¿Echaremos mano otra vez de la devaluación de los salarios?

Aunque la doctrina dominante la ha censurado, que nadie se sorprenda si, como en 2013 y siguientes, la recuperación del empleo vuelve sobre su grupa

Vamos a ponernos en lo peor, que generalmente es lo mejor para entender las cosas, y supongamos que el turismo se agosta hasta el año que viene y que el retorno a la actividad es más lento de lo esperado. Vamos a suponer que ni en 2021 ni tampoco en 2022, cosa más que probable, ha recuperado la producción los niveles que tenía en febrero pasado. Vamos a imaginar que el desempleo se ha instalado otra vez por encima de los cuatro millones de personas, que tampoco es mucho imaginar si ya ahora hay casi cuatro millones y todos los avisados saben que de los tres millones largos de trabajadores con el empleo suspendido una muy buena parte terminarán con el empleo extinguido. En ese momento, si es que alguna vez dejó de serlo, el empleo volverá a ser la preocupación primera, y todos los esfuerzos y todas las decisiones deberían encaminarse a restituirlo. La cuestión es cómo.

Tras la recesión de 2008-2012, y después de comprobar que el viejo y castizo modelo de relaciones industriales que recomponía la competitividad y recuperaba la ocupación perdida había desaparecido con el euro, no quedó otro remedio de sustituir la devaluación histórica de la moneda por la devaluación de los factores productivos, al menos de aquellos susceptibles de depreciación. La devaluación de los costes laborales funcionó como el primer motor de la recuperación desde finales de 2013, pero después de haber asistido a una intensa destrucción de fuerza de trabajo atrapados en la vieja manía de ajustar la variable por cantidad en vez de hacerlo por precio: reducción de puestos de trabajo, en vez de reducción de su coste, de los salarios. ¿Habrá que echar mano de nuevo de tan denostada herramienta?

En todas las economías abiertas y sujetas a una mínima disciplina de oferta y demanda cada mercado se ajusta en el precio. En las últimas semanas la cotización del petróleo, e incluso la de la energía eléctrica, han caído a niveles ínfimos, negativos incluso, por la abundancia de oferta y la paupérrima demanda; los mercados de acciones ajustan cada día, bien es verdad que manejados muchas veces por movimientos especulativos, los precios de las compañías; y ya nadie se sorprende en España (en otros países no se han sorprendido nunca) de que los precios de las casas bajen o suban en función de la demanda, porque la producción es bastante poco inelástica y se mueve muy lentamente.

Pero en lo referente al mercado de trabajo el concepto mercantilista ha tardado en calar, entre otras cuestiones por el excesivo proteccionismo que la legislación ejerce, y desde los primeros movimientos devaluativos de 2013 tomó valores crecientes una tendencia crítica con tal fenómeno, que concluyó que con una vez basta, y que había que buscar la salida a la contracción de los sueldos provocada en la recuperación, haciendo abstracción de que había sido la palanca que había recuperado la competitividad interna y externa. Además de por una convicción ideológica, el revisionismo se fundamentaba, no sin razón, en los efectos secundarios perversos que tenía el modelo, cual era el aplanamiento del consumo por la menor aportación de las nuevas generaciones de activos, de los ingresos fiscales y de las aportaciones al sistema de pensiones, amén de un cambio significativo en los comportamientos de la inversión en activos reales; y todo ello aunque tal devaluación remunerativa caminase de la mano de una expansión sin precedentes y bien recibida de la economía low cost, siempre al abrigo de la democratización de la tecnología.

La corrección del mecanismo devaluativo, instigado también por decisiones del Gobierno en los dos últimos años, espoleada por instituciones económicas de todo corte, y cogida al vuelo por los sindicatos, ha desatado un incremento de los costes laborales en los últimos años, como bien revelan los convenios y la contabilidad nacional aunque aún de forma nominalmente modesta. Y ha consumido una parte notable de la competitividad que trabajosamente se había recuperado desde 2013, tal como recoge también el índice de garantía de la competitividad que elabora y publica el INE desde enero de 2015, pero que ha sido convenientemente enterrado por el Gobierno y sobre cuya tumba las relaciones industriales han echado siete llaves.

Comentaba la semana pasada el presidente de una multinacional española que la recuperación tiene que llegar por la industria, que compite en los mercados externos, los que antes se recuperarán de esta recesión. Para ello no parece que quede otro remedio que volver a pelear con los únicos costes que están en manos de las empresas (y de los trabajadores): los costes laborales; porque el resto, los financieros, los de la tecnología y los de las materias primas, vendrán impuestos; por un mercado, pero impuestos.

La vuelta a los mecanismos devaluativos ya está aquí. Miren a su alrededor: son contadas las empresas que no han ajustado ya sus costes laborales por el Covid, bien para un año, bien para dos, en un ejercicio defensivo de la totalidad de sus plantillas. Al contrario que en 2008-2012, no han arrastrado los pies y han tomado decisiones en semanas, en días. Pero la generalización del formato de devaluación salarial interna chocará ahora con obstáculos que no existían en 2013. Si entonces la legislación fue proactiva con modificaciones que abarataban el factor trabajo (salarios, despidos y cotizaciones), aunque ahora permanezca, es intención del Gobierno, o de una parte de él, derogarla para cerrar vías de flexibilidad. Además, y especialmente para el trabajo de las franjas más modestas de la remuneración, existe la barrera añadida de un salario mínimo disparado en los dos últimos años, que encarece los salarios de entrada en el mercado y que, como ha vuelto a decir el Banco de España, ahora con la boca más pequeña por la que está cayendo, ha reducido notablemente el crecimiento potencial del empleo. Por circunstancias sobrevenidas, las fuertes subidas del SMI se han activado en el peor de los momentos.

Pero hay más: nunca antes había existido una expansión tan generosa de la red de cobertura social al desempleo, que ha llegado incluso a los parados que nunca habían cotizado para disponer de prestación, y que se complementa con una renta mínima vital que se antoja redundante en un país donde los desincentivos a trabajar abundan. Llama la atención que se ponga en marcha una nueva figura supuestamente condicionada a la búsqueda activa de empleo (la misma consideración que ya tiene la cobertura asistencial y contributiva actual) donde hay ya una renta activa de inserción, que es muchas veces compatible, si no en teoría sí en la práctica, con una miríada de subsidios autonómicos y locales. Bien está en situaciones de excepcionalidad disponer de una red de seguridad, pero no tanto que se convierta en la norma. Como aseguraba Winston S. Churchill, que dejó dicho casi todo y que hizo por el bienestar social y los derechos laborales más de lo que la gente acostumbra a creer, “no se crea riqueza con el simple expediente de quitársela a otros; debe garantizarse a la gente un mínimo vital, y más allá de eso, que cada uno corra según sus fuerzas”.

Habrá más fórmulas para estimular el empleo tras esta debacle. Seguro. Bajadas de impuestos, subidas de impuestos... Pero como ahora soportará mal ambas cosas, no estaría mal empezar por el principio.

José Antonio Vega es Director adjunto de CincoDías