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Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

El impacto de la información positiva sobre el crédito

El acceso a los datos de los buenos pagadores podría elevar el flujo crediticio nuevo un 20%

Gettyimages

El acceso al crédito desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico de los países. Los consumidores dependen de la financiación para poder incrementar su bienestar, mediante la inversión y el mantenimiento de un perfil estable de consumo. Por su parte, las empresas precisan de liquidez externa para poder llevar a cabo proyectos de inversión o gestionar eficientemente su actividad circulante de transacciones económicas.

No obstante, los mercados de crédito presentan problemas de información asimétrica que generan ineficiencias en la asignación (tanto por la exclusión de buenos pagadores como por la concesión a malos pagadores), la cantidad y el precio. Estas ineficiencias provocan que algunos agentes –empresas y consumidores- no puedan alcanzar de manera satisfactoria sus objetivos de incremento de bienestar y crecimiento, lastrando así al conjunto de la economía.

Los mecanismos tradicionales para minorar los problemas de información, como la solicitud de garantías o el intercambio de información negativa sobre impagos, se han revelado insuficientes para una correcta asignación de crédito en la economía. Prueba de ello es su incapacidad para controlar el sobreendeudamiento en la economía española en la crisis iniciada en 2008, que disparó los niveles de morosidad bancaria y supuso la exclusión de potenciales usuarios de crédito que no pudieron demostrar su capacidad y voluntad de pago. Así, en plena crisis fue aprobada la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, en la que se indicaba expresamente la necesidad de asegurar el crédito responsable, aunque no contenía aún normas concretas que permitieran el desarrollo de una información más completa.

Numerosos estudios académicos han evidenciado que cuando las entidades financieras tienen acceso a la información positiva de los usuarios de crédito –historial de préstamos asumidos y cumplidos, entre otros– aumenta la capacidad para evaluar el nivel de endeudamiento, reduciendo el riesgo intrínseco asociado a las concesiones de crédito.

Los sistemas de información crediticia completos, que permiten a las entidades no solo conocer los impagos sino también otros indicadores de cumplimiento, constituyen una medida que resuelve gran parte de los problemas de información asimétrica que afectan a la cantidad de crédito concedido, su calidad y su coste. Así lo han puesto de manifiesto instituciones como el Banco de España o el Banco Central Europeo, recomendando sistemas de información crediticia completos (positiva y negativa) para robustecer los mercados de crédito ante crisis financieras. En esa misma línea, la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario viene a cubrir un vacío regulatorio en nuestro ordenamiento jurídico regulando la consulta de ficheros de solvencia tanto en el ámbito inmobiliario como en el del crédito al consumo.

En España, al igual que en otras economías de referencia para nuestro país, la información de crédito está enfocada exclusivamente hacia la información negativa de morosidad mientras que la información positiva no es compartida entre las entidades, salvo algunas excepciones. Los registros privados positivos podrían complementar los actuales registros públicos (la Central de Información de Riesgos del Banco de España), reforzando así la capacidad de control y de minimización de errores de asignación del crédito concedido.

El análisis y la investigación empírica de los efectos que han tenido los SIC positivos en los países donde se han introducido muestran mejoras en la inclusión financiera de colectivos vulnerables, como los hogares con menor renta o jóvenes, reducciones en el coste del crédito para el prestatario, aumentos en la competencia entre entidades y reducciones en la morosidad.

La información positiva refuerza un círculo virtuoso: los individuos disponen de mejor información sobre su nivel de endeudamiento, lo que ayuda a la toma de decisiones y contribuye a crear una cultura y conciencia social colectiva en torno a la capacidad de endeudamiento y el préstamo responsable. En este sentido, los SIC realizan una contribución relevante a la educación financiera, ayudando a asimilar la noción del endeudamiento y de sus consecuencias.

Los beneficios derivados de la introducción en España de un SIC positivo serían particularmente patentes en la cartera de autónomos y pequeñas empresas. Este colectivo, que supone el 50% de los empleados afiliados a la Seguridad Social según datos del INE, está particularmente expuesto al fallo de mercado generado por la información asimétrica y los costes de eficiencia que provoca en la asignación de crédito. Además, la mejora que representaría el SIC positivo facilitaría el proceso de crecimiento de las empresas, que resulta crítico para impulsar la productividad, al tiempo que contribuiría a hacer más sostenible el actual ciclo crediticio, reorientando el crecimiento de la inversión hacia aquel segmento con más capacidad de crecer sin afectar al perfil de riesgo de las entidades. En el entorno actual de márgenes de intermediación muy estrechos, la mejora en el acceso a la información de calidad sobre autónomos y pequeñas empresas reduciría el alcance de los errores en la asignación de crédito, así como el riesgo de que las entidades incurran en pérdidas en esta cartera cuando las condiciones macroeconómicas sean menos favorables.

Aunque resulta muy difícil estimar el impacto que tendría el SIC positivo en España, sí se puede realizar una simulación con datos reales y supuestos plausibles y consistentes con la evidencia internacional de países en los que se ha introducido. Asumiendo que la introducción del SIC eleva la tasa de aceptación de los créditos a autónomos y pequeñas empresas en un 20% y reduce la probabilidad de impago de dichos activos en un 10%, el flujo de crédito nuevo anual aumentaría en un 20%, lo que supondría casi 30.000 millones de euros más por año, mientras la tasa de morosidad para este segmento caería 1,3 puntos.

En definitiva, el acceso al crédito es uno de los ámbitos donde una mayor disponibilidad de información individualizada puede redundar en un mejor funcionamiento del mercado, con beneficios significativos para empresas, hogares y la economía en su conjunto.

 Gonzalo García Andrés es Responsable de economía de Analistas Financieros Internacionales, Afi

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