Qué pasa cuando el Gobierno tiene a la oposición dentro

Programa, intenciones y formas de PSOE y Podemos son muy distintos,

a veces excluyentes, y un Consejo mixto sería un conflicto paralizante

Qué pasa cuando el Gobierno tiene a la oposición dentro

El Gobierno de coalición que el presidente Pedro Sánchez pondrá en marcha si logra un pacto de gobernabilidad y reparto de poder con Unidas Podemos, ahora o a lo largo del verano, llevará el honor de haber sido el primero de esta naturaleza en la historia de la democracia española, pero tendrá infinitas limitaciones en su desempeño y difícilmente soportará el desgaste de una legislatura completa. Esa es la enseñanza básica que proporcionan los ejemplos que a nivel autonómico se han ensayado en el pasado y la luz que arrojan las profundas diferencias que en cuestiones de Estado tienen los dos partidos nacionales de izquierda, que aflorarán por ley natural, y que lo harán con intensidad conociendo el proceder habitual de los líderes de PSOE y de Podemos.

La cuestión más complicada de superar es la diferencia abismal que existe entre PSOE y Podemos en materias de Estado, y que el presidente en funciones ha esgrimido, con buen criterio, para justificar la necesidad de hacer un Gobierno monocolor y excluir a Podemos del Consejo de Ministros. Por placentera que sea la legislatura, el Consejo tendrá que tomar decisiones graves que afectan a cuestiones en las que no cabe la frivolidad ni la discrepancia pública, porque ambas debilidades serán aprovechadas en el debate político para desgastar al Ejecutivo, e incluso para erosionar la posición del Gobierno y del Estado en asuntos determinantes internos y externos.

El debate territorial, durmiente ahora pero abierto en canal a todos los efectos, irrumpirá en Moncloa por acontecimientos tan inevitables como la sentencia que el Supremo dictará acerca del procès en el otoño, y sobre cuya interpretación, consecuencias y gestión los socialistas y los podemitas tienen opiniones bien diferentes; no distintas, sino excluyentes. Pero sin ir tan lejos (aunque hasta allí habrá que llegar en todo caso), solo un intento político de resolver el conflicto secesionista catalán por vía dialogada, si tal cosa fuere posible, generaría un choque evidente entre PSOE y Podemos: si el PSOE apuesta por el diálogo, sabe que tiene que poner diques insalvables, como el obligado a un referéndum de autodeterminación, no reconocido constitucionalmente; o, más simple todavía, una extensión de la plena autonomía fiscal vasca a Cataluña, que el ideario socialista no puede aceptar sin quebrar sus cuadernas centenarias porque quiebra definitivamente la solidaridad presupuestaria con el resto de regiones, todas ellas (salvo Madrid y Baleares) más pobres, más dependientes. Ambos escenarios permitirían a Podemos aplicar uno de los fundamentos que sustenta y practica orgánicamente su partido, cual es la libertad de los pueblos para tomar decisiones autónomas.

Tomar decisiones acerca de intervenciones en conflictos internacionales de forma sindicada en Europa o en la OTAN, como ha ocurrido en el pasado reciente, pondrá también ante un espejo deformante a un partido que ya ha gestionado tales asuntos (con diferente ánimo, según quién fuera su presidente), y otro que siempre está abiertamente alineado con los adversarios de Europa o de la OTAN. Ejemplos hay varios, pero, sin llegar a la intervención, quédense con Venezuela.

En cuestiones de política europea las diferencias son las que median entre un partido integrado en las instituciones comunitarias y uno que ha practicado, al menos hasta ahora, el populismo antisistema de forma militante, y que ha planteado ejecutar cuestiones que atentan contra la opinión general de los socios europeos, como el impago de la deuda pública, la condonación de la privada a las familias o la nacionalización de la banca. Lógicamente, una cosa es la literatura y otra bien distinta las matemáticas, como ha aprendido Alexis Tsipras en Grecia en cuatro años.

Iglesias ha admitido, cierto es, no tocar poder en Defensa, Exteriores, Interior o Justicia; pero no concibe vetos en Hacienda, Energía, Igualdad o Trabajo. Si tuviere la responsabilidad en tales materias, y llevase adelante lo que prometió a sus votantes, sometería a la consideración del Consejo subidas severas de impuestos a las grandes empresas, la banca y las rentas elevadas, porque de alguna forma habría que financiar un incremento del gasto público no inferior a los 60.000 millones de euros que planeaba. Plantearía Podemos también una nacionalización inmediata de las compañías eléctricas, y en materia de empleo aplicaría un sistema de contratación de hierro y trabajaría por una equiparación salarial empujando por abajo y por arriba, algo que va en contra de la lógica y que las empresas, y buena parte de sus plantillas, no están dispuestas a aceptar.

Estos son algunos ejemplos de asuntos en los que el choque sería total, sin obviar las diferencias abismales sobre la forma de Estado (¿monarquía o república?) que no ha mucho estuvo en el debate público agitado precisamente por la soldadesca de Podemos. Pero no hay que olvidar que el Consejo de Ministros no funciona como un grupo de personas que santifica cada una de las propuestas de sus miembros, tengan o no coherencia unas con otras. El Consejo tiene responsabilidad colegiada sobre sus decisiones, pero las determinaciones últimas las toma el presidente, y por ello es él quien designa a los ministros y los cesa, y tiene toda la lógica del mundo que los designe entre personas de probada competencia y lealtad a su institución, que es la única ejecutiva investida por el Parlamento.

El Consejo de Ministros es un órgano colegiado de discusión, de deliberación; pero no exactamente de decisión. Cuenta Alfonso Guerra que en una de las primeras reuniones del primer Gobierno de Felipe González, uno de los ministros preguntó, ingenuo, que “aquí, ¿cuándo se vota?”, a lo que el vicepresidente contestó: “Aquí no se vota; aquí usted opina si le preguntan, pero las decisiones las toma ese señor”.

Vistos los programas, vistas las intenciones, vistos los comportamientos de unos y otros, parece evidente que un Gobierno del PSOE y Unidas Podemos sería un Ejecutivo que tendría dentro la oposición, y que su desempeño sería paralizante para las cuestiones capitales, y lo haría superficial si se limitasen a gobernar solo sobre lo que se está de acuerdo. Un Gobierno tiene que enfrentarse cada semana a lo que quiere, pero también a lo que viene, aunque no quiera.

El Gobierno tripartito que gobernó Cataluña en los primeros años de este siglo, con PSC, ERC y ICV, era el claro ejemplo de Gobierno y oposición en la misma institución, en la que cada cual actuaba según su función, y en la que, tras cada reunión, el Gobierno informaba de sus decisiones, y la oposición, de las suyas.

Cuesta imaginar que ocurra tal cosa en el Gobierno de España; pero cuesta imaginar lo contrario si el Podemos de Pablo Iglesias tiene competencias serias en el Consejo. Hay que recordar que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas y que todos sus miembros están obligados a guardar confidencialidad sobre lo que allí se resuelve. La tentación de Podemos de rentabilizar su participación en la gobernabilidad estaría limitada, porque Pablo Iglesias estaría obligado a la discreción absoluta. Pero qué ocurriría si la persona con más poder de la izquierda radical en el Consejo es Irene Montero. También estaría obligada al secreto; pero ¿se resignaría a tan obligado juramento quien sin estar dentro, tendría tanta información como si no estuviera fuera?

Si Pedro Sánchez mantiene su idea, no habrá investidura ahora, y sí elecciones. Y si cede para demostrar que un Gobierno no puede tener a la oposición dentro, elecciones a media legislatura.

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