El Gobierno no ha dado luz verde aún a las peticiones de cierre de ocho térmicas
Las eléctricas deben presentar planes de transición justa. Solo Naturgy ha recibido el visto bueno para Anllares
La decisión de Endesa de interrumpir de manera “discontinua” la producción de sus dos grandes centrales de carbón de importación, la de Litoral, en Almería, y la de As Pontes, en La Coruña, no implica el cierre inmediato de estas instalaciones, algo que las empresas no pueden hacer sin la autorización administrativa. Lo que ha hecho la compañía que dirige José Bogas es constatar ante el mercado que estas plantas no compiten (por razones fiscales y costes de CO2) y que no hay ninguna expectativa de que vayan a lograr ser rentables ni recuperar las inversiones. Por ello, la compañía procederá a hacer una dotación de 1.300 millones de euros.
Pero, ¿qué ha pasado con la solicitud que las grandes eléctricas comenzaron a tramitar hace dos años para el cierre de todo el parque de carbón peninsular? Sencillamente, que el Ministerio para la Transición Ecológica no ha dado ninguna respuesta y, en algunos casos, se ha producido el silencio administrativo (que implica una negativa) al superar el plazo legal: un año, más seis meses, respectivamente, para los informes preceptivos de REE y la CNMC.
Las primeras solicitudes de clausura de centrales de carbón nacional se remontan a 2017: la de la central de Anllares, de Naturgy, y las de Lada y Velilla, de Iberdrola. En el primer caso, la compañía recibió autorización para el cierre y Anllares es, de hecho, la única en proceso real de cierre. En el caso de las de Iberdrola, su petición provocó un agrio enfrentamiento entre la compañía y el entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, que libró una cruzada para prohibir el cierre de las centrales de carbón y las nucleares.
Fue ya con el Gobierno de Pedro Sánchez, con una política decidida sobre transición energética, cuando las grandes eléctricas se lanzaron a solicitar el cierre de todas las plantas de mineral autóctono: Naturgy pidió el de Meirama, La Robla y Narcea y, a finales de 2018, Endesa hizo lo propio para Compostilla (León) y Andorra (Teruel). Entre otras razones porque las centrales que el 30 de junio de 2020 no hayan acometido las inversiones medioambientales requeridas por Bruselas (para desnitrificación) no podrán seguir operando más allá de esa fecha.
El cierre de cualquier instalación eléctrica requiere de la autorización del operador del sistema (vinculante si es negativa) y de la CNMC, aunque la última palabra la tiene el ministerio. Si este no ha tramitado estos cierres (de hecho, a la CNMC no le ha llegado ningún expediente) es porque ahora los planes de lucha contra el cambio climático imponen a las empresas inversiones en el marco de una transición justa. Y aunque no hay ninguna norma en vigor al respecto (solo el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y un proyecto congelado de Ley de Cambio Climático) y es algo voluntario, las empresas saben que para lograr el permiso de cierre son imprescindibles inversiones para apoyar a las comarcas afectadas en el marco de la transición justa. Todas ellas, especialmente Naturgy para Anllares, elaboran dichos planes.
El compromiso de Ribera
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se comprometió ayer a abrir una vía de comunicación permanente con los trabajadores de la central de As Pontes para analizar, de forma conjunta, todos los escenarios de futuro, articular respuestas a corto plazo al cierre de la planta y planificar, con anticipación, actuaciones posteriores en la comarca.
Ribera se reunió ayer con el consejero delegado de Endesa, José Bogas; el consejero de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde y el alcalde de As Pontes de García Rodríguez Valentín García para conocer los planes de la eléctrica sobre la planta y la coordinación con las distintas administraciones, según el ministerio.
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