El ministro de Justicia reclama a los profesionales textos jurídicos comprensibles

Juan Carlos Campo retoma el trabajo de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico

En la fotografía de la inauguración de la jornada, de izquierda a derecha, Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública; Juan Carlos Campo, ministro de Justicia; María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores; y Sebastián del Rey, director de Responsabilidad Social Corporativa del Colegio de Registradores.
En la fotografía de la inauguración de la jornada, de izquierda a derecha, Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública; Juan Carlos Campo, ministro de Justicia; María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores; y Sebastián del Rey, director de Responsabilidad Social Corporativa del Colegio de Registradores.

Los profesionales del Derecho tienen ante sí un importante desafío: hacer que los textos jurídicos sean comprensibles y claros para la ciudadanía. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha comprometido a dar un nuevo impulso a este desafío, para el que pidió la colaboración de todos los operadores, durante la jornada sobre Modernización del lenguaje jurídico, organizada por el Colegio de Registradores de España este lunes. En ella, expertos juristas y lingüistas debatieron y profundizaron sobre las causas de la oscuridad de contratos, sentencias, normas, y cuáles son los métodos para conseguir que sean entendibles por un ciudadano medio.

“Hemos de hacer efectivo el derecho a comprender”, defendió la decana de los registradores, María Emilia Adán, recordando el texto de la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia, aprobado en abril de 2002. En este sentido, los registradores tienen un importante papel, asumiendo un compromiso para que los textos con los que se comunican (por ejemplo, una nota simple con los gravámenes o situación de sus propiedades), sean claros e inteligibles. En definitiva, resumió, ser parte activa para construir una justicia moderna, que es “aquella que la ciudadanía es capaz de comprender”.

El ministro de Justicia expuso la necesidad de retomar “con determinación e inmediatez” el trabajo desarrollado por la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, creada en 2009, que no tuvo continuidad, lamentó, por culpa de los vaivenes políticos. Si bien se han realizado acciones para favorecer la claridad en los textos jurídicos (como el Libro de Estilo de la Justicia o el Diccionario del Español Jurídico de la RAE), Campo reconoció que sigue siendo una “asignatura pendiente”. “La modernización de la Justicia exige una adaptación del lenguaje jurídico para romper los muros que la separan de la ciudadanía”, afirmó, recordando que la jerga críptica se ha usado históricamente para distanciar a los “súbditos”. “Hoy la democracia exige transparencia y claridad, así como argumentos comprensibles y, por tanto, susceptibles de ser criticados”, advirtió.

Frente a los recelos de aquellos que temen la pérdida de rigor del lenguaje jurídico, aseguró que “la claridad en la expresión oral y escrita de los operadores incrementa la seguridad jurídica”. Para evitar textos con oraciones interminables o uso excesivo de arcaísmos y frases subordinadas serán necesarias acciones transversales, especialmente en el ámbito de la educación. El derecho se manifiesta a través del lenguaje, “seamos claros, que la ciudadanía nos lo agradecerá”, concluyó.

Democratización del lenguaje

El catedrático de Lingüística General de la Universidad de León y miembro de la Real Academia Española, Salvador Gutiérrez, profundizó en la relación de la lengua y el Derecho, identificando alguno de los enemigos de la claridad jurídica (vaguedad, ambigüedad o indeterminación). Si el destinatario no puede entender los documentos legales, "representan un fracaso en la comunicación", afirmó. Como paradigma, el artículo 148 del reglamento notarial, que dice: "los instrumentos públicos deberán redactarse empleando en ellos estilo claro, puro, preciso, sin frases ni término alguno oscuros ni ambiguos, y observando, de acuerdo con la Ley, como reglas imprescindibles, la verdad en el concepto, la propiedad en el lenguaje y la severidad en la forma".

La jornada se cerró con una mesa redonda sobre la Democratización del Lenguaje Jurídico, moderada por el periodista Carlos Berbell, en la que participaron Beatriz Corredor, registradora de la propiedad y exministra de Vivienda, Estrella Montolió, catedrática de Lengua Española de la Universidad de Barcelona, Jesús García, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y María Jesús González-Espejo, socia del Instituto de Innovación Lega y experta en Legal Design Thinking (una metodología importada del sector industrial que permite mejorar la prestación de servicios jurídicos).

Durante el debate los intervinientes pusieron de manifiesto la necesidad de salir de rutinas de expresión oral y escrita que dificultan la claridad de los mensajes, utilizando metodologías que favorezcan la comunicación y transparencia. Un buen aliado, destacó González-Espejo es la tecnología, que permite a los operadores jurídicos traducir a un lenguaje más llano textos confusos u oscuros.

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