¿Por qué fallan los servicios públicos de empleo?
Las deficiencias no se explican solo por una mala gestión, sino por falta de personal suficiente
Los Servicios Públicos de Empleo (SPE) están siempre en el punto de mira de la opinión pública. No debemos olvidar que es el principal problema para el conjunto de la población española (62,5%). Anteriormente fue la Comisión Europea la que apuntaba serias deficiencias, en términos de gestión. Recientemente en el estudio de revisión del gasto público (spending review), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha revelado que en España existen serias deficiencias, a nivel de control y fiscalización, que cuestionan la calidad del gasto público (más de 6.000 millones de euros en 2017) en materia de Políticas Activas de Empleo (PAE). Además, Airef constata que existe un amplio margen para mejorar la gestión, y propone revisar el funcionamiento de los SPE. Según Airef, “se aprecian sustanciales diferencias en la calidad del servicio entre las diferentes autonomías” y subraya que coincide el peor rendimiento con unas altas tasas de paro.A pesar de la calidad indiscutible de los estudios del organismo, no creo que el rendimiento de las oficinas de empleo autonómicas se deba exclusivamente a deficiencias en la gestión sino también a la falta de personal.
En mi opinión un análisis sobre el funcionamiento de los SPE en España debe de realizarse teniendo en cuenta las restricciones que, sobre la eficiencia, introducen las carencias en recursos humanos. Así, cada persona de la plantilla atiende seis veces más demandantes de empleo que la media de la Unión Europea. En parecidos términos concluye un reciente informe de la Airef que refleja que solamente el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), sin tener en cuenta los servicios autonómicos, registra una media de 1.026 demandantes de empleo por cada empleado público, frente a una media europea de 135 parados, es decir, casi seis veces más de carga de trabajo. A juzgar por las anteriores cifras no es extraño que diversos organismos internacionales y determinados expertos recomienden, además, de la modernización de la gestión, la urgente reforma de los SPE de nuestro país que contemple un aumento significativo de la plantilla de personal.
Una explicación de las anteriores cifras podría ser debida a la excesiva cifra de desempleados (3,3 millones), comparada con la de nuestros socios europeos. Ello da lugar a que los SPE, ante la falta de personal, dediquen gran parte de su tiempo y esfuerzo a la gestión de las prestaciones económicas por desempleo, en detrimento de la intermediación y orientación laboral y del servicio a las empresas. Todo lo anterior da como resultado que no se conecte apenas con el tejido empresarial y, de este modo, no se conozcan sus necesidades, lo que posibilitaría una mejora sustancial en su funcionamiento. Precisamente, la mejor manera de conocer las necesidades de las empresas es visitándolas periódicamente, lo que facilita la función de intermediación al poder conocer los perfiles deseados, niveles de salarios propuestos, exigencias de cualificación, etc.
En Alemania, por ejemplo, se garantiza que los servicios públicos de empleo puedan contraer déficit en tiempo de crisis a través de provisiones para préstamos y ayudas. Esto significa que estos servicios pueden actuar como estabilizadores automáticos, es decir, durante las recesiones no se producirían interrupciones en el pago de las prestaciones económicas a los desempleados ni en los programas de empleoEn definitiva, los resultados de la lucha contra el desempleo no son únicamente imputables a la gestión de los servicios de empleo.
Es también determinante la acción conjugada de múltiples factores exógenos como puedan ser: la demografía, la fluidez del mercado de trabajo, el nivel de indemnización del desempleo, las ayudas al retorno al empleo, la adaptación del sistema de formación a las necesidades de las empresas, el presupuesto en PAE en relación al volumen de desempleo, por otro lado, muy inferior al resto de países de nuestro entorno como así reconoce Airef, etc.Todo ello no debe servir de excusa para dejar de optimizar la gestión mediante, por ejemplo, mejoras en la coordinación entre administraciones (central y autonómica) ante la fragmentación de funciones entre ambas.
Es aconsejable que, tanto el SEPE, que se ocupa del pago de prestaciones por desempleo, como los servicios autonómicos de empleo, que tienen transferidas las competencias en empleo y formación, compartan objetivos con un proceso común de seguimiento y control para evitar deficiencias en la coordinación. Trabajando conjuntamente se pueden obtener mayores sinergias de costes y optimización de recursos. Además, sería interesante incorporar la evaluación para medir el impacto de las políticas públicas como práctica habitual que permita tomar decisiones basadas en la gestión de resultados. Ello, posibilitaría poner énfasis en la eficacia de las PAE para fomentar la orientación y el asesoramiento personalizado. Así se proporcionarían estrategias para el desarrollo personal y la integración social junto con la formación a fin de mejorar la empleabilidad de las personas en situación de desempleo. De este modo, se facilitaría que los SPE puedan afrontar cambios constantes en el entorno tecnológico y al funcionamiento del mercado de trabajo. Las tareas de los servicios públicos de empleo nunca volverán a ser más de lo mismo.
Hace bien poco el profesor, Christopher Pissarides, Premio Nobel de Economía, manifestaba: “Hay mercados especiales como el mercado laboral que necesita de un trabajo de intermediación para casar oferta y demanda. El empleo no es un bien homogéneo e intentar adecuar el servicio de quien lo ofrece con el interés de quién lo demanda tiene costes. Esos costes (dinero, tiempo) se reducen con la intermediación que corresponde a los Servicios Públicos de Empleo”.
Vicente Castelló es Profesor Universidad Jaume I y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local