragon fase 2 coronavirus
Rranseúntes se protegen con mascarillas por las calles. . EFE

El aumento de rebrotes de coronavirus detecado en varios puntos de Aragón y la dificultad para controlarlos ha llevado al Gobierno de la Comunidad Autónoma a anunciar que Zaragoza capital y su área de influencia, así como Huesca capital y las cuatro comarcas que tuvieron que retroceder a la fase 2 el pasado 22 de junio, es decir, Cinca Medio, Bajo Medio, Litera, Bajo Aragón-Caspe, pasan a una denominada como fase 2 "flexibilizada".

Esta medida, que afectará 870.000 habitantes, el 70% de la comunidad aragonesa, se ha tomado para evitar la transmisión comunitaria ante los brotes que se han produciendo y proteger a la población.

La flexibilización de las medidas de la fase 2 que se aplicarán ahora en Aragón supone que no habrá franjas horarias. Los aforos permitidos en comercios, mercadillos y piscinas se establece en el 75%. En hostelería la ocupación en el interior de los locales se reducirá al 50% de la capacidad, con los clientes sentados; en el exterior la ocupación podrá llegar al 75%, en grupos de un máximo de 10 personas. Los locales de ocio nocturno deberán permanecer cerrados. Teatros, cines y museos podrán funcionar al 75% del aforo. Residencias, campamentos y colonias de verano siguen igual. Estas medidas afectan al 70% de la población de Aragón, cerca de 850.000 personas, según ha informado el Gobierno autonómico, según informa El País.

El Colegio de Médicos de Zaragoza ha expresado su preocupación por el aumento de casos de la Covid-19 en Aragón y ha hecho un llamamiento "urgente" a la población para que sea "responsable y prudente" y "no relaje" las medidas de control frente al virus. En concreto, esta organización ha expresado su preocupación por la "relajación de los jóvenes ante el virus", el incumplimiento de cuarentenas, el "mal uso" de las mascarillas o el que no se guarde el distanciamiento social.

Actuación de Sanidad

Por su parte, el Ministerio de Sanidad actuará en brotes de coronavirus que afecten a dos o más comunidades declarando la actuación coordinada, un paso previo al estado de alarma que deberá someter y ser aprobado en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Así consta en el "Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19" que el departamento que dirige Salvador Illa trasladará esta tarde a las comunidades para su aprobación definitiva el próximo jueves.

El documento, que compila muchas de las medidas que ya están en marcha, establece que sea el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad (CCAES) el que, en coordinación con la autonomía, evalúe el riesgo de brotes localizados o incrementos de la transmisión que conlleven la activación de una respuesta rápida.

La evaluación de riesgo para cada comunidad tendrá en cuenta, entre otros, el ámbito territorial; los indicadores relativos a la situación epidemiológica, la capacidad asistencial y de salud pública; la exposición al riesgo; las características de la población susceptible expuesta o la posibilidad de adoptar medidas de prevención y control.

Son las comunidades autónomas las que tienen las competencias de actuación en caso de brotes, y de suponer una privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, deberán ser ratificadas por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.

No obstante, prevé otros dos mecanismos si el coronavirus traspasa las fronteras de una comunidad: en el primero, Sanidad podrá echar mano de las actuaciones coordinadas en salud pública, previo conocimiento del pleno del Consejo Interterritorial, y que serían de obligado cumplimiento para todas. El otro es el estado de alarma.

El Gobierno ha descartado por ejemplo aplicar el estado de alarma en Lleida, tras los brotes del nuevo coronavirus que están ocurriendo en estas últimas semanas, y asegura que las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes para actuar.

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