¿Unidad y permanencia con este escenario político?

La fragmentación tras el 10N y el acuerdo entre PSOE y Podemos alejan la posibilidad de abordar desafíos como la crisis territorial y la económica

El 3 de octubre de 2017, tras el referéndum ilegal celebrado en Cataluña, Felipe VI se dirigió a la nación ante la situación de “extrema gravedad”, que requería “el firme compromiso de todos con los intereses generales”. Más de dos años después de aquel oportuno discurso, la situación sigue siendo de extrema gravedad y el compromiso de más de un cargo público con los intereses generales es, cuando menos, dudoso.

El pasado mes de julio, el Tribunal Constitucional avalaba la aplicación del artículo 155 en Cataluña en 2017, en respuesta a los recursos de inconstitucionalidad presentados por Unidas Podemos y por el Parlamento de Cataluña. De la lectura del propio artículo y de la sentencia del Tribunal Constitucional (“Las del art. 155 son aquellas medidas precisas para hacer frente a actuaciones contra las que no sirven las respuestas ordinarias que pueden ofrecer los órganos constitucionales en su normal funcionamiento”) se desprende que el 155 es el instrumento previsto en nuestra Constitución para hacer frente al desafío secesionista; acompañado de pedagogía, compromiso, lealtad, paciencia y todo lo necesario para tratar de revertir una situación gestada hace décadas, fruto de deslealtades, irresponsabilidades y olvido, pero que alguna vez habrá que arreglar.

Desde aquella, a todas luces, insuficiente e inefectiva aplicación del 155 en 2017, los representantes del Estado en Cataluña no solo no cejan en su desafío, sino que llaman a la desobediencia de la sentencia del Tribunal Supremo e insisten en el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional; sin ir más lejos, este martes, con la aprobación por el Parlament de una moción de la CUP en la que la Cámara expresa “su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación”. Por esta clase de actuaciones el presidente Torrent ha sido apercibido hasta en cuatro ocasiones del riesgo penal de desobediencia.

En 2015, el gobierno de Rajoy, tratando de contener la ola independentista que se anunciaba (devenida en tsunami) y de dotar al Estado de posibles herramientas para su defensa, impulsó medidas como la Ley de Seguridad Nacional y la reforma de la LOTC (art. 92) con la finalidad de conferir al TC potestades que no tenía, frente al previsible incumplimiento de sus resoluciones por parte de las autoridades autonómicas de Cataluña. Pero se requieren más reformas para el fortalecimiento y la defensa del orden constitucional. Por citar algunas:

- La reforma de la ley electoral para promover la concurrencia de partidos de ámbito nacional a las elecciones generales. El sistema se disloca cuando se presentan a las elecciones generales partidos nacionalistas, regionalistas o localistas cuyos diputados no representan a todos los ciudadanos españoles, sino solo a los de su comunidad autónoma o su provincia y cuyo candidato no aspira a convertirse en presidente del Gobierno español. Los diputados del Congreso deben representar a todos los españoles; lo contrario genera desigualdad.

- Una reforma del Senado que permita que la Cámara articule el modelo territorial y que las relaciones del Estado con las comunidades autónomas dejen de ser bilaterales y negociadas a través de partidos políticos regionalistas.

- La modificación del delito de rebelión en el Código Penal y la inclusión, nuevamente, del delito de convocatoria de referéndum ilegal (por cierto, anunciado por el presidente en funciones en el debate electoral).

Sin embargo, n las actuales circunstancias, con un Parlamento excesivamente fragmentado y polarizado tras las elecciones generales del pasado domingo y el anuncio, este martes, del acuerdo entre Sánchez e Iglesias para gobernar en coalición, se aleja la posibilidad de abordar desde el consenso los grandes desafíos que España afronta: crisis territorial, crisis económica y reformas legislativas. Un hipotético gobierno de coalición del PSOE con UP requeriría, además, de la abstención de partidos independentistas con las consabidas exigencias que no han tardado en anunciar. Es decir, sin concesiones al independentismo (que se aprovecha de la debilidad del candidato socialista) no habrá investidura. Y además, suponiendo que esta llegara a producirse, nos encontraríamos con que el partido socio de gobierno, Unidas Podemos (que ostentaría una vicepresidencia y tres ministerios) es el mismo partido que:

- Afirma que en España hay “presos políticos”

- Manifiesta abiertamente su oposición a la aplicación del 155 en Cataluña.

- Defiende el derecho de autodeterminación de Cataluña a sabiendas (o no) de que ni nuestra Constitución ni ninguna de nuestro entorno contemplan este derecho y de que las resoluciones de la ONU que reconocen el derecho de autodeterminación se refieren exclusivamente a situaciones de dominio colonial o a minorías dentro de un Estado sometidas a opresión o discriminación.

Por cierto, tampoco nuestro ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de una consulta pactada porque contravendría la soberanía nacional y la unidad de la nación española, artículos 1.2 y 2 de la Constitución. Distintos son los casos de Escocia o Quebec (territorios que sí han podido celebrar referéndums de independencia sin ruptura con la legalidad), a los que tanto recurren los líderes independentistas catalanes y otros no independentistas con el afán de confundir. Cuando es más necesario que nunca el consenso de los grandes partidos, un Gobierno resultante de un acuerdo como el del martes infunde a los agentes sociales una lógica inquietud por la inestabilidad, división y radicalidad que provocaría, en una coyuntura en la que necesitamos unidad, fortaleza y moderación.

Recurro, de nuevo, a las palabras del Rey y me aferro a ellas: “Son momentos difíciles, pero los superaremos”. Dios le oiga, Majestad.

Teresa Martínez Díaz es Profesora de Constitución Española en la Universidad Nebrija