Los ricos españoles han comenzado el ejercicio con una pregunta en la cabeza: ¿cómo organizar su patrimonio con un Gobierno que quiere controlar y gravar más a las grandes fortunas? Sin que aún se conozcan las medidas concretas, todo apunta a que el nuevo Ejecutivo dictaminará cambios en las sicavs (sociedad de inversión de capital variable), vehículo preferido por los grandes patrimonios.
El objetivo declarado es controlar con más rigor que cumplen la normativa de contar con al menos cien accionistas verdaderos, pero en el sector no descartan que también se impulsen cambios en su tributación.
Se ofrece a los grandes patrimonios gestionar desde Luxemburgo
¿Es necesario un mayor control? Desde Inverco aseguran que ya cuentan con los controles pertinentes. Sin embargo, otros expertos aceptan su oportunidad. “Sí, sería necesario para que el porcentaje de los inversores de cada vehículo no sea superior a determinado porcentaje, similar a los fondos de inversión”, opina Ramón Zárate, director de Zárate-EAF (+i), entidad de asesoramiento en inversiones independiente.
“Es posible que, en algunos casos, el número de cien accionistas, que por normativa debían tener las sicavs, se haya completado con accionistas minoritarios”, admite Paula Mercado, directora de análisis de VDOS Stochastics, quien confirma que en 2019 han salido de las sicavs 868 millones de euros.
Se busca comprobar que tienen al menos cien accionistas verdaderos
En España hay 2.569 sociedades de este tipo, después de que en tres años y medio se hayan cerrado 770. Un goteo que comenzó cuando los responsables económicos de Unidas Podemos publicitaron la posibilidad de propulsar cambios.
Y algunos, como el presidente de la CNMV, pronostican que las sicavs se irán de España si cambia la normativa. De hecho, algunas grandes entidades como Bankinter ofrecen ante el cambio fiscal que se avecina seguir gestionando el patrimonio, pero con ficha bancaria de Luxemburgo, donde no se paga impuesto de sociedades y no hay mínimo en el número de accionistas.
La opinión
De introducirse los cambios, “lo que pueden conseguir no es acabar con las sicavs, sino acabar con las radicadas en España, ya que en el resto de la UE van a seguir existiendo y dando trabajo a abogados, notarios, intermediarios, etc., europeos”, augura Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco. En cuanto al número de accionistas, considera que se debería asumir el criterio de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), que determina que el carácter colectivo de un vehículo de inversión no lo da el número de accionistas, sino su carácter abierto.
Cualquiera puede convertirse en accionista de una de estas sicavs acudiendo al MAB, y recuerda que la Ley de Inversión Colectiva obliga a estas sociedades a tener disponibles en el plazo máximo de siete días acciones para la compra o la venta. Es decir, “todo el mundo puede acceder a ellas”.
Y eso es lo que han hecho muchos. “Llevamos en un entorno de incertidumbre varios ejercicios, lo que supuso por nuestra parte un análisis de cada caso y trazando un traje a medida en función de las circunstancias patrimoniales de cada cliente”, explica Carlos Heras, CEO de Aspain 11, y “la solución que estamos aportando es, o bien llevarnos la sicav a Luxemburgo o fusionarla con fondos de inversión”.
También en las socimis pueden avecinarse cambios. “Desincentivar este tipo de sociedades cotizadas inmobiliarias nos dejaría en una desventaja competitiva respecto a todas las demás jurisdicciones que supondría un menoscabo no solo para los grandes patrimonios, sino, en general, para el ciudadano español, al derivarse actividad económica y recaudación fiscal a otras jurisdicciones”, cree Jacobo Zarco, director de grandes patrimonios de Atl Capital.
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