Miguel Borra: “El empleado público se tiene que poder jubilar a los 60 años”

Se presenta a la reelección al frente del sindicato esta semana

Miguel Borra, presidente del sindicato CSIF y candidato a la reelección.Pablo Monge

Los sindicatos de la función pública lograron firmar en 2017 y 2018 dos acuerdos para subir los sueldos y estabilizar las plantillas de las Administraciones. Pero una vez que esos acuerdos están en marcha, el presidente de la Central Independiente de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra (Zaragoza, 1968) ya está pensando en el siguiente capítulo de exigencias al futuro Gobierno que salga de las próximas elecciones.

Borra se presenta a la reelección esta semana, en el IX Congreso Nacional del CSIF que se celebrará el próximo jueves, 10 de octubre, en Valladolid. Allí presentará sus planes para la central ante 471 delegados de toda España. Entre las medidas estrella que pretende sacar adelante destacan dos muy ambiciosas: lograr articular una jubilación anticipada a partir de los 60 años para los empleados públicos e intentar diseñar un plan de recuperación del poder adquisitivo perdido por estos 2,57 millones de asalariados de las Administraciones.

R. ¿Cómo afecta al sector público la parálisis política y la repetición de elecciones?

R. En cuatro años solo hemos tenido un Gobierno que con el que negociar solamente durante un año y medio. Es verdad que ese tiempo fue muy fructífero por los acuerdos salariales y de empleo que conseguimos. Pero el hecho de estar en funciones desde hace cinco meses y no tener nuevo Gobierno hasta febrero nos influye en que no sabemos qué pasará con nuestra subida salarial de 2020 que tenemos firmada y que es un fijo del 2%. Le hemos escrito una carta a Pedro Sánchez para exigirle que apruebe esa subida igual vía decreto, igual que hizo con la subida del año pasado. Con las ofertas públicas de empleo también se retrasa todo y puede que también se tenga que aprobar con un decreto. Las comunidades autónomas tampoco están pudiendo llevar a cabo programas que afectaban al personal.

R. ¿Tienen quejas de cómo ha aplicado el Gobierno del PSOE los acuerdos alcanzados con el anterior Ejecutivo del PP?

R. Se están aplicando bien porque los acuerdos no estaban firmados con un partido sino con el Gobierno y aunque haya cambiado de signo, se tienen que cumplir. Pero ahora creemos necesario trabajar en un tercer acuerdo de mejora del empleo público, porque el actual no preveía solucionar algunos problemas como el envejecimiento de las plantillas. En la Administración General de Estado (AGE) más de la mitad de los empleados públicos tienen más de 50 años y más de un 10% superan ya los 60 años. Además, en todo el sector público, aún hay más de 100.000 plazas menos que antes de la crisis.

R. Sin embargo, el acuerdo vigente decía que la subida se incrementaría un 0,25% si el PIB avanzaba un 2,5% o más. En un primer cálculo del Gobierno, el PIB del pasado año sí había crecido un 2,5% pero una segunda estimación lo ha rebajado al 2,4%, con lo que la subía debería ser del 0,20% ¿Van a hacerles devolver lo pagado de más?

R. No creo. No nos han dicho nada de eso. En los sitios en los que ya se ha pagado y está en la nómina lo veo muy complicado. Hay algunas Administraciones que aún no han aplicado ese incremento y veremos qué pasa.

R. ¿Quedan otros recortes de la crisis?

R. Por supuesto. Seguiremos trabajando algunos de los grandes recortes que aún arrastramos. El primero es la quita que nos hizo el señor José Luis Rodríguez Zapatero entre el 5% y el 10% del salario de los empleados públicos. Calculamos que desde 2010 y teniendo en cuenta que hemos recuperado algo de poder adquisitivo en 2018 y 2019, hemos perdido entre el 14,6% y el 19,6% de poder adquisitivo, dependiendo del grupo o colectivo que se analice. Vamos a intentar que se establezca un plan de este poder adquisitivo que se ha perdido.

R. La otra gran prioridad de su próximo mandato es rejuvenecer la Administración...

R. Las Administraciones necesitan un plan de choque porque, como desde 2009 han entrado muy pocos empleados públicos, las plantillas están muy envejecidas. Sabemos que rejuvenecerlas tiene un coste importantísimo. Por eso este tipo de medidas requiere de concienciación de todos los actores implicados. Pero en algún momento habrá que empezar y gastarse el dinero en ello. Habrá que negociar hasta dónde se puede llegar.

R. ¿Qué proponen para hacerlo?

R. Lo que queremos hablar con el futuro Gobierno es que con 67 años no termino de ver a un trabajador de enfermería poniendo una vía central a un paciente; o a un celador, en una sala de urgencias cambiando a un señor o a un maestro de infantil dando botes. Así que vamos a poner encima de la mesa de negociación que se abra la posibilidad de jubilación voluntaria anticipada de los empleados públicos, sabiendo la dificultad y el coste que esto tiene.

R. ¿A qué años quieren situar esa jubilación anticipada ?

R. El empleado público debería poder jubilarse anticipadamente de forma voluntaria a partir de los 60 años. Aunque esta edad habría que estudiarla, se podría adecuar al retraso de la edad ordinaria y que, como ocurre en la empresa privada, se pueda uno jubilar cuatro o cinco años antes de la edad legal. Pero también vamos a proponer otras circunstancias como ¿por qué un señor que lleve cotizados una serie de años no puede optar a esa jubilación anticipada?

R. Entiendo que ese retiro tendría coeficientes reductores de la pensión...

R. Si, claro, lo único que queremos es poder tener esa opción como los demás trabajadores del sector privado. Aunque también nos gustaría de poder hablar de algunas profesiones que a las que se les pudieran establecer coeficientes reductores menos penalizadores, como hemos conseguido con la policía local y los bomberos. Estamos pensando en algunos colectivos sanitarios, en otros que trabajan en medio ambiente como agentes rurales, que no tendrían fácil una segunda actividad factible para los mayores. Creo que desde 2009 no hemos podido tratar temas novedosos en las negociaciones con el Gobierno y yo creo que ha llegado el momento. Además, intentaremos extender esta lucha, para que otras profesiones en la empresa privada también tengan estos coeficientes reductores menos penalizadores ¿o acaso alguien se imagina a un señor albañil con 67 años subido a una séptima planta?

R. Este tipo de jubilaciones anticipadas tienen un elevado coste para la Seguridad Social ¿no temen que les den un portazo cuando vayan a solicitarlas??

R. El coste no lo hemos calculado. Pero cuando empezamos a negociar los coeficientes reductores de la policía local también nos dieron un portazo, porque es un cuerpo con muchos efectivos en toda España. Si bien, al final, conseguimos convertir ese no en un sí.

R. Su candidatura es única ¿qué otras propuestas va a plantear al próximo Gobierno y qué quiere hacer en el sindicato?

R. Le instaremos a acabar con las diferencias salariales entre Administraciones. Habrá que establecer métodos legales para que no podamos hacernos la competencia. También intentaremos que se sienten a negociar como implantar un sistema de evaluación del desempeño para que puedan evolucionar las carreras en el sector público. E intentaremos cambiar la Ley de representación sindical para que rebaje el porcentaje para ser sindicato más representativo del 10% al 5%, como los partidos políticos.

R. Como sindicato queremos ampliar notablemente nuestra representación en la empresa privada.