Soluciones para frenar la España despoblada
La Administración debe propiciar las condiciones para que los agentes socioeconómicos puedan evitar el actual declive
No solo de la agricultura y la ganadería vive el mundo rural. Aunque dichas actividades han sido y serán el sustento que caracteriza estos territorios, quizá tengan más peso en su configuración futura factores como la cultura y la historia que la mera producción de alimentos. El componente medioambiental supone un problema evidente en la producción industrial del sector primario. Además, dicha industrialización parece haber abocado al cierre a muchas empresas agrícolas y ganaderas, obligando a repensar el sistema socioeconómico actual a través de una mirada obligada al pasado y al futuro.
El problema social que supone la despoblación rural obliga a las Administraciones a poner de su parte recursos suficientes para crear entornos favorables al emprendimiento. ¿Es esto algo nuevo que tengamos que implementar? La respuesta es no. Esto se lleva haciendo desde hace mucho tiempo con financiación de los fondos más cuantiosos, al menos hasta ahora, en términos absolutos y relativos, del presupuesto de la UE, es decir con fondos de la Política Agrícola Común (PAC).
Tras un largo camino recorrido no se deben obviar los resultados, sino aprender de ellos, especialmente para no repetir errores, y además para ser eficientes a la hora de determinar lo prescindible y seguir apostando por lo necesario. Una mirada al pasado reciente en términos económicos debe utilizar herramientas cuantitativas, que permitan determinar el comportamiento de variables económicas relevantes que nos ayuden a mejorar su evolución futura. Evidentemente, un problema complejo necesita muchos más enfoques y el sustento cultural, histórico y humanístico debe ser la base sobre la que se asiente el análisis científico, que además aprovechará elementos tecnológicos para comprender y condicionar la evolución futura.
Cuestiones concretas de ámbito sectorial, tales como el comportamiento del mercado de productos agrarios, la legislación que los regula, el porcentaje final a recortar de los fondos europeos y cuestiones similares, son temas muy importantes, pero no van a determinar el futuro a largo plazo del mundo rural. La eficacia por parte de los agentes socioeconómicos en el aprovechamiento de la dinámica de los mercados, el planteamiento de proyectos eficientes que saquen partido a las oportunidades que proporciona la legislación vigente y sobre todo la correcta ejecución de los fondos públicos que concede la UE, que viene condicionada por la capacidad y cualificación de dichos agentes socioeconómicos, públicos y privados, sí que va a determinar el futuro de los territorios rurales. El capital humano de sus habitantes, condicionado por sus conocimientos y habilidades, es lo que va a concretar su viabilidad a largo plazo, más aún que otro tipo de capital de naturaleza material, que necesita del inmaterial para su correcto aprovechamiento.
El peso de la historia certifica la capacidad que han tenido para desarrollarse económicamente lugares con un eficiente manejo del espacio, que han perdurado en evidentes situaciones de equilibrio, al menos hasta un periodo reciente. Y ha sido precisamente el éxodo rural (de capital humano), en la búsqueda de nuevas oportunidades, lo que ha marcado el declive actual, probablemente provocado por su ruptura con la cultura campesina, cuyo legado ha sido rechazado por sus potenciales herederos, que han renunciado a dicha herencia, a pesar de no estar gravada como base imponible en el impuesto de sucesiones.
Si nos centramos en plantear posibles soluciones a impulsar desde la Administración pública buscando propiciar un entorno favorable para el resto de agentes socioeconómicos, que son quienes realmente deben y pueden evitar el declive poblacional, debemos utilizar un enfoque multidisciplinar, fundamentado en el carácter universal de lo local, para intentar crear una red que conecte sus nodos una vez que estos tengan las condiciones necesarias para aportar algo interesante a la misma.
El éxito o fracaso de medidas de política económica, como las financiadas por la PAC, depende de múltiples factores. A continuación se enumeran algunas cuestiones relevantes que podrían suponer cierto rendimiento en términos sociales y económicos para las zonas rurales (al contrario de lo que ha ocurrido de forma generalizada en el pasado reciente) tanto a nivel de desagregación territorial regional (NUTS II y III) como a un nivel mayor, si se extienden de forma generalizada a varios territorios cohesionados:
1. Implementación de una red de agentes de desarrollo local y rural de un alto nivel académico y profesional que permita crear desde el sector público condiciones favorables para impulsar los territorios. Las condiciones laborales y de prestigio deben atraer a los mejores, por lo que se ha de hacer un esfuerzo al respecto por parte de la Administración que los contrate. Su tarea debe huir de la mera burocratización en el reparto de subvenciones para centrarse en la investigación, la formación y la transferencia de conocimientos a los verdaderos impulsores del desarrollo, es decir, a la ciudadanía, dando también ayuda y asesoramiento al emprendimiento a otros organismos públicos y privados implicados. Deben ser auténticos referentes sociales y facilitadores a nivel local de la creación de actividad con un enfoque territorial.
2. Se necesita aunar método científico con conocimientos tradicionales y cultura campesina. En el ámbito de las ciencias sociales, y concretamente en la economía, son especialmente interesantes la econometría espacial y los sistemas complejos sociotecnológicos.
3. La formación y la investigación son aspectos transversales que se deben integrar en toda estrategia de dinamización, para permitir la continuidad y actualización de los conocimientos tradicionales, a la vez que se supera la falsa sensación de atraso y aislamiento que hace huir a potenciales habitantes del medio rural.
4. Posibilidad de adaptación normativa a la realidad económica local. Los requisitos exigibles a grandes empresas industriales que por escala de producción tienen unos riesgos y un impacto muy alto a nivel laboral, medioambiental o económico no deberían ser los mismos que los aplicables a pequeñas unidades productivas, en su mayor parte de carácter familiar, que actualmente son aplastadas por un “rodillo” burocrático en muchos casos excesivo, injusto y, lo peor, muchas veces mal aplicado.
Óscar Luis Alonso Cienfuegos es Doctor por la Universidad de Málaga, profesor de la Universidad de Cantabria y técnico economista de Adrioa