El Congreso respalda los decretos del Gobierno para hacer frente a la crisis económica

Un momento del pleno celebrado este miércoles en el Congreso de los Diputados en Madrid, que ha contado con una asistencia reducida de parlamentarios a causa de las medidas para contener el coronavirus. Además de la convalidación de los decretos económicos para paliar las consecuencias sociales de la pandemia del coronavirus, el Congreso debate la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 11 de abril.
Un momento del pleno celebrado este miércoles en el Congreso de los Diputados en Madrid, que ha contado con una asistencia reducida de parlamentarios a causa de las medidas para contener el coronavirus. Además de la convalidación de los decretos económicos para paliar las consecuencias sociales de la pandemia del coronavirus, el Congreso debate la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 11 de abril. EFE

El Congreso de los Diputados convalidó este miércoles los tres decretos-ley aprobados por el Gobierno para mitigar el impacto en familias, empresas y autónomos de la crisis del Covid-19 con numerosas medidas económicas y sociales e iniciativas que movilizarán unos 200.000 millones de euros en su conjunto.

La adopción sale adelante con el voto favorable del PSOE y Unidas Podemos, junto al de partidos como PP, Ciudadanos y PNV. Vox, en cambio, votó sí a dos reales decretos y 'no' al último por incluir una disposición adicional que permitirá al vicepresidente Pablo Iglesias sentarse en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Su defensa corrió a cargo de la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien refirió que compendian medidas "muy potentes" por cuantías equivalentes al 20% del PIB para, sobre todo, reforzar el sistema sanitario, establecer una red de seguridad a las personas, y apoyar al tejido productivo para que la recuperación sea rápida cuando quede atrás el Covid-19.

"Contener la expansión del virus es prioritario y evitar esta crisis sanitaria", admitió, pero también explicó que toca arbitrar soluciones excepcionales para que la crisis económica sea también "lo más corta y menos dolorosa posible" y, para eso, "resulta imprescindible conservar el tejido productivo".

A la vez que pidió apoyo parlamentario y unidad de acción, se anticipó a las demandas de los partidos asegurando que el catálogo no está cerrado y las actuaciones ya aprobadas "se podrán ver complementadas por nuevas medidas", en "función de las necesidades que se vayan detectando en nuestro seguimiento continuo de la situación".

Los mayores reproches de varios partidos, entre ellos PP y Vox, es por "colar" en uno de los decretos un articulado que permitirá al vicepresidente del Gobierno y dirigente de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, sentarse en la Comisión Delegada del CNI. Vox, votó precisamente en contra al texto por eso, aunque apoyó los otros dos.

Pero fue la ausencia de ciertas medidas o su calado la queja mayor de los diputados. Algunos de ellos reprochaban que no se haya establecido una moratoria en el pago de los alquileres, después de que Calviño reconociese que se evalúa.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, reclamó hostales para quienes no tienen casa, prohibir los despidos, una renta para colectivos vulnerables "que se amplíe el día de mañana de forma universal", un "impuesto de confinamiento extraordinario" para las plataformas de reparto "como Glovo, que dure lo que dure el confinamiento", y ayudas para los autónomos no inferiores al salario mínimo interprofesional. "Si dejamos caer a las familias no habrá país que levantar, si dejamos caer al país no habrá bandera que levantar", glosó.

Rufián coincidió con diputados como el Más País, Iñigo Errejón, o el de Unidas Podemos, Txema Guijarro, en reclamar moratorias en el pago de los alquileres. Errejón fue más allá y pidió parar toda la actividad laboral que no resulte imprescindible. "Hoy cuidarnos es parar el país", afirmó.

Por su parte Txema Guijarro validó la "pertinencia y urgencia" de los reales decretos en debate, pero instó más ambición en los alquileres, iniciativas para aquellas personas en desempleo que no pueden continuar su búsqueda de empleo y para los autónomos.

Para el diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, el Gobierno llegar "tarde y mal" y toca mantener el empleo y facilitar liquidez como máxima prioridad, siendo el despido el "último recursos". Pidió exenciones o reducciones de impuestos como el IVA o el de sucesiones y dar un "giro de 180 grados" en la política del Gobierno, renunciando a cualquier medida que se traduzca en cargas regulatorias, fiscales y sociales" para no ahogar a empresas y economía. O sería, según dijo, "como si fuese un hombre metido en un cubo y tirando del asa".

Mario Garcés, diputado del PP, expresó su apoyo, pero pidió su tramitación como proyecto de ley, y demandó una batería de medidas: reducir un 50% el impuesto de sociedades "para todas las empresas afectadas", ampliar el plazo del IVA y del IRPF o que se permita rescatar el dinero de los fondos de pensiones. Garcés demandó al Gobierno medidas para "que la economía se mantenga viva" y que evite que "sus aliados" consideren que la crisis es "una puerta abierta para un cambio del modelo económico" que cercene la libertad.

Normativas frente a la crisis

Los reales decretos-ley convalidados fueron aprobados en las reuniones del Consejo de Ministro celebradas los días 10, el 12 y el 17 de marzo. El primero prohibió los vuelos con Italia y la celebración de eventos multitudinarios y reforzó la protección a colectivos vulnerables en riesgo de desahucio hipotecario, a la vez que aprobó considerar baja laboral el confinamiento de personas contagiadas o bajo supervisión por riesgo.

Calviño puso especial énfasis en la prórroga de la moratoria sobre desahucios durante cuatro años y que impedirá desalojar a familias vulnerables, garantizando preservarán su vivienda hasta el año 2024. Según detalló, garantiza el techo a alrededor de 29.000 familias.

Apenas dos días después, el 12 de marzo, un Consejo extraordinario movilizó 18.225 millones de euros para reforzar el sistema sanitario en las comunidades autónomas y facilitar ayudas a pymes y a las familias afectadas por el cierre de los centros escolares. Bajo esta norma se creó una línea del ICO de 400 millones para financiar al sector turístico, de transportes y hotelero y el aplazamiento en seis meses en el pago de los impuestos a autónomos y pymes.

Alrededor de 3.800 millones del pack irán a las comunidades autónomas para reforzar la atención sanitaria y proteger a los profesionales sanitarios. "El Gobierno no escatimará esfuerzos y recursos para que el sistema sanitario pueda hacer frente a esta crisis", garantizó Calviño durante su intervención.

Junto a esta medida se decidió también ampliar las bonificaciones a la Seguridad Social en los contratos fijos discontinuos en los sectores más afectados, flexibilizará las reglas de las franjas aéreas aeroportuarias o que Renfe facilitase los cambios y anulaciones de billetes sin coste a viajeros afectados por las medidas del coronavirus.

Y el día 17, apenas cuatro días más tarde, otro Consejo de Ministros acordaba movilizar 200.000 millones entre inversión pública, avales de pago y capital privado, para proteger a familias y trabajadores de los efectos económicos del coronavirus.

Bajo este paraguas se incluyen 100.000 millones en avales del ICO, con coberturas de entre el 65 y 80%, para que la banca financie e inyecte liquidez en empresas, pymes y autónomos; la dotación de 600 millones para reforzar las políticas sociales del Gobierno central y de ayuntamientos y la agilización de los ERTE realizados por el coronavirus condicionado a que la empresa garantice, al menos, seis meses el puesto de trabajo cuando vuelva la actividad.

Calviño puso especial atención sobre los ERTE como "red de seguridad" para que los trabajadores tengan acceso a las correspondientes prestaciones y se haga con costes del Erario para que las empresas puedan recuperarse cuando acabe la crisis sanitaria.

El pack incluye también el cobro del paro sin la cotización mínima y moratorias en las cuotas de amortización para familias vulnerables, trabajadores y autónomos que vean caer sustancialmente sus ingresos, junto a la prohibición del corte de servicios básicos a los colectivos vulnerables, como luz, gas, aguas o telecomunicaciones.

También incluía medidas de protección de empresas estratégicas frente a ofensivas hostiles ya que establece una especie de 'golden share' que obliga a pedir permiso al Gobierno a cualquier inversor de terceros países que quiera comprar más de un 10% de esas compañías.

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