El umbral de inversión del que nunca debimos bajar: el 2%

El próximo Gobierno debe impulsar un pacto nacional de infraestructuras para acometer 800 actuaciones pendientes

Un termómetro fiable sobre cómo un país apuesta o pone en riesgo su desarrollo socioeconómico es la relación entre la inversión en infraestructuras y el PIB. En España, desde el inicio de la crisis, el tijeretazo de los presupuestos a esta partida fue de órdago. Tanto como para situar por debajo del 1% del PIB los niveles de inversión anuales. Países análogos al nuestro en ningún caso la redujeron por debajo del 2% a pesar del crudo contexto económico. Y este es precisamente el umbral que España debe, como mínimo, recuperar en la nueva legislatura, confiando en que finalmente se forme Gobierno y se acabe con la parálisis política.

Sin embargo, si observamos los programas de los partidos políticos vemos que no hay intención clara de aumentar esa inversión en los próximos cuatro años y queda todo reducido a completar el mapa de la alta velocidad ferroviaria. Los partidos políticos parecen obviar la realidad y ceñirse al corte de cinta electoral que es inaugurar una línea de AVE, a pesar de que son numerosos los informes y análisis que dan un toque de atención a los poderes públicos sobre que en absoluto está todo hecho y de que es necesario invertir más y mejor.

Recientemente, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos publicaba el informe Las obras y servicios públicos, a examen en el que evaluaba las necesidades inversoras en materia de infraestructuras en nuestro país, cifradas en un mínimo de 18.300 millones de euros al año, equivalentes aproximadamente al 1,5% del PIB.

Problemas de financiación

Un informe en el que se hace hincapié en los problemas de financiación, de adaptación al futuro y de operación y mantenimiento. En definitiva, tenemos un patrimonio de infraestructuras excepcional, pero nos cuesta mantenerlo, mejorarlo y adaptarlo a las necesidades futuras. No podemos contentarnos con lo que ya está hecho: que esté en pie no implica que nos podamos olvidar de ello y pensar que no necesita inversión.

Por eso, ya desde hace meses, desde nuestra organización y Seopan hemos insistido en que el próximo Gobierno debe impulsar un pacto nacional de infraestructuras para acometer las más de 800 actuaciones pendientes prioritarias que hay en España, con una inversión de más de 103.000 millones de euros. Y a cada nuevo Gobierno hay que recordárselo, porque la falsa sensación de que está todo hecho puede hacer mucho daño al desarrollo de la economía española.

Hablemos un poco del agua. A veces se nos olvidan cosas básicas como la depuración. Estamos acostumbrados a abrir el grifo y tener agua sin reparar en todos los procesos de tratamiento, distribución y depuración necesarios que hay detrás, y que precisan de la financiación necesaria para su puesta en marcha.

De hecho, hay nueve localidades en España de más de 15.000 habitantes sin sistemas colectores y de tratamiento adecuados, algo que nos pasa factura, pues el Tribunal de Justicia de la UE sancionó a España con una multa de 12 millones de euros, a la que hay que sumar 10,9 millones por cada semestre extra de retraso en su cumplimiento. A ello hay que añadir los incumplimientos en más de medio millar de municipios de más de 2.000 habitantes, que también nos pueden conllevar graves sanciones.

Además de los problemas actuales, nos encontramos con nuevos desafíos a los que hacer frente, como son todos los relacionados con el cambio climático, que requerirán una adaptación de las infraestructuras y un cambio de paradigma en su conservación, ya que deberán ser resilientes ante el impacto de los fenómenos climatológicos extremos cada vez más frecuentes. Es decir, se requiere inversión pública para mitigar sus efectos.

Cambio climático

De hecho, un informe reciente de la organización estadounidense Climate Central afirmaba que las consecuencias de la subida del nivel del mar afectarán para 2050 a 200.000 personas en España, especialmente en el entorno del Delta del Ebro, Doñana y otras zonas de Huelva y Cádiz. Y ese impacto afecta a las comunicaciones, al transporte, a la disponibilidad de agua potable, etc., en definitiva, a la vida de las personas.

Entonces, ¿puede España permitirse estar 12 años con un presupuesto que deja la partida inversora en infraestructuras por debajo del 2% del PIB?

Porque además ya no hablamos solo de obra nueva, sino también de conservación y mantenimiento, y aquí incluyo desde las infraestructuras del transporte hasta las del agua. Ahí están por ejemplo nuestras presas, con una edad media de 50 años y que requieren de un plan nacional de conservación liderado por la Administración Central, al igual que ya se hace con las carreteras, y siempre en colaboración con las confederaciones hidrográficas. Y si existe un problema de financiación pública que “obliga” a meter tijera y a no poder destinar más fondos a inversión pública, ¿a qué esperamos para mejorar el escenario para los inversores privados? La colaboración público-privada es una alternativa de la que se ha hablado mucho en España en los últimos años, pero el Gobierno no lleva a cabo las modificaciones legislativas oportunas para hacer que las inversiones sean atractivas y rentables, ni tampoco apuesta por su aplicación en el ámbito del agua, donde tendría muy buen encaje pero nadie se decide a dar el paso.

Por tanto, ¿otros cuatro años con una inversión por debajo del 2% del PIB? No sé cuántos informes y estudios más hacen falta para que el Ejecutivo tome cartas en el asunto y duplique la inversión (que no gasto) en infraestructuras. No queremos “viernes de obra pública”, análogos a los “viernes sociales”; solo queremos que el país se desarrolle, mantenga y conserve lo levantado y se prepare para lo que viene, que es mucho.

 Fernando Argüello es director general de Fidex