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ERTE a 290 euros: ¿abogacía 'low cost' o publicidad engañosa?

La oferta de un despacho 'online' creado en plena crisis despierta las críticas de otros laboralistas que la califican de desleal o temeraria

Imagen de la portada de la web www.eredirect.es en la que se anuncian los ERE y ERTE a partir de 290 euros.
Imagen de la portada de la web www.eredirect.es en la que se anuncian los ERE y ERTE a partir de 290 euros.

"Primer despacho de abogados low cost que gestiona ERE y ERTE derivados por coronavirus por 290 euros". Este anuncio fue colgado en la plataforma de distribución de notas de prensa Comunicae el pasado martes. El texto lo remite EREdirect.es, un bufete nacido en plena crisis sanitaria "de la unión de varios profesionales reconocidos en el sector jurídico-laboral" (aunque no los detalla). La oferta se dirige "a empresas de todos los tamaños y sectores a precio asequible y solidario, y completamente online y sin desplazamientos".

En la nota apenas hay más información sobre el bufete; solo se especifica que tiene su sede central en Barcelona, aunque no se facilita ninguna dirección. La web del despacho (www.eredirect.es) tampoco proporciona muchos más datos, salvo presumir de contar con "más de 20 profesionales especializados" (aunque tampoco da sus nombres) y "más de 1.050 clientes gestionados". De hecho, la única manera que se habilita para contactar con la organización es un formulario que el usuario debe rellenar con su nombres y su teléfono. Una vez completado, la página responde que se le dará respuesta "lo antes posible".

La oferta de EREdirect es el último episodio de la conocida como abogacía low cost, término que se emplea para describir determinados servicios jurídicos que, según sus defensores, pueden estandarizarse y prestarse de forma mucho más barata.

Oferta engañosa

¿Es realista ofrecer ERTE a 290 euros o se trata de una oferta temeraria? La mayoría de abogados consultados (más de una decena) se decanta por la segunda opción. Víctor Canalda, abogado y profesor de Derecho Laboral de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), considera que puede tratarse de una oferta "competitivamente desleal" o, incluso, "temeraria y engañosa" por no poder garantizar, por ese precio, una correcta tramitación del expediente.

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Otro laboralista que prefiere el anonimato también se muestra crítico. "Quien ofrece ese trabajo a ese precio no tiene la menor idea de lo que es una suspensión de contratos de trabajo o un despido colectivo", asevera. Y califica la práctica como "contraria a toda ética y deontología profesional".

En la misma línea, el abogado laboralista Juan Antonio Salmerón afirma que 290 euros es un precio "muy inferior a lo que se suele facturar por uno de estos expedientes". Y, en este sentido, recuerda los criterios orientativos del Colegio de Abogados de Murcia: 1.000 euros y 225 euros por trabajador en el caso de los ERE, y 550 euros y 130 euros por trabajador para un ERTE.

Sin embargo, no todos son tan críticos con el anuncio de EREdirect. Un letrado que admite que en su despacho es raro que el precio del ERTE baje de los 2.000 euros reflexiona: "Si pueden asumir ese precio y les renta, ¿por qué no? Es el mercado".

En la misma línea, Álvaro San Martín, del bufete Casadeley, cree que, en los casos más sencillos, el ERTE puede facturarse "perfectamente" a 300 euros. "Un proceso completo para una cafetería con cinco empleados, por ejemplo, puede llevar entre una y dos horas de trabajo y ajustarse a ese precio". Eso sí, el abogado especifica que fuera de estos supuestos carentes de complejidad cobrar tan poco "sí puede suponer una competencia desleal, ya que el precio puede no ser rentable al tiempo invertido".

CincoDías Legal se ha puesto en contacto con EREdirecto, pero desde el bufete no han querido dar ninguna explicación sobre su forma de trabajar, el perfil de sus profesionales o qué garantías ofrecen sobre la calidad de su servicio.

Deontología

Rafael del Rosal, abogado experto en deontología, afirma que la campaña descrita no cumple las normas profesionales. En concreto, continúa, vulnera los artículos 6 y 7 del Código Deontológico de la Abogacía Española, que regulan las reglas de la publicidad y el deber de lealtad profesional. "Estamos ante una publicidad engañosa y confusa, porque da a entender un precio que no es real y, además, no se sabe quién está detrás de esa oferta", asevera. En su opinión, concluye, se trata de un sistema de captación de clientes para, posteriormente, derivárselos a otros despachos previo pago de una comisión.

Carlos Valls, socio de Augusta Abogados y experto en ética profesional, señala otros posibles incumplimientos deontológicos que "habría que analizar". En primer lugar, por falta de identificación del abogado o el despacho; en segundo término, por no especificar el colegio al que pertenecen; y, por último, por intentar captar clientes víctimas directas o indirectas de una catástrofe, práctica también prohibida en el artículo 6.3.c) del Código Deontológico.

¿Son los ERTE un servicio estandarizable?

Automatizar tareas. La pregunta, para entender si la oferta de EREdirect es realista o fraudulenta, es si la tramitación de un ERTE permite introducir la automatización suficiente para hacer rentable un precio tan bajo (algo así como la fórmula Arriaga). La mayoría de laboralistas consultados entiende que no. "Una asesoramiento de profesionales con un mínimo de solvencia técnica y experiencia hace inviable tal propuesta. Es posible que el servicio incluso sea mecanizado, por personal no cualificado, lo que puede repercutir negativamente en el resultado", remarcan desde un despacho laboralista. "Te juegas mucho en un informe que te pide demostrar el acogerte a la llamada la fuerza mayor", inciden desde otro bufete, que subraya que, por ese precio, no puede darse a la documentación del expediente la atención necesaria para evitar errores.

Un trámite delicado. En lo que coinciden todos los especialistas en derecho laboral es en que un expediente de regulación temporal de empleo es un trámite muy delicado en el que muchas empresas se están jugando su viabilidad económica. Por ello, Emma Gumbert, abogada laboralista y miembro de la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), recomienda a las compañías "que obtengan un buen asesoramiento legal". De lo contrario, continúa, "pueden verse en la obligación de cerrar porque no puedan hacer frente a los pagos".

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