Un país sin un plan B para afrontar una recesión histórica

España necesita una reforma fiscal que eleve los ingresos un 2% del PIB en los próximos años y que recorte el gasto público estructural mínimo otro 2%

El pasado sábado las ministras de Economía y Hacienda presentaron el Programa de Estabilidad. Reconocen que en 2020 el PIB caerá un 9%, lo mismo que entre 2008 y 2013. Que la tasa de paro acabará este año próxima al 25% y cinco millones de parados, que el déficit superará el 10% y que la deuda pública aumentará hasta el 115% del PIB. El plan de política económica se diseñó hace algo más de un mes para un escenario de crisis corta y con mínimo impacto. Ahora asumen una crisis muy intensa y duradera y mantienen el plan. Pocas horas después el presidente desde La Moncloa lo confirmó: “No hay plan B”.

La política, como la vida, es pura contingencia. En condiciones normales no tener un plan B es arriesgado, con extrema incertidumbre es un suicidio. Tras el dato de PIB del primer trimestre es probable que el escenario del Gobierno se quede corto. El Gobierno espera que los salarios sigan subiendo un 2% este año y muchas empresas ya han comenzado a reducirlos. Esperan una caída del 10% de las importaciones de los países a los que exportamos y un desplome del 27% de nuestras ventas en el exterior. Las exportaciones siempre han sido las que han sacado a la economía española de las recesiones y esta vez son la principal causa de la crisis, sobre todo el turismo y el sector del automóvil, con un escenario muy incierto para 2021.

El Gobierno espera una caída de ingresos públicos del 5%, la mitad que la caída del PIB nominal, y la presión fiscal aumentaría dos puntos de PIB. Eso no ha pasado en ninguna recesión y menos sin aprobar medidas de subidas de impuestos en el programa. Haciendo un supuesto prudente de una elasticidad unitaria entre ingresos y PIB, el déficit público sería del 12,5%. A eso hay que sumar la renta mínima de inserción que el Gobierno ha prometido, pero olvidó incluir en el programa enviado a Bruselas. Limitan los ERTE a unos tres meses, pero el presidente ayer dijo que están negociando con los agentes sociales prorrogarlos. Y a eso habrá que añadir planes de inversión pública para reactivar la economía que irán surgiendo en las próximas semanas.

En su libro El dilema el presidente, Zapatero reconoció que una lección de la crisis de 2008 fue que España no puede financiar un déficit del 10% del PIB. Y otra lección del rescate de 2012, aunque Rajoy sigue negando que fuera rescatado, es que es mejor tomar las decisiones tú que te las impongan desde fuera en medio de una fuga de capitales. Esta vez España se ha podido conectar al respirador automático del BCE y eso nos mantiene financieramente con vida. ¿Cuál es el plan si el BCE decide reducir el oxígeno que nos proporciona?

Visto que ni el Gobierno ni la oposición ni las comunidades autónomas tienen un plan B, a continuación analizaré las claves que debería incluir. La teoría y la historia económicas nos enseñan qué hacer cuando un país tiene una crisis fiscal y un problema de sostenibilidad de deuda. Bravo Murillo y Raimundo Fernández Villaverde lo tuvieron que hacer y les han puesto su nombre a dos de las principales avenidas de Madrid. España, lamentablemente, es el país del mundo que más veces ha reestructurado su deuda pública. Estos dos ministros lo hicieron bien, el resto fueron un desastre y provocaron caos y miseria.

Para que una deuda sea sostenible es necesario que el PIB crezca más que el tipo de interés medio que paga por su deuda pública y tener un superávit primario excluyendo el pago de intereses. España es una economía muy agradecida con alto potencial de crecimiento y seguramente volverá a crecer en cuanto recobre ciertas condiciones de estabilidad. Pero serían necesarias reformas que permitan incorporar más innovación en los bienes y servicios que producimos. Dentro del euro tenemos tipos bajos, fuera volveríamos a los momentos más oscuros de nuestra historia.

Nuestro problema es fiscal. En 2019 el gasto público primario, excluyendo el pago de intereses, fue del 39% del PIB, 3 puntos más que en 1999, antes de entrar en el euro, montar la burbuja inmobiliaria y creernos ricos. Y el déficit estructural, excluyendo los efectos del ciclo, en 2019 era del 3%. O sea, durante 20 años los españoles hemos financiado gasto corriente con deuda pública que pagarán nuestros hijos por 30% del PIB. En 2020, con la pandemia y la crisis la deuda, aumentará mínimo otro 30% del PIB. Si no cambiamos nada, financiaremos aún más gasto corriente con deuda pública que pagarán mis nietos, que aún no han nacido. España necesita un Bravo Murillo o un Raimundo Fernández Villaverde que haga un reforma fiscal que aumente los ingresos un 2% del PIB en los próximos años. Y que recorte el gasto público estructural mínimo otro 2% del PIB.

El problema principal está en las pensiones, que este año tendrán un agujero superior a los 30.000 millones. Las pensiones se crearon para proteger de la pobreza y el 70% de los pensionistas cobra menos de 1.000 euros y están en ese umbral, el resto son insostenibles. La Administración necesita un plan de transformación digital completo y aumentar la productividad de los funcionarios. El confinamiento ha demostrado que teletrabajar con muchos menos empleados públicos es posible.

La historia nos enseña qué hacer. Los españoles solo tenemos que decidir cuánto tiempo tardamos en tomar las decisiones.

José Carlos Díez es profesor de Economía de la Universidad de Alcalá