Renovables y cogeneración abrirán un frente judicial al Gobierno por nuevos recortes

De la actualización de los parámetros resulta un ajuste de casi mil millones. La CNMC pide medidas que lo suavizarían un 15%

Planta de cogeneración.
Planta de cogeneración.

El pasado 22 de noviembre, el Consejo de Ministros en funciones aprobó un real decreto ley que establecía la nueva tasa de retribución financiera de las plantas de energías renovables, cogeneración y residuos para el nuevo periodo regulatorio que se iniciaba el 1 de enero. Con el respaldo y la abstención (en el caso del PP y Vox) de todos los grupos políticos, el Gobierno ponía fin a las consecuencias negativas de una posible prórroga de la fórmula que regía desde 2013: o se mantenía la misma tasa de rentabilidad para el nuevo periodo regulatorio, algo de dudosa legalidad, o se actualizaba la tasa con la fórmula vigente, lo que hubiera supuesto un importante tajo a la rentabilidad razonable de las instalaciones afectadas. En total, 64.000, propiedad tanto de pequeños inversores como de las grandes energéticas, amén de las plantas de cogeneración ligadas a la industria.

El RDL establecía una rentabilidad razonable para el periodo 2020-2025, que, en general, dio satisfacción al sector: del 7,398% para las plantas anteriores a 2013 y del 7,09% para las posteriores. Pero, como algunos advirtieron entonces, para comprobar realmente cuál sería la retribución real para estos años era necesario esperar a que se publicara la orden ministerial que debía actualizar los parámetros retributivos aplicables a dichas instalaciones (cada seis años se actualizan todos, salvo el de la vida útil regulatoria y el valor estándar de la inversión inicial).

Y es que, además de la tasa de rentabilidad, en la retribución hay que tener en cuenta el coste de operación y mantenimiento que se reconozca y la previsión del precio del mercado mayorista que se estime para cada periodo: si es superior al precio real que luego resulte, las empresas cobrarán de más y se les ajustará a la baja al final, y viceversa.

Aunque la orden de actualización de los parámetros debía haberse aprobado antes de finales del año pasado para que entrase en vigor simultáneamente al RDL, esta misma norma aplazaba su aprobación hasta febrero, aunque con carácter retroactivo desde el 1 de enero. La propuesta de orden ya ha llegado y ha provocado, como preveían fuentes del sector, una revolución, pues supone un recorte de la retribución de casi mil millones de euros (997,5 millones), de los cuales, 423 millones corresponden a la generación, el 35%, según la CNMC.

Suavizar

En el caso de la fotovoltaica, la actualización supone una bajada de entre el 4% y el 5%, según las propias empresas, mientras que la eólica no se considera prácticamente afectada.

Tras el periodo de alegaciones de las compañías, la CNMC ha emitido el informe preceptivo en el que recomienda al Ministerio para la Transición Ecológica que suavice la propuesta en el texto definitivo que debe aprobar antes de fin de este mes. De ser aceptadas, el recorte se reducirá un 15%. Si el ministerio no corrige tan duro ajuste, señalan fuentes empresariales, “no nos quedará otro remedio que acudir a los tribunales”.

El quid de la cuestión, según un experto, está en que el sector se ha venido beneficiando de los altos precios del mercado: en el entorno de los 50 euros/MWh, frente a los 40 euros/MWh que se estimaron en el último periodo. “Una sobrerretribución que ahora se ajusta”, indica la misma fuente. Otro problema está en la nueva metodología, de la que se ha derivado un ajuste mayor al que esperaban, especialmente la cogeneración. Esta no recibe retribución a la inversión, como en el caso de las renovables, sino solo a la operación y mantenimientos.

La CNMC pide que se explique bien el cambio metodológico, que se corrija un error en la fórmula de cálculo del precio de gasóleo y que, como ha pedido la fotovoltaica, los precios de futuros sobre los que se basa el precio reconocido no sea el de los seis meses anteriores al mes de octubre del año previo al cambio de periodo regulatorio, sino hasta diciembre. El sector considera que si la orden se ha pospuesto a febrero, en lugar de haberse aprobado en diciembre, es razonable que los seis meses de cálculo también se pospongan. Fundamentalmente, porque la cotización de los futuros mejora teniendo en cuenta dichos meses. En esto, el ministerio no pone pegas.

Acogen pide un cambio de metodología

La asociación de cogeneradores Acogen ha pedido a la CNMC, en el marco de la consulta pública de la propuesta de orden ministerial de parámetros, cambios en la previsión de precios del mercado (55 euros MWh en 2020), pues no es creíble ese nivel de cotización, que la asociación estima “como mucho” entre 40 y 42 euros MWh. Según Acogen, ello implica un recorte añadido de 300 millones a los 423 millones de euros reconocidos por la CNMC.

Según la metodología, el ajuste que admite el Ministerio de Transición Ecológica es de 1,5 euros MWh menos, lo que no satisface al sector. Acogen también alega que no se han revisado los rendimientos de las instalaciones con los que se calculan los costes. Los rendimientos actuales, según la asociación, están muy por debajo de los de hace 15 años, ya que no han podido invertir en tecnología y mantenimiento adecuados, además de la crisis industrial y un menor funcionamiento. Si esta petición no se recoge, Acogen anuncia que irá a los tribunales.

Al ministerio le interesa más, según las empresas afectadas, cumplir con el plazo que la ley fija para aprobar la orden (el 28 de febrero) que modificar la metodología.

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