El Gobierno reforzará el control de las compras corporativas de REE y Enagás

El anteproyecto de Ley de Cambio Climático obligará a las matrices y filiales de los gestores de las redes a comunicar a la CNMC sus compras

Torres eléctricas, en Salamanca.
Torres eléctricas, en Salamanca.

El Ministerio para la Transición Ecológica quiere aprovechar la tramitación de la Ley de Cambio Climático para cubrir el resquicio legal que permite a los operadores de las redes de electricidad y gas, Red Eléctrica y Enagás, comprar empresas sin comunicarlo previamente a la CNMC. Aunque la ley de 2013 por la que se creó este organismo (en su disposición adicional novena) obliga a comunicar operaciones de compra “de empresas reguladas o por parte de empresas reguladas”, esas compañías se han librado de ese trámite al ser sus sociedades matrices u otras filiales del grupo las que se han encargado de las compras.

Para evitarlo, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, al que ha tenido acceso CincoDías, añade la siguiente modificación a la adicional novena: “se deberán comunicar igualmente las adquisiciones que realicen las sociedades matrices (..) de los gestores de la red de transporte de electricidad y de gas natural, así como cualesquiera otras sociedades que formen parte de estos grupos”.

El vacío, vigente desde hace varios años, ha permitido a Red Eléctrica comprar Hispasat; la fibra óptica de ADIF y otras inversiones internacionales (la última, la adquisición del 50% de la brasileña Argo Energía por 282 millones) sin pasar por la ventanilla de la CNMC. Otro tanto ha ocurrido con Enagás, que desembolsó el año pasado 1.500 millones por el 30% de la estadounidense Tallgrass, en la que también participa los fondos GIC y Blackstone.

Aunque la potestad de ser informado es del ministerio, transitoriamente, se la tiene cedida al organismo supervisor, que no puede prohibir estas operaciones corporativas (tampoco el ministerio), pero sí aprobarlas con condiciones.

El referido anteproyecto de ley es la versión remitida a la Comisión Asesora de Medio Ambiente, órgano colegiado dependiente de Transición Ecológica. El texto se convertirá en proyecto cuando el Consejo de Ministros apruebe su remisión a las Cortes y al Consejo de Estado. Una vez de vuelta, el Gobierno aprobará la ley y la publicará en el BOE.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció en uno de sus primeros Consejos de Ministros de enero un Plan de Emergencia Climática, con 100 medidas que se conocerían en el primer trimestre. Entre ellas figura esta norma, que quedó pendiente en la anterior legislatura.

La futura Ley de Cambio Climático desbloquea las nuevas subastas de renovables

El texto recoge en una disposición, el compromiso del Gobierno de permitir a la CNMC controlar el apalancamiento financiero de las empresas de transporte y distribución. En el caso de la distribución, el texto establece que las metodologías de retribución deben incentivar (en sentido negativo o positivo) que estas compañías reguladas “tengan una deuda sostenible para garantizar la calidad de suministro” y, en el caso de las distribuidoras, puedan reducir las pérdidas, la lucha contra el fraude e inviertan en innovación tecnológica.

Subastas verdes

En el ámbito energético, la propuesta incluye también la esperada modificación de la Ley del Sector Eléctrico que permitirá desbloquear la celebración de nuevas subastas de energías renovables para la construcción de hasta 3.000 MW cada año.

Frente al mecanismo actual, con el que se subasta la inversión (MW), la ley fijará a partir de su entrada en vigor un precio de producción (MWh). Así, según el documento, “en el marco del impulso a las energías verdes, el Gobierno desarrollará nuevos marcos retributivos basados en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada”. Estos se otorgarán “mediante procedimientos de concurrencia competitiva en los que el producto a subastar será la energía eléctrica a generar y la variable sobre la que se ofertará, será el precio de retribución de dicha energía”.

Al igual que el borrador que el Gobierno lanzó el año pasado, la nueva propuesta establece que “no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración de hidrocarburos”, tanto en tierra como en mar, lo que no afectará a los permisos vigentes.

 

Fomento de las renovables e hibridación

Una disposición adicional del anteproyecto de Ley de Cambio Climático hace alusión al incentivo de las renovables. Dicha disposición modifica la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, con la que el Gobierno de Mariano Rajoy creó el impuesto del 7% a la generación, como vía para frenar el rampante déficit de tarifa.

El cambio establece “que en las leyes de Presupuestos genrales del Estado da cada año se destinarán a financiar los costes del sistema eléctrico previstos en la Ley del Sector Eléctrico, referidos al fomento de las renovables, un importe equivalente a la suma de la estimación de recaudación anual derivada de los tributos energéticos”, que suma unos 2.800 millones.

Otra medida relevante se refiere al acceso y conexión a las redes eléctricas, concretamente, a la llamada hibridación. El Gobierno resuelve así las dudas que se plantea cuando un titular con una instalación de renovables quiere utilizar el mismo punto de conexión, del que le sobra capacidad, quiere instalar otra planta en el mismo lugar. Si la ley prospera, se le permitirá utilizarlo, “siempre que la nueva instalación cumpla con los requisitos técnicos”.

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