El blindaje a los fondos extranjeros pone en cuarentena al capital riesgo

La norma seca al ‘venture capital’ y pone en espera las grandes ventas del ‘private equity’

AFP

El Gobierno decidió este miércoles exigir una autorización previa para todas aquellas operaciones que supusiesen la toma de un 10% de una compañía española que opere en determinados sectores "estratégicos". La medida provocó un contundente rebote de la Bolsa, pero también ha puesto en jaque a otra industria: la de los fondos de capital riesgo. Estos vehículos, en su mayoría con sede en EE UU, se habían destacado en los últimos años como uno de los principales actores de la economía española.

El capital riesgo invirtió en España el año pasado 8.500 millones, según los datos de su patronal, Ascri. Fue el tercer año de récord consecutivo. El despegue del sector depende de los fondos extranjeros, que suponen más del 90% de esa cifra. Y la mayoría de ellos proceden de fuera de la UE, fundamentalmente de EE UU.

"El listado de sectores es tan amplio en su redacción que pocas operaciones no serán objeto de autorización administrativa. Creo que la medida es de control para que no se produzcan circunstancias anómalas, como la adquisición de compañías a valores muy reducidos, por ejemplo opas con primas sobre los valores de cotización actuales o la adquisición de compañías 'a saldo' en situaciones muy anómalas. No será malo y resultará esperanzador que veamos aplicado este procedimiento, pero lo mejor será que deje de estar en vigor pronto el Real Decreto-ley", indica Íñigo del Val, socio de private equity y M&A de Allen Overy.

Lo cierto es que desde principios de año las fusiones y adquisiciones ya lucían menos lustre. Su valor cayó un 47% en los dos primeros meses del año. Y parece que la tendencia será aún más acusada. Las fuentes consultadas coinciden en señalar que el temor ha inundado el mercado. Estas fuentes indican que si la crisis se extiende en el tiempo todo apunta a un cambio de ritmo en el sector. En lugar de mantener el ritmo inversor, los fondos optarán por mantener y sanear las participadas que tienen en cartera.

Además, el real decreto –que en principio solo estará vigente mientras dure el estado de alarma y no afectará a una posible recuperación del sector posterior– pide expresamente esa autorización gubernamental para alguno de los sectores más activos en los últimos años, como el de la energía. Y, más concretamente, las renovables. Por ello complica la venta de Fotowatio a la china Three Gorges o el intento del fondo de pensiones de Canadá (CPPIB) por hacerse con Q-Energy.

La norma también hace una mención abierta a las empresas involucradas en "la seguridad alimentaria". Una expresión que puede afectar tanto a un fabricante de herbicidas como Rovensa (con fondos suizos como Partners y estadounidenses como Pamplona en la final) o un fabricante de vinos como Alvinesa.

Más complicada queda la situación para el venture capital. La norma habla de una pléyade de sectores (ciberseguridad, inteligencia artificial, robótica, datos o biotecnología) donde casi solo operan startup que dependen para su financiación de rondas con fondos de fuera de España.