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A fondo
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

¿Son útiles los indicadores de innovación para hacer política?

Es necesaria una vicepresidencia específica y un consejo nacional con amplias competencias

Pixabay

La reciente publicación del European Innovation Scoreboard, que incluye el índice sintético de innovación (Summary Innovation Index; SII), ha generado, como en otras ocasiones, un debate sobre su utilidad de cara a la toma de decisiones de política en España que estimulen una actividad crítica para la competitividad y el desarrollo de nuestra economía en el mundo de fuerte cambio tecnológico en que estamos. Las críticas se agrupan en dos posturas: las que dudan de la bondad técnica del índice y las que discuten su utilidad para las políticas. Por eso aclararemos primero si el SII está bien hecho y después entraremos en cómo tomar las decisiones más eficaces apoyándonos en los mejores datos.

La mayoría de las críticas a la estimación del SII parten del hecho de que la posición ocupada por España según sus resultados es poco gratificante y tal vez distorsionada debido a supuestos defectos del indicador. España ocupa en el año 2018 el lugar 19 de los 28 de la UE. Incluyéndose dentro del grupo de países “moderadamente innovadores”, por detrás de los “líderes” y “fuertemente innovadores”.

No es este el lugar para entrar en detalles puramente técnicos, pero sí se debe poner de manifiesto que una posición similar se obtiene usando cualquiera de los índices más utilizados. Así, según el Global Innovation Index de 2018, España ocupa la posición 28 de todos los países y en Europa solo está por delante de varios países de Europa Oriental, Grecia o Italia. Si acudimos a los datos del Innovation Output Indicator de la UE, España ocupa el lugar 27 en el contexto internacional, y si acudimos al ya clásico de los recursos dedicados a la I+D respecto al PIB, España está en el puesto 29 con un valor de 1,2% frente a 2,37% de media de la OCDE. Los datos son muy tozudos: la posición española en el mapa europeo y mundial de la innovación es poco halagüeña y el SII no dice cosas distintas.

Un aspecto diferente es el de los cambios habidos en los últimos años en los que, según el SII, España ha perdido alguna posición. Si no es un problema de cómo se estima el SII, la pregunta es por qué ha pasado. La respuesta tiene dos componentes: primero, los datos del SII español muestran que el mismo ha mejorado en valores absolutos respecto a 2011, pero dicha mejora no ha sido de mayor calado que la experimentada por otros países, lo que se traduce en que la posición relativa apenas sufre modificaciones e incluso se pueda observar una leve pérdida de posiciones.

Por otro lado, los cambios en las capacidades innovadoras responden a fenómenos de largo plazo donde la acumulación de los esfuerzos y resultados necesita de tiempos dilatados para hacerse claramente visible. Si a ello añadimos que en los años recientes de la crisis los recursos dedicados a la innovación en España –particularmente los de origen público– han descendido de manera significativa, no debe extrañar que nuestra posición internacional no mejore e incluso empeore. De esta constatación se deriva a nuestro juicio la necesitad de implementar acciones muy decididas agrupadas en un plan de choque para tratar de revertir la situación.

Una de las mayores virtudes del SII es que al ser una resultante de 27 índices que miden otras tantas dimensiones relacionadas con la innovación, permite ser mucho más agudos en el diagnóstico, al poder detectar las fortalezas y debilidades del sistema. De la propia UE se podría deducir que en España estamos mejor en recursos humanos, ambiente favorable a la innovación, ventas de nuevos productos, penetración en banda ancha y numero de doctorados. De igual forma, estamos débiles en innovación en la pyme de servicios intensivos en conocimiento y número de grandes empresas. Esas son buenas indicaciones para ver dónde hay que mejorar.

Una vez aclarado lo que tiene que ver con la bondad de los indicadores, lo que interesa es pasar a la acción porque no solo queremos entender las cosas, sino cambiarlas, haciendo el mejor uso posible de los datos disponibles. En este sentido, queremos avanzar en dos aspectos para nosotros esenciales.

Lo primero es descartar que a partir de los datos, por precisos que sean, se resuelva la toma de decisiones, como si se pudiera establecer algún automatismo entre los números y las actuaciones. Esto no es posible al menos por dos motivos. El primero, que la correcta interpretación del significado de cada índice no es sencilla. Si nos ponemos a pensar en los componentes del SII, al igual que pasaría con los parámetros de un análisis de sangre, la trascendencia de cada uno de ellos depende de cómo interactúa con los que se manifiestan en otros indicadores. Así, por ejemplo, el gasto en I+D+i tiene que interpretarse teniendo en cuenta aspectos como la composición sectorial de la economía, el peso de las micro y pequeñas empresas. En donde sí parece que hay consenso es en que es imprescindible actuar en un entorno donde la posición española es particularmente débil: las inversiones de las empresas, el desempeño de las pymes y las vinculaciones y cooperación de las empresas para innovar.

El segundo es aún más complicado. Mejorar de manera sustancial la innovación en el tejido productivo español exige a nuestro juicio tener datos en la mayor cantidad y calidad posible, pero esto no es ni mucho menos todo. Hay aspectos institucionales, sociológicos, económicos o políticos que son más cualitativos y para manejar los cuales hace falta un conocimiento múltiple y una importante experiencia. Por eso, junto con actuaciones encaminadas a mejorar rotundamente aspectos como la inversión en I+D o la presencia en patentes internacionales en campos tecnológicos emergentes, hay que tomar medidas que mejoren la interacción en aquellos aspectos cualitativos entre las diversas instituciones. Aspectos como, por ejemplo, la temporalidad en el empleo, las relaciones entre la universidad y la empresa o la mayor imbricación con la innovación de las subsidiarias multinacionales establecidas en España necesitan de un enfoque para el que es necesario contar con amplios colectivos y perspectivas de conocimiento diferentes.

Querer resolver esta complejidad desde un solo ministerio, por amplio que sea, no lo vemos posible. Por esto se apuesta por la creación de nuevos elementos institucionales que posibiliten el fuerte empujón que hemos mencionado, dándole un peso político y social de la mayor envergadura. Entre estas opciones se apoya decididamente la creación de una vicepresidencia específica y la puesta en marcha de un Consejo Nacional de Innovación con amplias competencias y elevada autonomía.

 Francisco Marín/ José Molero son miembros del Foro de Empresas Innovadoras

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