¿Puede la renta mínima reforzar la economía sumergida?

Salvo que se suprima el efectivo, su aplicación fortalece la actividad informal cuando esta supera del 5% al 7% del PIB

Efe

La idea de facilitar una renta mínima a todos los ciudadanos con pocos ingresos o sin ellos me parece importante y estoy a favor de ella. Pero hay que tener cuidado con los excesos de voluntarismo, con las grandes políticas, tan tentadoras para los dirigentes en tiempos confusos. Una medida del calado de una renta social mínima necesita ser reflexionada a fondo. Si queremos que tenga éxito, es fundamental elegir el momento y las circunstancias en que puede aplicarse.

Lo más urgente ahora es que lleguen a las empresas y a las personas las medidas ya aprobadas. Están tardando demasiado y provocando más ahogo del previsto. La Administración debe ser más ágil en inyectar liquidez al sistema productivo, en resolver los ERTES y ERES, en aplazar el cobro de tasas, impuestos y contribuciones a los más comprometidos por el confinamiento y en reforzar los sistemas de asistencia social. Todo ello supone un enorme esfuerzo adicional de gasto, que vendrá acompañado de una significativa caída de ingresos públicos y elevará el déficit del Estado a máximos históricos.

En un país como España, con una importante economía sumergida (diversas estimaciones la sitúan entre el 15% y el 25 % del PIB), implantar un sistema de renta mínima contribuirá a reforzar la situación. La razón es que entregará dinero a los que tienen escasos ingresos oficiales, como casi todos los que se las arreglan para evadir impuestos.

En estos momentos, los agentes minoristas que operan, en todo o en parte, en la economía informal (comercios, bares, talleres, recogedores de chatarra y otros materiales reciclables…), los manteros o, ya dentro de lo criminal, los que venden porros o papelinas lo están pasando mal, como los mayoristas que les apoyan. Sus ingresos en especie están directamente afectados por el confinamiento establecido para evitar la propagación del Covid-19. La gente no sale, no compra y, además, tiende a usar menos el efectivo, que es una fuente potencial de contagios. Mucha economía informal está tirando de reservas y recurriendo a ayudas de la familia. Los más desprotegidos acuden a las organizaciones que facilitan alimentos a los necesitados.

Un problema adicional, es que a ellos no les llegan las ayudas públicas para paliar los efectos del parón de la economía. A los que están parcialmente legalizados les llegan solo en parte. Zonas de Europa con mucha economía informal, como el sur de Italia, están teniendo graves problemas.

Los agentes de la economía sumergida no existen en la vida legal, o solo existen parcialmente. Por eso, no pueden aprovechar bien las medidas de apoyo para autónomos y pymes que se están implantando. Eso tiene una parte positiva. La angustia que provoca la sensación de ahogo les obligará a reflexionar, a replantearse su situación, y los que habitan en el espacio de actividades permitidas quizá empiecen a considerar la posibilidad de legalizarse.

En España, y en otros países mediterráneos, es necesario que se sienta esa presión sobre una excesiva economía informal. Su existencia es la principal razón de nuestros problemas de déficit público y de la desconfianza que inspiramos en los países del norte de Europa sobre nuestra capacidad de corregir la situación.

Si la exhausta Hacienda Pública se ve obligada ahora a acometer un programa de renta mínima, facilitará un respaldo a muchos de los que defraudan (gente con pocos ingresos conocidos) para que lo sigan haciendo con mayor tranquilidad. El resultado puede ser un desastre, si aumentamos los gastos y reducimos los ingresos. Un riesgo que no nos podemos permitir. España es un país en que nos cuesta bastante hablar de asuntos de dinero con seriedad y somos, con frecuencia, una sociedad demasiado condescendiente hacia los que evaden sus obligaciones tributarias.

Hace tiempo que propugno que la Europa del euro debe emprender, con las precauciones precisas, el camino por el que ya transitan otros países miembros de la UE, Dinamarca y Suecia: el de suprimir el dinero efectivo, de forma programada y en pocos años. Es la primera vez que la tecnología permite hacerlo desde que se inventó el dinero hace más de 20.000 años. A los jóvenes no hace falta explicárselo. Si lo hacemos, mejorará mucho la recaudación de impuestos y disminuirá el gasto público en seguridad. También avanzaremos hacia un sistema productivo más eficaz, porque el efectivo es el sistema de pago más caro de manejar y, encima, está protegido por el Estado (es obligatorio aceptarlo y no se puede aplicar un recargo por emplearlo). En definitiva, si lo hacemos bien, podemos construir una sociedad más justa y segura.

En esas circunstancias, un programa de renta mínima sería más viable y ayudaría en la transición a una sociedad sin papel moneda. Porque, además de su efecto para el conjunto de los ciudadanos, animará a los que deseen legalizar su actividad, al permitirles hacerlo en un contexto favorable. Pero hay que insistir, si no se inicia un proceso de este tipo, no se debería implantar una renta mínima en países con economía sumergida superior al 5%-7%. Porque la haría aún más resistente, al transferir recursos de los que pagan impuestos a algunos que no los pagan.

Enrique Sáez Ponte es Economista. Autor de libertadxxi.com