El 80% de las sentencias por corrupción dictadas en 2018 fueron condenas

La fiscalía reclama que se incremente la protección de los denunciantes y testigos

La fiscal general, María José Segarra, y el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, junto al rey Felipe VI, durante la apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo.
La fiscal general, María José Segarra, y el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, junto al rey Felipe VI, durante la apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo. EFE

La corrupción sigue siendo percibida por los ciudadanos como uno de los principales problemas de España y, de acuerdo con esa preocupación social, la Justicia ha extremado el celo en su persecución en los últimos años. Según los datos de la Memoria de 2019 de la Fiscalía General del Estado, ese trabajo puede estar dando resultados. Por un lado, un buen número de los procedimientos instados por Anticorrupción acaban en condena. En concreto, de las 28 sentencias dictadas en este ámbito en primera instancia, 23 fueron condenatorias (algo más del 80%), lo que indica la precisión del Ministerio Público en la persecución de estos delitos.

Por otro, las cifras manifiestan cierta estabilización o ralentización en la apertura de nuevos  procedimientos por corrupción. Así, si bien los procesos que requirieron la intervención de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada pasaron de 609 a 678 (un 10% más), el organismo precisa que este "notable auge" tiene su razón de ser "no en un incremento real de la delincuencia competencia de esta Fiscalía, sino en la desmembración de determinados procesos penales ya existentes en numerosas piezas separadas, al objeto de simplificar su tramitación".

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha señalado que "pocas materias como la corrupción reflejan el grado de sintonía compartida entre la ciudadanía y el Ministerio Fiscal en la lucha enérgica que puede llegar a minar la base del Estado de Derecho". No obstante, para perfeccionar la persecución y el castigo de estos delitos ha puesto sobre la mesa la necesidad de reformar "en profundidad" la legislación sobre protección de denunciantes y testigos, "a fin de ampliar los supuestos para su aplicación, concretar las medidas que garanticen su indemnidad y centralizar su gestión". También ha reclamado, en su discurso, mejorar la capacidad del Tribunal de Cuentas de exigir responsabilidad contable por los ilícitos relacionados con el gasto público descontrolado.

Además, en la Memoria se insiste en la necesidad de tipificar como delito el enriquecimiento ilícito, nuevo tipo penal que "llenaría las pocas lagunas punitivas que quedan en materia de corrupción". Tal y como están tipificados hoy los delitos de cohecho, su acreditación es extremadamente compleja, explica el organismo. "Relacionar un pago con un contrato es tarea cada vez más difícil", ejemplifica, pudiéndose esconder "fácilmente con estructuras triangulares de pago". Por ello, ve necesario introducir un artículo que castigue los aumentos del activo o reducciones del pasivo que el acusado no sea capaz de explicar.

Atendiendo a los delitos por los que más escritos de acusación interpuso el Ministerio Fiscal, el más frecuente fue el de prevaricación administrativa (31), seguido de la malversación de caudales públicos (32), delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y contrabando (25), el fraude contra la Administración (24), blanqueo de capitales (18) y defraudaciones (8). A ellos, especifica el organismo, hay qeu sumar aquellos delitos conexos que, pese a no ser de la competencia de Anticorrupción, fueron objeto de acusación por guardar relación con los anteriormente mencionados, como la falsedad documental (el más numeroso de este tipo), delitos contra la ordenación del territorio, coacciones, amenazas, robo con fuerza, o contra la salud pública.

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