Lo que el Covid-19 nos ha enseñado de las infraestructuras de conectividad

La crisis sanitaria ha evidenciado el esfuerzo regulatorio e inversor en redes de banda ancha, pero también la existencia de brechas digitales

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Día 16 de marzo de 2020. España vive el primer día laborable de un estado de alarma en su historia democrática que afecta a la totalidad de su ciudadanía. La población española, mayoritariamente confinada en sus hogares, traslada a las redes la vida laboral, educativa, personal y un sinfín de actividades que hasta la semana anterior se habían desarrollado en un entorno presencial. Las infraestructuras de conectividad del país experimentan un incremento de intensidad de tráfico de voz y datos superior al 80% sin incidentes relevantes. Se había superado con éxito la mayor experiencia de digitalización colectiva que hubiera podido imaginarse en un plan de contingencia. Y así se ha mantenido durante los sucesivos días de la situación de excepcionalidad creada por la crisis sanitaria del Covid-19.

La situación de continuidad de servicio en las redes españolas contrastó con las circunstancias de congestión acaecidas en otros Estados miembros de la Unión Europea, que condujeron a la Comisión Europea conjuntamente con el Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (Orece) a establecer un mecanismo extraordinario de vigilancia. Las redes de banda ancha de muy alta velocidad en España han demostrado su resiliencia y un alto nivel de excelencia en su diseño y gestión. Sin apenas estrés, han pasado de soportar el teletrabajo del 4,3% de la fuerza laboral (según datos de Eurostat) a habilitar el teletrabajo del 46% (según datos de Metroscopia).

El logro alcanzado no ha sido fortuito, sino el resultado de una labor intensa de colaboración público-privada que ha estado desarrollándose durante años, intensificada en el último bienio, y que continúa desarrollándose actualmente. En primer lugar, cabe resaltar que España dispone de un dinámico sector de las telecomunicaciones. En los años más duros tras la crisis financiera de 2008, las operadoras nacionales aceptaron el reto de realizar las inversiones necesarias para dotar a España de una moderna red de fibra óptica, creando un alto número de puestos de trabajo y estableciendo las bases para un crecimiento económico inteligente.

En segundo lugar, se acompañó este esfuerzo con una regulación que favoreció el desarrollo de este clima inversor y estableció un marco de protección del consumidor adecuado para la adopción de los servicios. Además, la Administración acometió acciones de apoyo financiero que permitieron impulsar la extensión de la cobertura en las áreas donde había fallos de mercado, con ayudas que solo en el periodo 2018-2019 se han elevado hasta los 270 millones de euros destinados a proyectos para el despliegue de redes de alta capacidad en las zonas territoriales menos conectadas.

Como resultado del esfuerzo colectivo del país, España ostenta una posición de liderazgo internacional en infraestructuras de conectividad: la red de fibra óptica más extensa de Europa con más de 45 millones de accesos instalados; más de 10 millones de usuarios de fibra óptica, duplicando el número de abonados de la generación anterior de tecnologías de banda ancha. El milagro español de la fibra óptica comienza a extenderse a la tecnología 5G, siendo en la actualidad el país de la Unión Europea con mayor número de ciudades con servicios 5G desplegados, habilitando un escenario altamente favorecedor para la creación de ecosistemas digitales, claves en este momento de reconstrucción económica tras la crisis sanitaria del Covid-19.

La declaración del estado de alarma calificó como esenciales las redes y los servicios de telecomunicaciones. Nuestras infraestructuras de conectividad han estado a la altura del reto al que nos hemos enfrentado, han sido claves para que a la disrupción de la pandemia no se añadiera la interrupción de los servicios digitales y han habilitado el mantenimiento del pulso vital económico y social. La emergencia sanitaria del Covid-19 ha puesto de manifiesto que el esfuerzo inversor y regulatorio en el ámbito de las redes de banda ancha fija y móvil ha dado los frutos necesarios en el momento adecuado y, a la vez, más inesperado.

Pero esta situación también ha puesto de relieve que existen brechas digitales, personas y empresas que tienen limitado su acceso al mundo digital. El desarrollo de un país cohesionado en las dimensiones social, económica y territorial nos exige hacer aún mayores esfuerzos para extender la conectividad sin dejar a nadie atrás, afrontando el reto demográfico y la despoblación, y atendiendo las necesidades específicas de los más vulnerables. Por eso es necesario continuar avanzando en el despliegue de las redes de alta capacidad; en las infraestructuras de conectividad ultrarrápidas que sirvan de palanca para la reconstrucción económica y que culminen la vertebración digital del territorio, y en el despliegue de las redes y servicios 5G, que por su impacto en todos los sectores reúne las características necesarias para ser el gran proyecto sectorial anticíclico que nos haga más fuertes como país ante posibles futuras crisis.

Roberto Sánchez Sánchez es Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales