Es el momento de pensar en los problemas reales
La financiación autonómica y las pensiones son dos caballos de batalla que deberá embridar el nuevo Gobierno, sin excusas ni aplazamientos
Nunca me han gustado expresiones tan amplias, a la vez que ambiguas, como retos o desafíos. Por su generalidad y abstracción. Pero tal vez hoy, una vez digeridos los resultados de estas últimas elecciones, merece hacerse un hueco la excepción. ¿Han pensado nuestros políticos en los enormes desafíos presentes y reales que hay encima de la mesa y por una vez, siquiera, tienen el propósito al menos de tratar de solucionarlos? Mas no nos perdamos en elocuencias ni en vaguedades que no conducen a ningún lado, ni tampoco en una numeración, nunca numerus clausus, de los problemas de hoy y mañana.
Centrémonos solo en dos. La financiación autonómica y las pensiones. No se preocupen. Pronto se reunirán consejos o se crearán nuevas comisiones. Dos problemas tan descomunales como insondables en toda su magnitud a día de hoy. La asunción, planeación y desarrollo de competencias adolecen de una gravísima situación financiera en las autonomías. La sangría se ha hecho más que evidente en los dos últimos meses en un tira y afloja, entre cainita e interesado, con el Gobierno central. Las arcas están exangües. Aunque no miremos hacia atrás, a años de borrachera desenfrenada de dinero procedente de la UE y de fondos que nunca se acaban hasta que cumplieron su misión, homologar unas regiones con otras al menos en nivel teórico. Hoy los gobiernos autonómicos se las ven y las desean, aunque más algunos ayuntamientos.
La revuelta catalana nació, entre varias causas, en una principal: la asfixia financiera para atender el enorme chiringuito montado por el nacionalismo. Al no otorgar el octroi del gobierno de turno, vino la escalada que hoy todos conocemos. La reacción era un espejo, el vasco y catalán con sus cupos y no actualizados desde hace muchas décadas. ¿Qué razón tiene hoy un privilegio que atenta con la igualdad y sus prontuarios constitucionales? Señores, derechos históricos los tenemos igual todos los españoles. El resto, pantomimas musicales que han sido consentidas. No hay dinero para la dependencia. La tercera parte de cualquier presupuesto lo consume, como mínimo, la sanidad, otra gran parte se lo lleva la educación, y a partir de ahí a gestionar para todos los demás servicios, funciones y políticas. Las tensiones entre unas y otras comunidades, algunas de ellas fuertemente endeudadas y reducida su calificación de deuda a categoría cero o basura, saltan a la vista. Los años del FLA ya han concluido. Las reuniones con pompa y boato, pero sin la presencia de los de siempre a nivel de gobierno central y autonómico y sus consejos fiscales no sirven. Se permite la diferencia y el cainismo partidista hace el resto. ¿Qué hará el próximo Gobierno cuando se forme? Es una incógnita, como lo es, si entrará en la agenda política este grave problema que asfixia a las comunidades y si podrá ser aliviado o no. En campaña electoral, ese tiempo de superficialidades exponenciales y cinismos varios, donde las torpezas se hacen más evidentes, algunos blandieron la bandera de revisar y recentralizar hacia el Estado central ciertas competencias. Alemania lo hizo en 2010, refederalizando competencias que los Länder habían asumido. Racionalizándolas. El problema es que, en este país, cansino de ir a lomos de mula vieja, racionalizar es sinónimo de quitar privilegios, prebendas y derechos de lo público.
Y quien embridará la enorme grieta de las pensiones. El tsunami que viene es descomunal. Sistema quebrado. Paños calientes y huidas hacia delante. Gobiernos invitando a planes de ahorro privado. Un mundo disociado, sin ideas.
Abel Veiga es profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Comillas