El riesgo de adoptar medidas complejas al calor de la urgencia

La crisis por la pandemia no es el mejor momento para aprobar una renta vital con carácter permanente

Tras un preámbulo de declaraciones contradictorias y, una vez más, de preocupantes signos de descoordinación interministerial, el Gobierno confirmó ayer que presentará en los próximos días un modelo de renta mínima dirigida a un millón de hogares en exclusión, unos tres millones de ciudadanos. El denominado ingreso mínimo vital irá dirigido a familias, completará la percepción de otras prestaciones o de salarios muy bajos por infraempleos y no se circunscribirá a cubrir las necesidades económicas derivadas de la pandemia de Covid-19, sino que tendrá carácter permanente. La prestación, como explicó ayer el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, se financiará con deuda pública.

La aprobación de una renta mínima vital por parte del Gobierno no es una sorpresa, dado que forma parte del acuerdo que suscribieron en su día el PSOE y Unidas-Podemos para formar su coalición. Cuestión distinta es el momento que se ha elegido para aprobarla, en medio de una emergencia sanitaria sin precedentes y frente a una crisis económica histórica, y la aparente precipitación con que se está abordando su diseño. Pensada como un instrumento de soporte a colectivos con severas dificultades económicas, la renta vital cuenta con serios inconvenientes que es necesario sopesar cuidadosamente y tratar de neutralizar, como el riesgo de desincentivar la actividad laboral en sus perceptores o la necesidad de contar con una financiación sostenible a largo plazo que sea compatible con una gestión saludable de las finanzas del Estado. Todo ello hace especialmente necesario que su aprobación vaya precedida por un debate amplio y reposado, respaldada por estudios suficientes, en diálogo abierto con comunidades autónomas, fuerzas políticas e interlocutores sociales y tramitada parlamentariamente. Condiciones todas ellas incompatibles con una coyuntura de emergencia como la actual, plagada de interrogantes y sin un mensaje claro por parte del Gobierno.

Es indudable que la crisis económica que generará la lucha contra la pandemia de Covid-19 tendrá graves consecuencias sociales y elevará de forma exponencial el riesgo de exclusión. Se trata de una situación extrardinaria que hará necesario aprobar ayudas extraordinarias con el fin de socorrer a los miembros más débiles de la sociedad. Pero la solución aportada por el Gobierno nace con vocación estructural y lo hace en un momento de precaria situación de las finanzas públicas, con un déficit previsto para el año del 9,5% y una deuda que va a superar el 110%. En esas condiciones, no es este el mejor momento para poner en marcha un programa de semejante complejidad gestado al calor y con el riesgo de la urgencia.