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En colaboración conLa Ley
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Glòria Poyatos: “Hay pocas juezas en altos tribunales porque nos ven inferiores”

“Las mujeres intentan competir en un mundo laboral en el que son discriminadas por no dejar de cuidar. Las cuotas son necesarias, sin ninguna duda”

Glòria Poyatos, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y directora Regional de Europa, Oriente Medio y Norte de África de la International Association of Women Judges (IAWJ)
Glòria Poyatos, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y directora Regional de Europa, Oriente Medio y Norte de África de la International Association of Women Judges (IAWJ)

Pionera en juzgar con perspectiva de género, Glòria Poyatos, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, es una de las abanderadas en la lucha por la igualdad desde la judicatura. Sus claves: que los cuidados familiares cuenten para ascender a las cúpulas judiciales y que las empresas y el Estado abracen definitivamente la conciliación.

R. ¿Cómo valora el nombramiento de la jueza Pilar Llop como presidenta del Senado?
R. Es una buena noticia para la ciudadanía, porque es una magnífica profesional de la justicia y, además, una experta en género, lo que es doblemente positivo. El Senado se beneficiará de su experiencia profesional, su sensibilidad y su formación.
R. ¿Qué echa de menos de la justicia y las instituciones en materia de igualdad?
R. La integración de la perspectiva de género en nuestro derecho, que se ha construido bajo un modelo idealizado que ha desterrado a la mitad de la población. Uno de los ejemplos más claros en el ámbito social es el trato que se da a los cuidados. Es discriminatorio para las mujeres, que son las que cuidan mayoritariamente, pero incluso para los hombres que se atreven a cuidar. La protección social se extiende a escasos periodos legales pero más allá, la persona trabajadora que tiene que cuidar de alguien (menores, mayores o discapacitados) es tratada igual que una persona que abandona el mercado de trabajo porque le ha tocado la lotería y decide que se va a dedicar a viajar. Es absolutamente injusto porque cuando las mujeres se incorporaron masivamente al mercado de trabajo no dejaron de cuidar, y la mayoría de los hombres (aunque algunos ya se están corresponsabilizando y soy optimista) no se incorporaron masivamente al trabajo doméstico. Esto ha generado un desequilibrio claro. Las mujeres intentan competir en un mundo laboral en el que son discriminadas por no dejar de cuidar. Hay otros muchos ejemplos. Las penas del Código Penal, como el delito de sexting, tienen un impacto de género evidente. Se establecen penas de tres meses a un año de prisión y, en cambio, el delito de revelación de secretos industriales que afecta a las empresas se castiga con una pena de tres a cinco años.
R. España es el país con menos juezas en el Tribunal Supremo y en el Constitucional. Solo hay dos mujeres de doce magistrados. ¿Hay que apuntar hacia los cargos discrecionales?
R. Hay que apuntar hacia los estereotipos. Esto no es solo un problema de España, la infrarrepresentación de las juezas en las cúpulas de la justicia es un problema global. El estereotipo que late es el de la inferioridad intelectual de las mujeres juezas, y esto se reproduce en todas las profesiones, lo que evidencia que es un problema global, estructural y sistémico. Es un mito que hace mucho daño a las mujeres y que dificulta la integración femenina en la toma de decisiones de gran trascendencia social.
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R. Tiene mucha relación con juezas de todo el mundo ¿cómo está España respecto a otros países en igualdad?
R. Coloco a España en un nivel medio. Tenemos una legislación muy avanzada pero no hemos avanzado hacia la igualdad real tan rápidamente como otros países. Podríamos tener más herramientas prácticas que nos ayuden a acelerar el proceso. Por ejemplo, México, donde hay un elevado número de feminicidios, tiene un protocolo para juzgar con perspectiva de género. El Tribunal Constitucional de Colombia dicta sentencias en las que se condena al Poder judicial a dar formación obligatoria de género a jueces y evitar que las sentencias puedan ser discriminatorias. En España, las mujeres teníamos prohibido el acceso a la justicia hasta 1966 y con 40 años de Constitución no es lógico que no estemos representadas de forma equilibrada ni en el Tribunal Supremo ni en el Constitucional. Sin embargo, países como Irán siguen prohibiendo el acceso de las mujeres a la justicia o Egipto que establece unas pruebas de acceso a la justicia más difíciles para ellas, porque parten de su inferioridad, y se les obliga a demostrar más que están capacitadas para juzgar. En España, la inferioridad intelectual de las mujeres estaba integrada en las propias leyes, pero ese mito sigue latiendo cognitivamente en la percepción social.
R. Es partidaria de que los cuidados familiares supongan un mérito para ascender en la carrera judicial. ¿Qué acogida ha tenido?
R. Todo cambio tiene resistencias. Va a ser un avance para hombres y mujeres y promueve la corresponsabilidad y la igualdad. Los cuidados son un elemento coadyuvante y anudado a la propia justicia. Hay que tener en cuenta el tiempo que jueces y juezas invertimos en cuidar, y las mujeres somos más usuarias de los permisos familiares. Si no, hay una competición desigual entre jueces y juezas. La conciliación debe ser una prioridad social. Esto no es cosa solo de hombres y mujeres en su ámbito privado. Hay que pasar a lo público, protegerlo y hacer corresponsables de los mismos al Estado y las empresas. Hasta que no lleguemos a ese nivel, no llegaremos a la igualdad real.
R. ¿Son necesarias las cuotas en las cúpulas del Poder Judicial?
R. Por supuesto. Sin ninguna duda. Las carreras jurídicas son mayoritariamente femeninas. En cambio, en el Tribunal Constitucional, el cuarto poder, desde su origen, en 1981, solo ha habido seis mujeres. Esto es una anomalía democrática que redunda en la calidad de una justicia que no es representativa. Es evidente que por una vía natural no se va a lograr. Hay que recurrir a una herramienta legal y reconocida en la Unión Europea que promueve la igualdad real como medida temporal para solucionar un problema endémico.
R. ¿Debéis ser los jueces los que elijáis a los vuestros representantes en el CGPJ?
R. Yo tengo mi propia idea, pero apuesto más por el enfoque de la justicia como proceso y no como solución jurídica puntual. No hay que enfocarlo tanto a de dónde vienen los jueces sino cómo queremos que sean. No solo deben tener conocimientos jurídicos, también inteligencia emocional para hacer una mejor justicia.
R. ¿Cómo se ha adaptado el Tribunal Supremo en aplicar la perspectiva de género?
R. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es la referente y ha hecho un avance importantísimo en perspectiva de género. Sus sentencias están cambiando las interpretaciones anteriores, que tenían un impacto negativo de género en las mujeres. El Supremo está simplemente adecuando sus resoluciones a los mandatos internacionales de los tratados ratificados por España, ni más ni menos. La Sala de lo Social va más lenta, pero se están dictando sentencias buenas.
R. Como magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal superior de Justicia de Canarias, ¿cuál es el punto débil en términos laborales de las empresas?
R. Hay que poner en el centro el derecho de las personas sobre la excesiva mercantilización y la búsqueda incondicional del beneficio empresarial.

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