Los hogares más vulnerables podrán optar a hasta un año de moratoria hipotecaria

A los tres meses de prórroga oficial, solo si se cumple con los requisitos del Gobierno, se le suman otros nueve de la bancaria

Los hogares más vulnerables podrán optar a hasta un año de moratoria hipotecaria

El Gobierno dio este martes luz verde a la prórroga de varias medidas que configuran el denominado escudo social aprobado durante las primeras semanas de la crisis sanitaria y económica, como la moratoria de hipotecas y alquileres y las garantías de protección por impago de bienes básicos. La vigencia de buena parte de estas palancas terminaba un mes después del fin del estado de alarma. Así, se extenderá hasta el 29 y 30 de septiembre la posibilidad de acogerse a la moratoria de hipoteca y alquiler, respectivamente, se ampliarán los plazos de las medidas de protección por impago del agua, la luz y el gas, y se amplificará la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria, los llamados créditos al consumo. Según señaló el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, el escudo social es “seguramente mejorable y limitado”, pero “sin precedentes” en España.

En lo relativo a las hipotecas, el Consejo de Ministros aprobó la ampliación del plazo de solicitud de la moratoria, de forma que pueda requerirse hasta el 29 de septiembre para que su funcionamiento sea secuencial con la prórroga que el propio sector bancario puso en marcha (la moratoria sectorial). Así, la oficial se prolongará durante tres meses, a los que se le añadirán otros nueve meses de moratoria sectorial: en total, un año.

Ahora bien, a este respiro de 12 meses solo podrán optar aquellos hogares que cumplan en su totalidad con los cuatro requisitos de vulnerabilidad decretados en su momento por el Ejecutivo, y que según fuentes del Gobierno se siguen manteniendo en esta ampliación. Por un lado, el solicitante debe haberse quedado sin trabajo o, en el caso de ser empresario, acreditar una pérdida de ingresos superior al 40%. Además, su renta mensual debe estar por debajo del límite de tres veces el Iprem (unos 1.600 euros), los gastos destinados a la hipoteca y los suministros básicos deben igualar o superar al 35% de los ingresos y, por último, la carga hipotecaria debe haberse visto multiplicada por al menos 1,3 veces desde el inicio de la crisis.

Las familias que cumplan con estos condicionantes y soliciten ambas prórrogas serán beneficiarias de una moratoria legal de tres meses (sin devengo de intereses), seguida de una moratoria sectorial de nueve (con devengo de intereses). Por su parte, quienes no cumplan los cuatro requisitos tendrán que negociar con su entidad la concesión del plazo de nueve meses.

"Cualquier ciudadano que no cumple los requisitos de ser considerado vulnerable puede acudir a su entidad financiera y pedir la moratoria que han puesto en marcha las entidades y de la que ya se han beneficiado más de medio millón de personas", explican fuentes del Ejecutivo.

Según los últimos datos del Banco de España, a cierre del mes de junio, se han concedido algo más de 735.000 solicitudes de moratoria hipotecaria, sumando tanto la oficial (226.000) como la sectorial (509.000). El saldo vivo pendiente de amortización de estas prórrogas asciende hasta los 38.500 millones de euros.

Los créditos al consumo, por su parte, de los que se han aprobado 365.000 peticiones, se van a poder solicitar hasta el 29 de septiembre, con una duración de tres meses adicionales.

Hay novedades también respecto a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre una prórroga extraordinaria del contrato por un periodo de seis meses con las mismas condiciones, de modo que la renta del alquiler no podrá aumentar, entre otros detalles. Esta medida ya se aprobó en plena crisis sanitaria, entrando en vigor en el mes de abril, el primero que comenzó con el estado de alarma ya vigente.

Además, y también hasta el 30 de septiembre, se dará luz verde al aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta para los inquilinos que tienen como caseros a grandes tenedores de vivienda o empresas públicas. El Gobierno establece como gran propietario aquel que tiene 10 o más inmuebles (sin contar garajes o trasteros, por ejemplo) o el que dispone de un inmueble con más de 1.500 metros cuadrados construidos.

A efectos de homogeneizar el conjunto de medidas, también se ha ampliado el periodo de percepción del bono social y la garantía del suministro de energía eléctrica, gas y agua, considerados suministros básicos. A su vez, la paralización de los desahucios estará vigente hasta octubre de 2020, “de momento”, remarcó Iglesias.

Más vivienda pública

El Real decreto-ley aprobado también incluye novedades en materia del canon para hacer uso del derecho de superficie en la construcción de vivienda a través de la colaboración público-privada. Así, cuando el Gobierno oferte en concesión suelo público (con un plazo que puede llegar hasta los 75 años), y a través de una licitación las empresas privadas concurran a él para construir viviendas para el alquiler social, el canon de pago podrá llegar a cero a cambio de levantar vivienda para el arrendamiento público y gestionar el alquiler. Esto sirve, explicó el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, “para ir generando un parque de vivienda pública que en España no tenemos y que incluso ha ido a menos”. Frente a la media europea del 5%, en España la vivienda pública no llega al 2,5%.

Otra novedad que recoge el texto es el refuerzo por parte del Ejecutivo a las comunidades autónomas en materia de vivienda. Así, aquellas administraciones que no hayan podido ejecutar los presupuestos en este terreno, y que tendrían que devolver el dinero a la Administración central, podrán “aplicar esos remanentes en otros planes que tengan que ver con el acceso a la vivienda”.

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