La defensa de Rato: en la OPS de Bankia hubo “una buena praxis bancaria”
Descarga la responsabilidad en la aprobación de los supervisores
En la reanudación del juicio por la salida a Bolsa de Bankia, el abogado defensor del expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, ha valorado que tanto la fusión de las siete cajas como la actividad bancaria y posterior debut bursátil del banco supusieron “una buena praxis bancaria”. Igualmente, el letrado, que ha continuado exponiendo sus conclusiones definitivas, ha descartado que se produjera el posible delito de falsedad contable que imputa la Fiscalía.
“No existió ningún dato fáctico relevante que no haya sido conocido. Las acusaciones formulan que hay un delito de falsedad contable porque se ha ocultado alguna realidad económica que debería haber tenido un tratamiento contable distinto. Ese tratamiento contable de datos conocidos serán estimaciones o juicios de valor, pero no ha habido ocultación de datos. No estamos ante un caso de contabilidad paralela o paraísos fiscales. En realidad lo que ha existido es una buena praxis bancaria. Lo que se discute es si se debería haber contabilizado de una forma u otra. Ha quedado acreditado que se han cumplido todos los requerimientos del Banco de España que dirigió la supervisión bancaria y no ha incoado un solo expediente sancionador”, ha explicado.
Como ya hiciera el propio Rodrigo Rato en su declaración como acusado, el pasado mes de enero ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, su defensa ha traspasado la posible responsabilidad a los entes supervisores de la actividad y operaciones de Bankia: el Banco de España y la CNMV, además del Frob. Según el letrado, la supervisión a la que estaba sometida la entidad impediría cometer los presuntos delitos de falsedad contable y estafa a inversores de los que se acusa a los principales investigados en el caso.
"Tanto la actividad bancaria como la bursátil que están en tela de juicio, estaban sometidas a la intensa regulación normativa y de supervisión. Y fue aprobado por todos. Dado el carácter sistémico de la entidad esta supervisión era máxima. Los inspectores tenían acceso permanente e instantáneo a la información. No la piden, acceden directamente a cuanto creen que es oportuno. Todos los supervisores han intervenido y han dado su visto bueno y benepláctio. ¿A quién más hay que recurrir para decir que se estaban haciendo las cosas conforme a derecho?”, ha expresado.
El Ministerio Fiscal pide 8,5 años de cárcel para Rodrigo Rato por un posible delito de estafa a inversores y otro de falsedad contable. Según Anticorrupción, los exdirigentes de Bankia ocultaron "conscientemente" deterioros que arrastaban las cajas integradoras de Bankia, lo que provocó su colapso y posterior rescate por parte del Estado. Las cuentas anuales de Bankia referidas al ejercicio de 2011 (depositadas en la CNMV sin el informe de auditoría) arrojaron un beneficio de 309 millones de euros. Tras la dimisión de Rato y la llegada del nuevo equipo gestor liderado por José Ignacio Goirigolzarri se reformularon los estados fiancieros y pasaron a reflejar pérdidas por 2.979 millones.
Finalmente, tras practicar el interrogatorio a los acusados y las pruebas periciales, el pasado mes de julio la Fiscalía amplió su acusación inicial y elevó de 4 a 14 las personas acusadas. Igualmente, aumentó al pena de prisión que pedía para los exdirigentes ya acusados, salvo para Francisco Verdú (exconsejero delegado), que le retiró el cargo de presunta estafa a inversores. De esta forma, solicita cinco años para José Luis Olivas (ex vicepresidente de la entidad); cuatro años para José Maniel Fernández Norniella); un año y seis meses para Francisco Verdú.
También acusa al exdirector general finacniero y de riesgos de Caja Madrid y Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj (dos años y medio de cárcel); al socio auditor de Deloitte Francisco Celma (dos años de prisión); al interventor de Bankia Sergio Durá (entre uno y dos años); al exdirector de auditoría interna de Bankia Miguel Ángel Soria Navarro (entre uno y dos años); al exconsejero Alberto Ibáñez (entre nueve meses y un año y medio de prisión); la exconsejera Araceli Mora (un año sustituible por multa); el exconsejero Miguel Ángel Acebes (entre nueve meses y un año y medio); el exconsejero Pedro Bedía (un año de prisión); Remigio Pellicer (un año sustituible por multa); y José Rafael García Fuster (un año sustituible por multa).
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