Un mensaje de paralización económica muy peligroso
La medida de paralizar la actividad economica puede estar justificada desde el punto de vista sanitario, pero ha estado mal diseñada y peor comunicada
La decisión del Gobierno de dar otra vuelta de tuerca al confinamiento de los españoles puede estar justificada desde el punto de vista sanitario, pero ha estado mal diseñada y peor comunicada desde la perspectiva de su impacto sobre la economía. A pocas horas de su entrada en vigor, ni las grandes ni las pequeñas empresas estaban en condiciones de organizarse, pues no sabían si estaban incluidas o no entre aquellas de sectores considerados esenciales y en qué medida podrían hoy contar con sus empleados. La imprevisión, la inseguridad jurídica, los errores legislativos, las indefiniciones, contradicciones y lagunas de las normas que está aprobando al Gobierno para hacer frente al coronavirus están agravando las consecuencias, especialmente las económicas, de la pandemia.
El Consejo de Ministros extraordinario aprobó ayer un “permiso retribuido recuperable” para reducir la movilidad de trabajadores como consecuencia de la pandemia. Sus efectos prácticos son más bien limitados y tratan de poner remedio a no haber incluido la construcción entre los sectores que deberían parar su actividad. En la práctica, la situación no cambia para la mayoría de los empleados. En buena parte de los servicios se había generalizado el teletrabajo, y así va a seguir siendo, pues no se ve afectado por la nueva norma, de igual modo que quienes estén de baja por enfermedad o cuarentena, cuya situación tampoco cambia. En la industria, se mantiene la energía, la petrolera, la química, la electrointensiva, la siderurgia y hasta la minería. Las fábricas de coches llevan tiempo paradas por los expedientes de regulación temporal de empleo y tampoco se ven afectadas, lo mismo que otras que ya habían cesado en su actividad, como el comercio, la hostelería, la restauración, los hoteles o la educación. En cambio, alimentación, sanidad, telecomunicaciones, petróleo, electricidad, agua, gas, medios de comunicación y transporte, sectores estratégicos, siguen operando y sus empleados pueden ir a trabajar. Pero también gestorías, notarios, registradores, repartidores a domicilio de comidas o de compras por internet quedan al margen del permiso retribuido y sus “personas trabajadoras”, como las llama el decreto redactado por Trabajo, pueden seguir yendo a sus puestos de trabajo.
El impacto, por tanto, es menor de lo que aparenta (siempre a falta de la confirmación oficial del contenido concreto de la norma) y el Gobierno podría haber planteado las medidas con antelación de modo que permitiese a los agentes económicos organizarse y planificar su respuesta. Pero el Ejecutivo ha optado por gestionar la situación en términos de lo que aparentaba ser mejor para su política de comunicación y no para el conjunto del país y su economía.