Transición energética

El Estado promoverá un parque de coches nuevos “sin emisiones directas” en 2040

El anteproyecto de ley de Cambio Climático rebaja el listón del PNIEC y prevé la “la neutralidad” de emisiones en 2050

teresa Ribera, vicepresidenta de Transición Ecológica.
teresa Ribera, vicepresidenta de Transición Ecológica.

El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética al que ha tenido acceso CincoDías rebaja de manera importante el listón de objetivos, tanto respecto a los del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que ha recibido las bendiciones de Bruselas, como a los del borrador de anteproyecto que el Ministerio para la Transición Ecológica difundió el año pasado.

La nueva propuesta legal (que aún debe superar un largo trámite hasta su aprobación final) establece pocas prohibiciones, lo que pone en duda su aplicación. Según fuentes jurídicas, “si una norma no fija derechos, prohibiciones y sanciones, así como el sujeto de los mismos, resulta más bien una declaración de intenciones”. Otras fuentes recuerdan, sin embargo, que en legislación de cambio climático, con horizontes muy lejanos, es algo habitual.

Más allá de la descarbonización de la economía en 2050 a la que hacían referencia los primeros borradores, el nuevo texto señala ahora que “la ley debe asegurar la consecución de la neutralidad de las emisiones de efecto invernadero en España”, a más tardar, en ese año. La neutralidad implica que las emisiones de CO2 deben absorberse con proyectos limpios o sumideros.

Respecto al polémico futuro de los vehículos, también se suaviza la redacción, en la que no queda rastro de la sugerencia de prohibir los coches con motor de combustión que tanto irritó a las petroleras el año pasado. Así, en un capítulo referido a la movilidad del transporte por carretera, responsable del 25% de las emisiones, se establece que el Estado (Administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos) adoptará medidas para alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros “sin emisiones directas de CO2”. Esto es, coches eléctricos puros que indirectamente se suministren con electricidad no siempre libre de emisiones.

Previamente, “se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea”, para que turismos y vehículos comerciales “nuevos” reduzcan paulatinamente sus emisiones, “de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos cero gramos de CO2/km”. Para todo ello se plantean incentivos, como el apoyo a la I+D+i.

En comparación con el propio PNIEC, los objetivos de cambio climático a 2030 resultan más realistas y políticos. En el caso de la reducción de emisiones de efecto invernadero respecto a las de 1990, bajan del 23% al 20% que plantea el anteproyecto; la penetración de energías renovables en el consumo de final será del 35%, frente al 42% del PNIEC; se fija un 70% de generación eléctrica de origen renovable, frente al 74% del plan y una mejora de la eficiencia energética solo del 35%, frente al 39,5%.

Recarga en gasolineras

La versión a estudio de la ley sí establece una obligación: la que tendrán las estaciones de servicio de instalar puntos de recarga eléctrica con una potencia igual o superior a 50 kW, lo que facilitará la recarga rápida. Dada la inversión requerida, la obligación solo se impondrá a los titulares de gasolineras “con mayor capacidad económica y financiera”.

Concretamente, las estaciones que hayan registrado en 2019 ventas de gasolina y gasóleo igual o superior a 10 millones de litros, instalarán al menos una infraestructura de recarga, que deberá funcionar en un plazo de 21 meses desde la entrada en vigor de la ley.

En el caso de las gasolineras con ventas superiores a los cinco millones de litros anuales, instalarán un poste de recarga en 27 meses. Esto afectará al 9% de una red de 11.400 estaciones de servicio repartida por toda España. Todas las nuevas estaciones estarán obligadas a ello. Y también se obligará a instalar puntos de recarga en edificios de nueva construcción.

Tal como se propuso en borradores iniciales, la nueva iniciativa legal otorga un papel primordial “a la tecnología hidráulica no fluyente”, o bombeo, como medio de integración de las energías renovables, que son intermitentes y no gestionables. De esta manera, “la ley establece que el aprovechamiento del dominio público hidráulico no fluente en las nuevas concesiones que se otorguen tendrán como prioridad dicha integración”. Para ello se aplicará “una estrategia de bombeo y turbinado”. El anuncio de la medida resultó altamente polémica el año pasado, pues en un primer borrador, se otorgaba esta potestad a REE. Aunque la redacción sigue siendo la misma, esta vez no se hace mención al operador del sistema eléctrico, que reivindica la gestión del bombeo.

Además de las medidas para adaptar al cambio climático la planificación y gestión del agua, también “se adoptarán medidas” para reducir las emisiones de buques y embarcaciones amarrados o fondeados en puertos. Y se fijarán objetivos de suministro de biocarburantes en el caso del transporte aéreo.

 

200.000 millones de inversión hasta 2030

En el marco del Acuerdo de París, que se fijó como objetivo lograr que la temperatura media global no supere los 2º respecto a los niveles preindustriales, incluso por debajo del 1,5º, la UE impulsó una respuesta internacional frente a la crisis climática. En este contexto, España prepara una Ley de Cambio Climático cuyo objetivo es lograr “la neutralidad” de las emisiones de CO2, “a más tardar”, en 2050. Bruselas ha rebajado para su objetivo inicial del 90% al 80%.

Para lograr dichos fines, se han creado dos figuras: los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC), que sirven de orientación, y la Estrategia de Descarbonización a 2025, que fijará una hoja de ruta coherente.

La transición energética que pretende promover la ley movilizará inversiones de 200.000 millones en la década actual, con lo que el PIB español se incrementará entre 16.500 millones y 25.700 millones al año, según el Gobierno. Por su parte, como recoge el anteproyecto de ley, el empleo aumentará entre 250.000 y 350.000 personas.

Como ya es sabido, todo ello irá acompañado de medidas de transición justa a transición energética. La ley va más allá de sectores como la industria o el transporte, ya que afectará a la banca, empresas cotizadas.

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