La Seguridad Social necesita con urgencia una reforma estructural

Debería implantarse un mecanismo de cuentas nocionales individuales similar al de Suecia para sostener el sistema

GettyImages

Desde hace unos años se suceden sin interrupción los informes de distintos organismos sobre el sistema de la Seguridad Social española. Y, en unas pocas palabras, se podría decir que cada vez hacen mayor hincapié en las necesarias reformas estructurales que debería afrontar sin dilación nuestro sistema de pensiones.

Esta recomendación es lógica porque el actual sistema de pensiones es heredero directo del que se estableció a mediados de los 60 del siglo pasado. En los más de 50 años transcurridos desde entonces ha habido importantísimos cambios sociales, demográficos y económicos que no han tenido su correspondiente traslado al sistema de pensiones. Solo se han efectuado algunos cambios paramétricos y una reforma, la de 2013, que propuso la utilización de mecanismos automáticos para conseguir dos objetivos: una mayor equidad intergeneracional (mediante el factor de sostenibilidad) y un déficit financiero cero (mediante el índice de revalorización de las pensiones, IRP). Sin embargo, ambos mecanismos están actualmente suspendidos, lo que va en detrimento de la consecución de sus respectivos objetivos.

Según los datos estudiados por nuestra organización, analizando los indicadores actuales del sistema de pensiones, así como sus proyecciones a corto, medio y largo plazo, el actual modelo de Seguridad Social, además de ser insostenible financieramente, adolece de la necesaria equidad actuarial, es decir, aquella que podría garantizar la coherencia entre el total de lo que aporta cada individuo al sistema de pensiones durante su vida laboral y lo que recibe del mismo tras acceder a la jubilación.

El sistema tiene importantes problemas de falta de equidad contributiva, ya que no hay una relación estrecha entre las aportaciones realizadas al sistema y las prestaciones pagadas por él. Además, tampoco mantiene la equidad intrageneracional, pues penaliza a los que se jubilan antes de la edad ordinaria y bonifica poco a los que se jubilan después de esta. Como hemos comentado, la suspensión del factor de sostenibilidad tampoco mantiene la equidad intergeneracional, ya que no ajusta la pensión inicial a los cambios de la esperanza de vida, beneficiando a los que se jubilen en los próximos años.

Siendo elementos muy importantes, aún lo es más la salud o sostenibilidad del sistema. Hay varias formas de medirla, la más conocida es el saldo financiero, aunque esta información debería completarse añadiendo también la situación actuarial del sistema.

El saldo contributivo mide la diferencia entre ingresos y gastos contributivos, desde un enfoque de caja. La situación actual arroja un déficit contributivo esperado para 2019 de unos 20.000 millones de euros, que supone el 1,6% del PIB, es decir casi un 80% del déficit esperado para el conjunto de las administraciones públicas. Además, el déficit estructural, es decir, el déficit eliminando las variaciones cíclicas, está alrededor de 17.000 millones de euros. Es cierto que la situación cambió drásticamente desde 2007 cuando hubo un superávit de unos 18.000 millones, debido, en parte, a la crisis económica que comenzó el año siguiente; pero también proviene de un problema estructural, causado por el déficit actuarial que se arrastra desde mucho antes.

La sostenibilidad actuarial se mide poniendo en relación lo aportado como cotizaciones frente a lo recibido en forma de pensión a lo largo del ciclo de vida, es decir, utilizando un enfoque de devengo. Por cada euro que se aporta al sistema, este devolvía, en términos comparables, 1,44 euros antes de la reforma de 2011; mientras que este valor pasará a 1,28 cuando acabe el periodo transitorio de la mencionada reforma. Este déficit actuarial no ha empezado a conocerse hasta que no ha aflorado el déficit financiero, pero era un dato sabido por los investigadores que trabajan en cuestiones actuariales.

Las proyecciones futuras aún son peores porque prevén un déficit contributivo de casi un 5% del PIB en 2050 ya que en la agenda política no hay movimientos que pretendan corregir el déficit actuarial ni estructural del sistema. La solución pasa necesariamente por una reforma en profundidad del sistema que elimine los desequilibrios comentados.

Para ello, parece imprescindible que se implante en España un sistema de cuentas nocionales individuales (similar al de Suecia), ya que podría resolver los problemas de falta de equidad y de desequilibrio financiero y actuarial del sistema. Además, para dotar del aporte técnico necesario, proponemos el nombramiento de una autoridad independiente que informe de la situación financiera y actuarial, tanto actual como futura, del sistema, y que evalúe el impacto de las medidas que se puedan aprobar. Se trataría de una institución autónoma, sin dependencias jerárquicas que puedan menoscabar su capacidad de recomendación y que debería ser, por ley, encomendada a informar previa y públicamente de toda medida relacionada con las pensiones.

Necesitamos todo esto para que nuestro sistema de pensiones pueda pagar unas prestaciones suficientes a todas las generaciones, y no solo a las actuales. Se pueden discutir diferentes medidas y reformas que, adoptadas e implementadas de forma gradual mediante políticas continuadas en el tiempo, podrían dar resultado. Pero hemos de ser valientes, olvidarnos de opacidades y medidas electoralistas, y afrontar las ineficiencias del sistema con una aproximación integral. No queda margen para seguir tratando de parchear la realidad. Y no olvidemos que estamos en un entorno europeo que, sin tardar mucho, puede imponer medidas drásticas, como ha ocurrido ya con Grecia o Portugal.

Enrique Devesa es Coordinador de análisis en el Instituto de Actuarios Españoles