¿Pretende el Gobierno combatir las ‘fake news’ o controlar la red?
Un plan de lucha contra la desinformación a priori parece algo acertado, pero existe el grave riesgo de coartar el derecho a la libertad de información
Las campañas de desinformación se conforman como verdaderas batallas dentro de la guerra ideológica que se está produciendo en la Gran Plaza que es internet. Atacar el sistema democrático, mostrando bajo una apariencia objetiva información que realmente es falsa, engañosa, parcialmente modificada o descontextualizada para cambiar o influir en la opinión de receptor no es nuevo, pero estamos ante un peligro que tiene dimensiones inimaginables si tenemos en cuenta las cifras de acceso a la información digital creciente de los ciudadanos.
La conexión diaria a internet en España, según datos del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI) de 2018, sumó 30,2 millones de personas de 16 a 74 años. Asimismo, la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), refleja en su página web, –con datos de finales de 2019–, que entre los usos más utilizados por parte de los internautas está la lectura de noticias de actualidad (61,9%) o el uso de redes sociales ( 68,8%).
La mayoría de los internautas españoles (68%) declara estar preocupado por discernir lo que es verdadero o falso en internet, según el informe Digital News Report del año 2019 realizado por la Universidad de Oxford y la Universidad de Navarra.
En este contexto, y ante la vulnerabilidad que representan las campañas de desinformación, el programa de coalición del Partido Socialista Español y Unidas Podemos, recoge en el apartado 5.9, que, “desde el respeto escrupuloso a la libertad de expresión e información, impulsaremos una estrategia nacional para la lucha contra la desinformación, que incluirá la elaboración de guías, mejores prácticas y cursos para combatir la desinformación en internet y redes sociales”.
Las ya conocidas por el anglicismo fakenews, son los rumores o bulos que siempre han corrido en la sociedad. No es nuevo como comportamiento sociológico. Pero cuando esos rumores se disfrazan con el lenguaje periodístico, se convierten en falsas o engañosas noticias que son orquestadas para la consecución de un fin determinado y se convierten en verdaderas campañas de desinformación.
El principal objetivo de una campaña de desinformación es atacar el hardware del sistema democrático, mostrando bajo una apariencia objetiva información que realmente es falsa, engañosa, parcialmente modificada o descontextualizada. El objetivo es cambiar o influir en la opinión de receptor. Un ejemplo de campaña de desinformación en España fue en el año 2017, cuando el medio de comunicación de origen ruso RT News publicó la presencia de tanques en las calles de Barcelona, noticia compartida en Facebook por más de 11.000 usuarios.
Por tanto, plantear una estrategia nacional para luchar contra la desinformación en principio parece acertado, pero debe centrarse exclusivamente en la libertad de información, es decir en el derecho a emitir y recibir información veraz. Este matiz, es importante hacerlo, ya que esta estrategia nunca debería focalizarse en el derecho a la libertad de expresión que tiene cualquier ciudadano para opinar, pensar, tener sus ideas o su propia ideología. Las opiniones son subjetivas, y no tendría sentido exigirles veracidad, pero sí respeto al honor, a la intimidad personal y familiar, la propia imagen e incluso la protección de los datos de carácter personal.
Ya centrados en el derecho a emitir y recibir información veraz, desde mi punto de vista sería muy arriesgado, que desde el gobierno o a través de sus instituciones, se pudiese establecer una relación de fuentes fiables de información, o que incluso se pudiese decidir qué información es veraz y cuál no, porque podríamos poner en serio peligro el derecho a la libertad de información, cimiento básico en cualquier sociedad democrática.
La opción más adecuada sería desarrollar la estrategia para luchar contra la desinformación centrándose en propiciar un cambio cultural en los ciudadanos, a través de instituciones independientes, que permitiesen enfrentarse a la información con sesgo. Es necesario que aprendamos a cuestionar las noticias, a analizar de dónde vienen, en qué momento se publican y a quién favorecen.
El último informe PISA ha puesto de manifiesto que menos de uno de cada diez estudiantes de la OCDE (el 8,7%) “dominan tareas de lectura complejas como distinguir entre un hecho y una opinión cuando leen temas con los que no están familiarizados”. Estos resultados exigen que desde la parte académica se prepare a las nuevas generaciones para enfrentarse a la información, diferenciando lo que es información de opinión, acudiendo a varias fuentes de información, y no limitándose a leer un único medio, o los medios más afines a la propia ideología. Como ciudadanos debemos saber que las plataformas de comunicación digital, y entre ellas las redes sociales, utilizan algoritmos diseñados para que los usuarios reciban mensajes afines a sus preferencias, ideas e intereses. Esto contribuye de manera involuntaria a la desinformación, y por lo tanto no nos podemos limitar a recibir lo que se nos proporciona, debemos ir más allá y buscar y contrastar las informaciones.
Por otra parte, están las iniciativas de muchos medios de comunicación que implantan de manera proactiva, y sin intervención de los gobiernos, medidas para prevenir, detectar o actuar frente a campañas de desinformación. Una de estas iniciativas es el denominado The Trust Project, al que se han adherido medios de comunicación de todo el mundo, reafirmando el compromiso del periodismo con la transparencia, la precisión, la inclusión y la imparcialidad de manera que los lectores puedan tomar decisiones informadas. Los medios participantes en The Trust Project han seleccionado ocho indicadores que garantizan que el proceso de producción y difusión de sus noticias se rige por criterios de transparencia, calidad e imparcialidad entre otros.
En los próximos meses seremos testigos de cómo se materializa la Estrategia Nacional en la Lucha contra la Desinformación, esperemos que sea desde el respeto a la libertad de información y con la mínima injerencia por parte del Gobierno.
Olga Mª Martínez es Abogada especializada en Derecho Digital y Protección de Datos