La CNMV avisa de que las sicavs se irán de España si cambia la normativa

Sebastián Albella señala que sería bueno terminar con la "incertidumbre" en cuanto a este vehículo inversor

Sebastián Albella, presidente de la CNMV.
Sebastián Albella, presidente de la CNMV.

La CNMV da la cara por las sicavs. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha pedido al Gobierno que cese la incertidumbre en torno a la regulación de las sociedades de inversión de capital variable (sicavs) y ha demandado que el debate sobre estos vehículos no se base “en prejuicios y leyendas”.

Albella, que ha intervenido en unas jornadas financieras organizadas por la consultora KPMG y la universidad Cunef (perteneciente a la Asociación Española de Banca), recordó que en el acuerdo de Gobierno pactado entre PSOE y Unidas Podemos está previsto realizar cambios regulatorios que afectarán a las sicavs. “Quiero poner en valor las sicavs. Son un vehículo transparente, abierto a cualquier inversor, y muy similares a los fondos. Además, existen, y con menos limitaciones, en todos los países de nuestro entorno”, apuntó Albella.

En España hay 2.569 sicavs que, en conjunto, manejan activos por valor de unos 30.000 millones de euros. La incertidumbre sobre su regulación ha hecho que durante 2019 se hayan cerrado 130 de estos vehículos.

La sicavs exigen un capital mínimo para su constitución de 2,4 millones y 100 partícipes. Este tipo de sociedades solo tiene que tributar un 1% por sus beneficios, pero hay que tener en cuenta que quienes sí que tributan por las plusvalías obtenidas son los propietarios de las mismas.

El presidente de la CNMV defendió ayer que estas instituciones “son un segmento muy valioso de la industria financiera, acumulando saber hacer y conocimientos técnicos de banca privada”. En el caso de que se tocara la regulación del vehículo “se puede producir una deslocalización, con lo que los inversores, en lugar de contratar a abogados y consultores españoles, recurrirían a profesionales de Luxemburgo o de Francia”.

Albella reconoció que la decisión final sobre la regulacion depende del Gobierno y del Parlamento, pero pidió que el debate al respecto se hiciera “con un espíritu constructivo y desterrando prejuicios y leyendas”.

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