Administración Electrónica y COVID-19. A la fuerza ahorcan
Ha tenido que ser un factor externo el que dé el impulso definitivo a la Administración digital, desde la improvisación y la urgencia
Las administraciones públicas españolas funcionan electrónicamente. Corrijo, deben funcionar electrónicamente. El matiz es importante porque tras la declaración del estado de alarma por el COVID-19, fue necesario abordar un entorno de crisis inédito para seguir funcionando. Para continuar con un mínimo de actividad en la que el canal electrónico se presentaba como una herramienta fundamental y descubrimos algo que era un secreto a voces: no todo el sector público funcionaba electrónicamente. Lo cual no deja de ser sorprendente.
Sorprendente por varias razones. La primera, porque existe una (incumplida) obligación legal, en vigor desde el año 2016 que así lo exige. La segunda, porque vivimos en un mundo conectado, en el que la sociedad interactúa digitalmente en múltiples aspectos de su vida, no tiene explicación que no pueda hacerlo con las administraciones públicas. Y la tercera, porque esa asimetría provoca una profunda desigualdad de derechos entre los ciudadanos. Todo ello sin negar la existencia de ciertas dificultades derivadas de la compleja organización territorial, con entidades públicas muy diferentes. Pero éso no puede ser un obstáculo insalvable, si las grandes plataformas tecnológicas han llegado a todo y a todos, no puede ser que no llegue el sector público, y menos bajo la coartada de que no existen medios ni recursos personales, tecnológicos y económicos, de que no es posible.
Porque, de repente, a partir del 14 de marzo, todo lo que no era posible lo fue. Se cerraron las instalaciones físicas, se limitó la libertad de circulación de las personas y apareció la posibilidad de tramitar electrónicamente, desde casa o el lugar de confinamiento, de comunicarse, de teletrabajar y se consiguió que el sector público no parase. ¿Cómo pudo ser? Porque la imposibilidad era una falacia, porque la tecnología existía, pero en muchos casos lo que no existía era la voluntad para avanzar en la transformación digital, una vez más, las resistencias al cambio, tan caducas en un entorno de vertiginoso cambio como el actual.
A la fuerza ahorcan. Eso han debido pensar los responsables de tantas entidades públicas que no estaban preparadas para el funcionamiento electrónico y que sí o sí han tenido y tendrán que asumir ese escenario. En el ámbito local, por ejemplo, con plenos telemáticos. En la Administración de Justicia, tan resistente, vía Real Decreto-Ley se ha convertido en “tele-justicia”. Pero no sólo las administraciones públicas, otros ámbitos se han sumado, por ejemplo, los Notarios. Y yo me pregunto, si es posible en tiempos de pandemia, cuál es la razón para que no lo sea en tiempos normales.
¿Qué pasará después del estado de alarma? Volverá la atención presencial, pero nada será igual, ya no hay excusas para el vuelva usted mañana, para horarios restringidos que interrumpen la vida de los ciudadanos, para cargas administrativas que dificultan el desarrollo de la actividad económica. Para que esta transformación digital no sea un espejismo, ese funcionamiento tiene que ser accesible y fácil, exigiendo sólo los medios proporcionales que exige a seguridad jurídica, pero también tomando en consideración la brecha digital y garantizando competencias digitales al conjunto de la sociedad.
Ha tenido que ser un factor externo, la crisis sanitaria del COVID-19, la que ha dado el impulso definitivo a la administración electrónica, desde la improvisación y la urgencia del aquí y ahora, pero no puede quedarse ahí. Es urgente analizar estratégicamente cómo esta transformación digital del sector público debe ser una palanca que permita ayudar a salir de la ya anunciada crisis social y económica. La experiencia vivida debe servir como acelerador definitivo de la transformación digital del sector público, para que, en esta nueva normalidad, aprendamos la lección y hagamos de la necesidad virtud.
Concepción Campos Acuña es doctora en Derecho y directiva pública profesional.