Media solución para unas pensiones que necesitan una entera

La Seguridad Social precisa algo más que limpiar el pasivo acumulado y trasvasar gastos impropios al Estado: debe rescatar el factor de sostenibilidad y acoplar el gasto al ingreso

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. EFE

La Seguridad Social ha tenido siempre al frente gente cualificada que aprendía rápido tanto la potencia de tiro de una institución que cobraba y pagaba el 50% del gasto del Estado, como la finura con la que debía ser manejada para evitar el descontrol del gasto público. Pero muchas veces hacían abstracción de la realidad para convertir el sistema de pensiones en un poderoso instrumento político y hasta electoral en un ejercicio frívolo de sus responsabilidades, que terminaba costando sobrehumanos esfuerzos para recomponer los desperfectos. La política, de unos y de otros, se imponía al rigor del criterio técnico con demasiada frecuencia, y convertida en demagogia, transformaba en el imaginario de la gente la escasez permanente en un deslumbrante cuerno de la abundancia.

Ahora, tras la embestida del Covid, las cuentas de la Seguridad Social no están para bromas ni frivolidades. Ahora también, por primera vez en décadas, la Seguridad Social tiene como primer responsable a un economista desprovisto de los atávicos prejuicios partidistas, al que adorna además una vasta doctrina teórica sobre cómo debe ser el futuro de las pensiones, y al que se le supone cierto margen de maniobra para encarrilar la Seguridad Social hasta mediado el siglo. Más que los nueve millones de pensionistas, veinte millones de cotizantes de ahora y otros veinte en el porvenir quieren saber qué les espera, y encomiendan su renta de retiro a José Luis Escrivá, titular de Seguridad Social, y a la discusión y el consenso previo de los partidos en la comisión del Pacto de Toledo, que arrancó de nuevo la semana pasada.

En los mensajes vertidos en sus apariciones públicas y en los documentos elaborados por la Airef que Escrivá lideró hasta hace cuatro días, está lo esencial de sus intenciones sobre qué hacer con el sistema para garantizar su viabilidad. En una combinación de decisiones de corto plazo y otras de largo, amén de una de carácter contable que no explicita pero está en el ambiente, supónese una Seguridad Social despejada para décadas que hará frente sin agobios al vertiginoso envejecimiento de la población.

La propuesta que maneja la Seguridad Social consiste en primer lugar en absorber su déficit actual, generado por la insuficiencia de ingresos en los diez últimos años por la crisis económica y de empleo. Pero implica también la absorción por parte del Estado de los déficits acumulados en los últimos años, y que han generado una deuda de más de 60.000 millones hasta marzo con los que se han pagado las prestaciones extraordinarias desde que se agotó el fondo de reserva, y que ahora llegan a los 99.000 millones por las necesidades súbitas de este año.

Eliminar de un plumazo la deuda y el déficit es básico para absorber, o al menos reducir, “la incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema, que de forma creciente genera distorsiones en la toma de decisiones de los agentes económicos, tanto activos como pasivos, y que afecta al ahorro y al consumo”, tal como argumentaba la Airef cuando Escrivá era su presidente. La cuestión es si las propuestas de Seguridad Social, haciendo abstracción de lo que concluya la comisión parlamentaria, devuelven a plenitud la credibilidad al sistema, tanto en el imaginario del personal, como en las cuentas de ingresos y gastos.

Vaya por delante que traspasar al Estado la deuda acumulada por la Seguridad Social reduce la incercitumbre sobre la sostenibilidad del sistema, pero no la elimina, puesto que solo supone poner el contador a cero. Ya sabemos que la garantía del Estado es insoslayable, y que tanto populares como socialistas la esgrimen como último recurso cuando se les interpela sobre la cuestión; pero mientras la Seguridad Social tenga cuentas separadas de ingresos y pagos, debería cargar con el peso del pasado y ajustarse a las circunstancias del porvenir. Si cuando la Seguridad Social arrojaba superávit el Estado no se apropió de sus ahorros, ahora no debería ponerle el contador a cero, para que afronte la reforma con su balance real, no con uno maquillado.

La fórmula para el corto plazo de Escrivá, de usar la plantilla de Airef, supone traspasar al Estado una serie de gastos impropios que financian las cotizaciones, como la administración de las cuotas y las pensiones, los programas de fomento de empleo, las prestaciones por maternidad y paternidad, los subsidios de paro y otras subvenciones a regímenes especiales financiadas con cuotas. Además sugería que la mitad de las cotizaciones por desempleo pasen a engordar las contingencias comunes, dado que existía superávit en la cuenta de desempleo. Esto, tras el brutal avance del paro con la crisis del Covid, tendrá que esperar. Habrá que buscar otra alternativa, quizás fiscal con un impuesto de solidaridad, quizás con una nueva transferencia de recursos estatales.

Con estos movimientos rápidos de naipes que esconden una evidente trampa en el solitario, el déficit de la Seguridad Social quedaría absorbido y traspasado al Estado, siempre y cuando Hacienda dé el visto bueno, que lo dará, porque no es la primera vez que se plantea tal baile de partidas. Casi 18.000 millones borrados de la deficitaria cuenta de resultados en menos que canta un gallo.

Hasta aquí lo fácil. Falta por conocer qué decisiones tomará el Gobierno, avaladas o no por la comisión parlamentaria, avaladas o no por los empresarios y los sindicatos, para hacer sostenibles las cuentas en el medio plazo y en el largo. Esta crisis sorpresiva precipitará la jubilación de forma anticipada de una buena parte del colectivo de nacidos en el baby boom, y el resto llegará al retiro en los próximos seis, ocho o diez años, lo que supone un desembolso para la caja muy importante, dado que las cuantías de estas pensiones son bastante más generosas que las reconocidas hasta ahora, y la esperanza de vida no deja de crecer. De media cada pensión nueva es un 35% más elevada que la que causa baja por fallecimiento.

No valdrá ya el recurso a la deuda para costear agujeros adicionales en el saldo de ingresos y gastos, puesto que los pasivos del Estado estarán en la peligrosa posición del 125% del PIB, y subiendo durante no menos de dos o tres años. No puede dársele la idea continua a los financiadores del país de que se echa mano de emisiones de deuda para pagar el retiro de los trabajadores, porque no tiene ninguna lógica financiera. Solo queda una opción sencilla de diseñar y aplicar, pero difícil de encajar por los pensionistas del inmediato futuro: subir los ingresos y rebajar los gastos.

Hay mil maneras de hacerlo, y solo despojándose de intencionalidad electoral puede aplicarse con efectividad. Además de congelar la revalorización para las pensiones actuales, porque las cuentas no dan para más, la fórmula está diseñada: volver al factor de sostenibilidad que se retrasó hasta 2023 por imposición del nacionalismo vasco, que le hizo una auténtica petaca política a Rajoy en solo dos semanas. Con esta herramienta se ajustan las prestaciones iniciales a la esperanza de vida, y supone un ineludible recorte de la expectativa actual de pensión, que proporciona el retorno más generoso de Europa, sobre todo para las cuantías más modestas. Podría evitarse un endurecimiento adicional si se opta por incrementar los ingresos, algo nada arbitrario en el país donde menos aportan los asalariados y los autónomos, o por recortar los gastos futuros con cambios en la escala de aseguramiento contributivo.

Siempre existirá la opción del retraso de la jubilación, pero que en las condiciones actuales y con las ventanas que disponen los asegurados para esquivarla, la convierte en un empeño de puro voluntarismo.

José Antonio Vega es director adjunto de CincoDías