Las camas UCI y las de enfermos agudos, requisitos para pasar de fase

Abre la mano a que la unidad territorial para el desescalado no sea únicamente la provincia

Personal sanitario totalmente protegido atiende a un paciente ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes (Madrid).Eduardo Parra (Europa Press)

El Ministerio de Sanidad ha publicado este domingo una orden en el Boletín Oficial del Estado en la que detalla un "sistema de cogobernaza" junto a las Comunidades Autónomas para la fase de la desescalada. Algunas de ellas vienen pidiendo de forma insistente la recuperación de sus facultades para gestionar los siguientes pasos a tomar en la crisis del Covid-19, aunque el texto normativo sigue fijando que la última palabra la tiene Sanidad. Se valorarán un conjunto de parámetros, pero hay dos obligados que vienen en la norma: la disponibilidad de camas UCI y la de camas hospitalarias para enfermos agudos.

Ese sistema de cogobernanza establece un proceso que busca que el avance entre las distintas fases de desescalada de los territorios que componen cada región sea consensuado entre gobiernos regionales y Ejecutivo central. Aunque este establece unos requisitos mínimos que las autonomías deberán cumplir.

Uno de ellos tiene que ver con la capacidad de estas para poder responder a un rebrote de la pandemia. La orden fija que para tener en consideración una propuesta de desescalado, el territorio en cuestión deberá "disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y 2 camas de Cuidados Intensivos (UCI) por cada 10.000 habitantes". El otro es tener capacidad para instalar entre 37 y 40 camas para "enfermos agudos" por cada 10.000 habitantes y en el mismo plazo de tiempo.

Además, exigirá que la CC AA en cuestión siga proporcionando los datos de situación de la pandemia en su territorio de manera "puntual y con la debida calidad".

En esas propuestas, los gobiernos autonómicos, y también Ceuta y Melilla, deberán detallar qué medidas de desescalada propone y sus fechas para la entrada en vigor; que capacidades estratégicas tiene su sistema sanitario; qué evolución epidemiológica espera para el territorio que propone que avance de fase, y qué mecanismos introducirá para reducir el riesgo.

Todo este análisis deberá basarse en varios indicadores, que serán los que determinen si una provincia puede pasar de fase: los sistemas de alerta precoz y vigilancia epidemiológica disponibles; la capacidad para identificar y contener de forma rápida las fuentes de contagio; su capacidad de aislamiento y control de esas fuentes confirmadas y también de las potenciales;y la situación de la atención primaria y de la asistencia hospitalaria.

Indicadores estadísticos

También deberán detallar los mecanismos y estructuras existentes y previstas para garantizar las medidas necesarias de protección colectiva para reducir el riesgo de transmisión. Otros indicadores serán estadísticos, con datos de la evolución de la pandemia en términos de transmisión, casos activos y capacidad de identificación, aislamiento y control de casos y contactos. Y por último, "cuantos otros elementos se considere oportuno incluir respecto al impacto epidemiológico y sanitario de la propuesta realizada" o aspectos de índole económico y social.

La norma no establece un número concreto mínimo de personal sanitario disponible. Sí dice que no recomienda "un número de profesionales inferior" al existente en la fecha de entrada en vigor de la primera prórroga del estado de alarma, el 27 de marzo. "Sí será necesaria la reorganización de los mismos de acuerdo con las prioridades de esta fase de transición, dotando a las estructuras de salud pública y atención primaria de los recursos necesarios".

No solo provincias

En el texto publicado esta tarde en el BOE, Sanidad abre la mano a que la unidad territorial sobre la que realizar las diferentes propuestas de desescalada no sea solo la provincia, isla o ciudad autónoma, como se ha defendido hasta ahora. "De manera motivada, podrán establecerse ámbitos de aplicación diferenciados en unidades de nivel territorial distinto", dice la orden ministerial.

En este caso, las propuestas que remitan las consejerías de sanidad de cada autonomía deberán especificar las razones por las que un territorio en concreto tiene unas condiciones que aconsejan un tratamiento diferenciado del de la provincia o autonomía; unas garantías de movilidad y aislamiento que deberán aplicarse en ese territorio respecto al resto de provincia o autonomía; y deberán añadir las consultas realizadas a las entidades locales en cuestión, por ejemplo un ayuntamiento si se trata de un municipio.

Una vez enviadas todas las propuestas en base a estos principios, Sanidad las analizará con la consejería de la autonomía en cuestión, y fija al menos una reunión bilateral entre ellas "de carácter virtual". También se consultará a los ministerios que a los que puedan afectar las propuestas remitidas.

La decisión definitiva la tomará  el Ministerio de Sanidad y "corresponderá a las autoridades competentes de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas, así como a las entidades locales", la ejecución.