La reforma eléctrica, una nueva letanía
En su programa energético, PSOE y Unidas Podemos optan por medidas ‘populistas’ y evitan las que de verdad harían bajar la factura de la luz
El lunes pasado, PSOE y Unidas Podemos presentaron el programa que aplicarán si logran gobernar en coalición tras el debate de investidura previsto en plena celebración de la Epifanía. Las propuestas sobre el sistema eléctrico han sido integradas en el capítulo sobre la lucha contra el cambio climático, atribuyendo a este sector un papel que debería compartir con otros, como la industria o el transporte. Buena parte de las medidas energéticas que ahora se plantean ya vienen de lejos, pues las puso en marcha el Gobierno socialista durante la prolífica minilegislatura a la que siguieron dos elecciones generales, algunas de las cuales, son de imperativo comunitario.
Se trata, entre otras, de la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de la que ya existe un texto de anteproyecto de ley. En él se fijan, y así se corrobora en el programa, que en 2050 el 100% de la generación eléctrica tendrá origen renovable, y entre el 85% y el 95% en 2040. También de la aprobación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyo texto ya aprobó y remitió a Bruselas el Gobierno de Pedro Sánchez. Un nuevo Ejecutivo deberá limitarse a introducir los cambios que exija la UE al plan original.
En este punto, las partes proponen un plan de reforma del sistema eléctrico “que permita la descarbonización y unos precios asequibles para el consumidor y las empresas”. Más adelante ya se habla de una reforma “del mercado eléctrico” con la que se pretende acabar “con la sobrerretribución, conocida como beneficios caídos del cielo" (o windfall profit) que reciben en el mercado mayorista las energías nuclear e hidráulica, que provienen “de un marco regulatorio diferente (..) y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión”.
Sin posibilidad de equívoco es fácil atribuir esta medida a la formación de Pablo Iglesias, que viene repitiéndola cual mantra desde su irrupción en política, sin que sus líderes se hayan esforzado en avanzar hacia otros capítulos del arcano eléctrico donde encontrarían otras vías para hacer bajar la factura más allá de los windfall profit. Pero este recurso resulta más rentable políticamente pues afecta únicamente a la bicha: las dos grandes eléctricas: Iberdrola y Endesa. Acabar con esta sobreretribución (algo justo, por otra parte, para evitar los ingresos extras de las compañías, especialmente, de la primera) no garantiza una rebaja perceptible del recibo de la luz.
La factura eléctrica tiene tres componentes: los peajes o tarifas de acceso que el usuario paga a las distribuidoras y al transportista (REE) por las redes que explotan en régimen de monopolio natural y cuya fijación compete a la CNMC; los llamados cargos o costes ajenos a los regulados, que políticos del pasado y del presente, han decidido endosar a los consumidores eléctricos y que son potestad del Gobierno y, por último, el precio de la energía que se consume. Solo esta parte de la factura se beneficiaría del fin de los windfall profit. De la mano de los bajos precios internacionales del gas y del fin de la generación con carbón, el precio del mercado mayorista en 2019 (y, por tanto, el de dicho componente) bajó a la mitad: de 61,99 euros MWh en enero a 33,61 euros MWh en diciembre.
¿Por qué una coalición de izquierdas no propone hincar el diente a unos cargos que nada tienen que ver con los costes del suministro eléctrico? ¿Será porque entre ellos figuran los más de 7.000 millones a las energías renovables y tocarlos sería políticamente incorrecto? Si bien se trata de un derecho indiscutible (tocarlos sería repetir el espectáculo de los arbitrajes internacionales provocado por los recortes ilegales del Gobierno de Mariano Rajoy), un incentivo como este o el que reciben las islas deberían sufragarse vía Presupuestos.
Financiar vía Presupuestos los incentivos a las renovables o bajar el IVA de la luz resulta revolucionario, incluso para Podemos
A estas alturas, una propuesta tan sencilla como esta, o como la de bajar el IVA de la electricidad, que Cristóbal Montoro subió al tipo máximo del 21%, resultarían revolucionarias e imposibles de aceptar para cualquier ministro de Hacienda (incluso de Podemos), pese a resultar más justas y progresivas. Y es que supondría cambiar déficit público por déficit de tarifa y, ya se sabe, que la más sencilla de las recaudaciones es la del recibo de la luz.
Lo ocurrido este año en el pool demuestra que una bajada del megavatio (más precisamente, del precio de la energía de la factura) depende más de los precios internacionales que de una posible eliminación de los windfall profit de la nuclear y el agua. Además, tras muchos años de cantinela, parece demostrado que una reforma del mercado mayorista no es posible dado su funcionamiento cada vez más integrado y acoplado con Europa, donde fijar un precio aparte para estas tecnologías resultaría complicado, si no imposible.
Un mecanismo opcional para compensar las sobrerretribuciones de dos energías que se han beneficiado del sistema marginalista del pool, en el que las tecnologías más caras marcan precio para el conjunto, incluidas las que, como la nuclear o la hidráulica, disfrutan de menores costes variables (el agua es una materia prima gratuita), sería aplicarles nuevas tasas. Dado que las nucleares tienen los días contados, según el acuerdo sellado entre el Gobierno de Sánchez y las eléctricas, que se lamentan de que las plantas atómicas ya no les son rentables, solo sería factible algún nuevo tributo a los embalses, que ya soportan el canon hidráulico.
Contradicciones
En el programa de Gobierno, figuran otras medidas que, como una reducción del término de potencia sea superior a mayor consumo, son potestad de la CNMC. Lo son, concretamente, las metodologías de los peajes y la fijación anual de estos, incluidas las potencias.
Además de prometer, sin concretar, una reforma profunda del bono social de la luz y crear otro para el gas, sí como compensaciones a pequeños inversores afectados por el recorte a las renovables, el programa hace varios guiños vacíos a la industria. Así, se compromete a bajar la factura energética de las empresas; a evitar las ayudas ilegales (esto es, haciendo desaparecer las ya moribundas subastas de interrumpibilidad) y a crear un estatuto del consumidor electrointensivo. Una figura esta cada vez más parecida a un macguffin propio de Hitchcock que a una propuesta de contenido real.
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