Banca

BBVA dice que el ‘forensic’ exculpa a Torres y al actual consejo del caso Villarejo

El banco señala que la investigación "no ha comprobado la comisión de actividades delictivas por parte del Banco"

Carlos Torres, presidente ejecutivo de BBVA.
Carlos Torres, presidente ejecutivo de BBVA.

La investigación encargada por BBVA para analizar la implicación del banco y su cúpula en el caso Villarejo exculpa al presidente de la entidad, Carlos Torres, y al actual consejo de administración, según informa en banco en su informe anual de gobierno corporativo, registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La investigación, con todo, sigue en curso, indica el banco, y se ha puesto a disposición de las autoridades judiciales.

"Cabe destacar que de la documentación relevante obtenida de la investigación forensic, todavía en curso, que se ha puesto a disposición de las autoridades judiciales y son la base del sumario instruido, no hay ningún tipo de implicación de ninguno de los actuales miembros del consejo de administración, ni del actual presidente ejecutivo de la entidad, ni se ha comprobado la comisión de actividades delictivas por parte del banco ", señala dicho informe de gobierno corporativo.

La investigación fue encargada por BBVA a Garrigues, Uría Menéndez y PwC en 2018, después de salir a la luz las labores de espionaje presuntamente encargadas por el banco a Cenyt, la empresa del ex comisario de policía ahora encarcelado, durante el mandato de Francisco González. El ex presidente del banco renunció a su cargo como presidente de honor en marzo del año pasado. El sumario, no obstante, ha desvelado que no fue hasta la salida de Francisco González cuando se puso en marcha la investigación propiamente dicha, mientras que antes hubo más bien una tarea de recopilación de documentos.

El informe forensic encargado por el banco es paralelo a la investigación llevada a cabo por la Audiencia Nacional, en la que el BBVA ha sido imputado como persona jurídica, además de Francisco González, el ex consejero delegado Ángel Cano y otros directivos. "El banco ha venido colaborando y continúa haciéndolo de manera proactiva con las autoridades judiciales, habiendo compartido con la justicia la  documentación relevante obtenida de la investigación forensic, todavía en curso", indica la entidad.

Más control interno

El informe señala, además, que los órganos de administración del banco han adoptado a lo largo del ejercicio 2019 distintas medidas de refuerzo delos sistemas de control interno de la entidad, entre los que destaca tres puntos: uno, el establecimiento de una dependencia jerárquica directa de los responsables de control interno y auditoría interna del consejo de administración; dos, la aprobación de nuevas políticas y la mejora de procesos de subcontratación, compras y otros, y, en tercer lugar, el refuerzo del modelo de prevención del delito.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que González fue la persona que ordenó contratar al excomisario José Manuel Villarejo para espiar a políticos y competidores, según la documentación recogida en el sumario de la pieza nueve del `caso Tándem'. El banco, por el contrario, defiende "la inexistencia de responsabilidad penal alguna de la Entidad, debiendo señalarse, además, que la responsabilidad penal de las personas jurídicas solo es exigible legalmente desde el año 2010".

El juez instructor de la causa, Manuel García Castellón, levantó el secreto del sumario el pasado lunes. En ese sumario, consta que la Fiscalía cree que la contratación del Villarejo "habría sido ordenada, de forma opaca, por la propia presidencia del banco", entonces ocupada por González.

En referencia al caso, el banco ha añadido que "hasta la fecha, no ha tenido impacto en el desarrollo de los negocios de la Entidad, ni ha deteriorado sus índices de reputación, que son objeto de un seguimiento recurrente tanto por el ámbito ejecutivo, como por sus órganos de administración".

Así, aunque sí ha advertido en algunas comunicaciones al mercado del riesgo reputacional que supone el caso, en el informe de gobierno corporativo ha optado por no incluir el 'Caso Villarejo' como un riesgo significativo para el negocio. En esta ocasión, el mensaje va en la misma línea que en anteriores declaraciones del banco: "El citado procedimiento penal se encuentra en un momento incipiente dentro de la fase de instrucción, por lo que no es posible predecir en este momento su ámbito o duración ni todos sus posibles resultados o implicaciones, incluyendo potenciales multas y daños o perjuicios a la reputación".

En principio, como publicó CincoDías, BBVA se arriesga en el peor de los casos a una multa máxima de 21,9 millones de euros si se le considerase culpable de los tres delitos por los que se le investiga. Para las personas jurídicas, por el delito de revelación de secretos la sanción económica puede elevarse a un máximo de dos años, a razón de hasta 5.000 euros por día, sumando 3,65 millones de euros, según se fija en el artículo 197 bis del Código Penal. Por el delito de corrupción en los negocios y por el de cohecho las penas máximas son de cinco años, según los artículos 288 y 427 bis. Traducidos a sanción económica, con un máximo de 5.000 euros diarios, serían 9,125 millones por cada uno.

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